Elaborar un diccionario biográfico no es tarea sencilla, sobre todo en España, donde continúan abiertas las heridas de su historia más reciente. Y si el responsable de la obra es la Real Academia de la Historia, lo mínimo que cabe esperar es que el proyecto se acometa con el máximo rigor profesional, de modo que su resultado no ofenda la memoria de una parte considerable de la población. El Diccionario Biográfico Español incumple claramente esa exigencia: tal como ha venido revelando Público, algunas de las entradas más sensibles de la obra –muy en especial la relativa a Francisco Franco– constituyen una burda manipulación que trata con insultante benevolencia a la dictadura y no oculta su animadversión hacia los gobiernos republicanos de izquierdas, los cuales, con sus luces y sus sombras, encarnaban la legitimidad democrática. El Gobierno hace bien en instar a la Academia a que corrija esos desafueros, y lo más aconsejable es que se aplace la distribución de la obra hasta que haya sido sometida a una revisión cuidadosa, de modo que los dislates de algunos no estropeen un proyecto de más de 40.000 entradas en que han intervenido unos 5.000 historiadores (un elenco en el que, por cierto, se echan en falta ciertos autores de incuestionable reputación). El Gobierno puede, y debe, ser muy exigente con la calidad del Diccionario, ya que este se ha sufragado con casi seis millones de euros de las arcas públicas. A propósito, no sobraría una explicación sobre el modo en que la Academia distribuyó esa suma, si se considera que algunos autores apenas cobraron 50 euros por referencia biográfica.