La perversión de un debate
Estos días se habla mucho de Sitel, un sistema sofisticado de interceptación de telecomunicaciones que la Policía y la Justicia están utilizando para perseguir la criminalidad. Resulta comprensible que cualquier ciudadano celoso de sus derechos se inquiete al enterarse de la existencia de este ingenio capaz de ejercer un control mucho más eficaz y extenso que los ya pleistocénicos pinchazos telefónicos. Y lo esperable es que se abra un debate político serio y sosegado para garantizar al máximo posible la protección de la intimidad frente a ese y otros artefactos de alta tecnología que aparezcan en el futuro.
El problema surge cuando algunos intentan pervertir el debate en beneficio de sus propios intereses. Sitel, acrónimo de Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones, fue adquirido por el Gobierno del PP; en concreto, por su entonces vicepresidente y hoy líder del partido, Mariano Rajoy. Los conservadores sostienen que, bajo su mandato, nunca se llegó a utilizar el sistema, por problemas técnicos y porque existían dudas sobre su cobertura jurídica. Fuentes policiales sostienen que sí se utilizó en alguna ocasión. Sea como fuere, su uso comenzó hacerse habitual tras la llegada de Zapatero a la Moncloa, hasta que Rajoy, la misma persona que firmó la adquisición del dispositivo, denunció de repente su “inconstitucionalidad”. Afirmación que desde entonces no han cesado de difundir el PP y sus medios afines, pese a que existen al menos ocho sentencias del Tribunal Supremo que avalan la utilización de Sitel, siempre que se haga según los procedimientos legales vigentes respecto a la obtención y la protección de los datos privados.
¿A qué obedece el repentino celo del PP y sus medios amigos frente a Sitel, al que se esfuerzan por presentar como una ramificación diabólica del “Gran Hermano”? La respuesta es muy simple: lo que busca la derecha no es abrir una polémica de fondo sobre los derechos de los ciudadanos (lo pudo haber hecho en los últimos cinco años), sino apuntalar su campaña, nunca sustentada con pruebas, de que el Gobierno socialista ha instaurado en España un Estado policial, en el que ellos, los conservadores, son las grandes víctimas. ¿Y adivinan qué se encuentra en el fondo de esa campaña? En efecto: el caso Gürtel. No en vano Francisco Camps ya ha avisado de que pedirá la nulidad del escándalo si en las escuchas se utilizó el sistema Sitel. Eso es lo que llamábamos al comienzo la perversión de un debate necesario.
