En un intento por transmitir confianza a los ciudadanos ante las noticias apocalípticas que llegan de Japón, el Gobierno anunció ayer que revisará los sistemas de seguridad de las ocho centrales nucleares existentes en España y elaborará, además, sendos estudios de riesgo sísmico y de inundaciones en dichas instalaciones. No está de más, por supuesto, que se realicen trabajos de esa índole, incluso sin esperar a que ocurran catástrofes que los justifiquen. Pero la decisión del Ejecutivo resulta claramente insuficiente si no va acompañada de otras actuaciones orientadas al cierre efectivo de las plantas nucleares a medida que se vaya extinguiendo el plazo para el que fueron diseñadas, como cabría esperar de un partido que llegó a la Moncloa con un claro compromiso por la energía alternativa.

La primera obligación del Gobierno es cerrar ya la central de Garoña (Burgos), dotada de un sistema de protección como los de Fukushima que ha sido objeto de críticas desde hace cuatro décadas. Garoña cumplió 40 años de actividad el pasado 2 de marzo, pero el Ejecutivo le ha permitido funcionar otros dos años, hasta 2013. Y la reciente aprobación de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible abre incluso el camino para alargar más la vida de esa y de las demás centrales. Hay que recordar además que, la víspera de la catástrofe japonesa, se aprobó extender de 30 a 40 años el plazo de otra central, Cofrentes. El Gobierno no puede escudarse más tiempo en argumentos técnicos discutibles, muchos de ellos interesados, para obrar en contra de sus compromisos. Poner fin a la aventura nuclear es, en esencia, una decisión política.