La victoria arrolladora del PP en las elecciones del 22-M, lejos de imprimir a este partido un toque de moderación y sentido de Estado, parece haber activado en él los más bajos instintos políticos, como lo está demostrando con sus graves acusaciones sobre la situación económica en las autonomías y ayuntamientos hasta ahora gobernados por los socialistas. Que las cuentas públicas –incluidas las de la Administración central– están descuadradas no representa a estas alturas ninguna novedad y lo que se impone es abordar el problema con seriedad, sobre todo en un contexto en el que los especuladores internacionales están al acecho para lanzarse a degüello contra cualquier país que muestre vulnerabilidad. Pero si de algo carece el partido que se presenta como alternativa de gobierno en España es, precisamente, de seriedad. Con el objetivo mezquino de acelerar las elecciones generales y justificar futuras medidas de ajuste, el PP, con Rajoy en primera fila, no ha vacilado en poner en marcha una estrategia irresponsable, desleal e hipócrita. Irresponsable, porque las acusaciones no se basan en pruebas fehacientes. Desleal, porque la ofensiva, más que minar al Gobierno, lo que consigue es poner en entredicho la economía española en su conjunto, con el consiguiente riesgo que pueda suponer para la recuperación. E hipócrita, porque se da la circunstancia de que son las comunidades gobernadas por el PP las que vienen experimentando un mayor aumento del gasto. En volumen de deuda, resulta que Castilla-La Mancha es superada con creces por el modélico País Valencià. Todo esto lo sabe el PP. Pero el instinto le doblega la razón.