Con independencia de cuál sea su desenlace judicial, el caso Gürtel pasará a la historia como paradigma de cinismo político y desprecio hacia los modos democráticos. El sumario del escándalo debería haber bastado al PP para apartar, al menos provisionalmente, de sus cargos a la cúpula del partido en Valencia hasta que se pronuncien los tribunales. Sin embargo, Rajoy no encontró ningún impedimento para que Francisco Camps aspirara a un nuevo mandato al frente de la Generalitat, pese a que, en su calidad de presidente del PP y del Gobierno valencianos, tenía una más que evidente responsabilidad política en la extensión de la trama corrupta en su comunidad. Además, ya estaba imputado por un delito de cohecho pasivo por haber recibido varios costosos trajes como regalo del cabecilla de la red. Camps ganó las elecciones e intentó convertir el triunfo en una absolución judicial. Pero el proceso ha seguido su curso y, a raíz de los más recientes acontecimientos, ha aumentado la posibilidad de que se convierta en el primer presidente autonómico de la democracia en sentarse en el banquillo. Su última maniobra de defensa constituye el colmo del descaro: alegar que, si acaso recibió los trajes de regalo (cosa que ha negado ante el Parlament y ante el juez), lo hizo en su calidad de líder del PP y no de president del Govern. Pretende así evitar que se le aplique el artículo 426 del Código Penal, que afecta a los "cargos públicos" que acepten regalos. Poco le importa que ello implique el reconocimiento de que había mentido y de que, en su código de valores, ser dirigente del PP sí le permitiría recibir obsequios de un corrupto. Y lo más grave es que tiene la bendición de Rajoy.