En una jornada digna de un sainete, Francisco Camps dimitió ayer de su cargo de president de la Generalitat. Con su ya proverbial cinismo, presentó su decisión como un sacrificio para no obstaculizar la carrera de Rajoy hacia la Moncloa. Una de las opciones que tenía Camps sobre la mesa consistía en que, sin abandonar el puesto, admitiera la comisión del delito de cohecho impropio por recibir trajes de regalo de la trama Gürtel y pagara la multa correspondiente, lo que lo libraría de someterse a un juicio público nada beneficioso para los intereses electorales de Rajoy. Tal maniobra le hubiera implicado a Camps reconocer que es un delincuente y, además, un mentiroso, ya que siempre ha asegurado que pagó los trajes de su bolsillo. El president optó finalmente por la dimisión, de modo que se sentará en el banquillo desde su nueva condición de diputado raso. La discusión sobre cuál fórmula convenía más a la estrategia de Rajoy resulta secundaria, por no decir banal, frente al problema de fondo: el pésimo ejemplo que el PP viene ofreciendo, en términos democráticos, con su conducta en el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción de la democracia. Durante dos años, incluso ayer mismo, Rajoy ha defendido a capa y espada a Camps, pese a su imputación penal y su indudable responsabilidad política en la extensión de la trama corrupta en su comunidad. Que desde la dirección del PP se quiera ahora presentar la dimisión del president como un éxito de Rajoy no deja de resultar moralmente cínico, ya que este desenlace ha venido forzado por un giro indeseado del proceso judicial y no por un súbito imperativo ético del líder conservador.