Desde que se anunció la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), los gobiernos central, autonómico y municipal se pusieron solícitos a disposición del papa para garantizar el buen desarrollo del evento. Lo que se intenta presentar como un acto elemental de cortesía pone, en realidad, de manifiesto el largo camino que falta por recorrer hacia el carácter aconfesional del Estado que consagra la Constitución. Las autoridades pueden apoyar –y de hecho lo hacen con frecuencia– festivales artísticos o lúdicos de distinta índole si entienden que dicha colaboración redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto. No es el caso de la JMJ, acontecimiento que se presenta en la página web oficial como "una iniciativa evangelizadora de la Iglesia", es decir, como una empresa de propaganda religiosa que, como mínimo, debería correr por completo con sus gastos.

El colmo de la pretendida hospitalidad es poner los institutos públicos de enseñanza al servicio de dicha empresa inequívocamente proselitista. La inmensa mayoría de los centros educativos han recibido instrucciones del Gobierno de Madrid, con la aquiescencia del Ejecutivo de Zapatero (otrora tan comprometido con el laicismo), para que funcionen como albergue para los cientos de miles de jóvenes que se esperan en agosto para el evento. Sobra recordar que esos institutos se sufragan con la aportación de los contribuyentes y que la utilización de los bienes públicos con fines distintos a los que están destinados no debería depender de las querencias religiosas de los políticos de turno.