El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Gobierno impulsará una ley para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo presupuestado. No ofreció el ministro detalles sobre la iniciativa; por ejemplo, si se aplicará a cualquier desfase presupuestario, aunque sea provocado por circunstancias excepcionales, o si se circunscribirá a conductas claramente irregulares, como la aprobación de nuevos contratos sin la correspondiente dotación contable. A falta de más información, lo que puede afirmarse sin lugar a dudas es que la medida encaja en la tendencia del PP –tanto en la oposición como, ahora, en el Gobierno– a intentar sortear los problemas mediante el endurecimiento de las leyes, quizá desde la convicción de que la sociedad, o una parte importante de ella, ve con simpatía las exhibiciones de firmeza de sus gobernantes. Resulta cuanto menos llamativo que, en estos momentos, los mayores desfases presupuestarios se encuentren en las comunidades autónomas, la inmensa mayoría de ellas bajo control del PP desde mayo pasado. Es más: dos de las comunidades campeonas en gestión irresponsable –País Valencià y Murcia– llevan muchos años gobernadas por los conservadores, y la dirección nacional del partido, lejos de exigirles responsabilidad, las ha presentado como paradigmas de eficacia administrativa. A propósito, ¿por qué mientras el Ejecutivo prepara la nueva ley punitiva contra los malos gestores públicos, Rajoy no predica con el ejemplo y castiga, dentro de su partido, a tantos (presuntos) despilfarradores y malversadores, como el "ciudadano ejemplar" Carlos Fabra?