Hace poco más de un año, cuando la crisis económica empezaba a mostrar su ferocidad, Sarkozy planteó la necesidad de refundar el capitalismo. ¿Quién habla de eso ahora? Los “expertos financieros” han vuelto a sus andadas, impartiendo lecciones y emitiendo dictámenes sobre la salud económica de los países. Varios de ellos pusieron a España en la picota en el reciente Foro de Davos, tras lo cual Zapatero, en parte urgido por enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados, anunció una revisión del sistema de pensiones y un plan de contención del gasto público.
Resulta elocuente que los anuncios hayan sido aplaudidos por la patronal y, con más tibieza formal, por el PP. Por el contrario, los sindicatos presagian “problemas” con el Ejecutivo y el líder de IU considera que la reforma del modelo de pensiones sería motivo de una huelga general. La posición de Zapatero no puede ser más incómoda, pues sus aliados políticos y sindicales difícilmente aceptarán que la salida de la crisis, que ya están pagando los ciudadanos de a pie con ingentes ayudas al sector financiero y un aumento intolerable del paro, pase, además, por recortes del Estado del bienestar.
Pese al ruido generado, el debate de las pensiones tiene un horizonte de largo plazo y, por tanto, no tendrá consecuencias económicas y políticas inmediatas. Cosa distinta es la reacción social que provoquen las anunciadas subidas impositivas y los previstos recortes del gasto, con los que Zapatero pretende contener el creciente déficit. A esos elementos se suman las presiones crecientes de la derecha para que reforme el mercado laboral y el efecto arrastre que pueda tener en España la recuperación de los países más poderosos. En estos terrenos se jugarán la lucha contra la crisis y el futuro político de Zapatero.
Hay que admitirlo: la especie humana es un desastre. Alardeamos de que nuestra capacidad de raciocinio nos hace superiores a las bestias, pero cómo nos cuesta aprender de los errores para no tropezar en las mismas piedras. Estamos aún metidos hasta el pescuezo en la peor crisis económica de los últimos 70 años, y ya comienza a resucitar con vigor y sin complejos el discurso liberal que desencadenó el colapso. Los líderes de los países más ricos anuncian “brotes verdes” y manifiestan su confianza en que pronto se recuperará la “senda del crecimiento”. Las mismas tres agencias estadounidenses de calificación que loaban a Lehman Brothers en vísperas de su derrumbe han vuelto a dictar, como si nada, sentencias sobre la salud económica de países y compañías, y lo peor es que sus dictámenes son atendidos: España perdió recientemente diez millones de dólares en una emisión de deuda porque Standard & Poor’s le rebajó su calificación. Aquella “refundación del capitalismo” de la que habló Nicolas Sarkozy, nada sospechoso de antisistema, ha quedado en poco más que medidas cosméticas.
Esta tendencia se nota especialmente en las relaciones internacionales. Los países ricos continúan utilizando el concepto de “ayuda” a los pobres, cuando es hora de adoptar una nueva mirada. En la actualidad, los 23 países que integran el Comité de Asistencia al Desarrollo aportan al Tercer Mundo ayudas por un monto global de 72.000 millones de euros, por vías directas o multilaterales. La suma apenas supone el 0,35% del PIB de los ocho países más ricos del mundo y es diez veces menor que el plan de rescate a la banca en EEUU. Lo que el mundo reclama hoy no son limosnas, sino la creación de mecanismos serios de redistribución de la riqueza, que pasan por el establecimiento de un gravamen sustancioso a los movimientos internacionales de capital y la reconversión ideológica y estructural del FMI, al que el G-20 ha triplicado sus fondos.
Ahora, con la amenaza del cambio climático, los países ricos han acordado crear, en un plazo de diez años, un fondo anual de 100.000 millones de dólares (69.832 millones de euros) para “ayudar” a los pobres a impulsar medidas contra el calentamiento global. Una ridiculez. Mario Vargas Llosa, a quien no se podrá acusar de izquierdista, propuso ya hace tiempo la creación de un cuantioso impuesto mundial para proteger la Amazonía. De eso se trata, precisamente: de que los ricos no “ayuden”, sino que empiecen a “pagar” para salvar el barco en el que ellos también viajan.
Sólo como una exhibición de cinismo político se pueden juzgar las declaraciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ayer afirmó que la inconstitucionalidad de determinados artículos del Estatuto de Catalunya podría ser extrapolable a artículos semejantes de otros estatutos autonómicos. El dirigente conservador pretende trasladar ahora al Tribunal Constitucional la responsabilidad sobre el desaguisado montado por su propio partido, que no vaciló en aprobar cinco estatutos que contienen un total de 119 artículos idénticos o similares a otros tantos que impugnó en el Estatut.
Lo más sorprendente –si cabe– de las palabras de González Pons es que, para justificar esta flagrante contradicción del PP, argumentó que los cinco estatutos en cuestión –Andalucía, Comunidad valenciana, Illes balears, Aragón y Castilla-La Mancha– se promovieron mediante consenso entre los dos partidos mayoritarios, cosa que no ocurrió en el caso catalán. Si el argumento se estira un poco, podría colegirse que cualquier iniciativa puede sacarse adelante sin entrar a valorar su posible inconstitucionalidad siempre que cuente con el consenso del PP.
González Pons no aclaró de qué manera se produciría la extrapolación a otros estatutos de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, máxime cuando expertos constitucionalistas coinciden en que el fallo sobre una ley no se puede aplicar de manera automática a otras leyes. ¿Impugnará entonces el PP los cinco estatutos que con tanto entusiasmo apoyó para demostrar las virtudes del “consenso”? El principal partido de la oposición se enfrenta a sus propias incongruencias, y en su intento por librarse suma ahora un nuevo asalto al Constitucional.
Reza un viejo refrán que “árbol que se siembra torcido, crece torcido”. Es lo que ha sucedido con la reforma legal que promueve el Gobierno para evitar la vulneración de la propiedad intelectual en Internet. El Ejecutivo ha errado en las formas, al introducir subrepticiamente la iniciativa, sin mayor debate, dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible. En cuanto al fondo, el texto original plantea algo inquietante: que una comisión pueda cerrar, sin mediación judicial, una página web que enlace a contenidos sujetos a copyright.
Tras la airada reacción de miles de cibernautas, Zapatero, en una rotunda desautorización a su ministra de Cultura, afirmó ayer que “no se va a cerrar nada” y que se retocará cuanto sea menester del proyecto legal para garantizar la libertad de expresión. En este clima de confusión, habrá que ver qué se saca ahora de la manga el Ejecutivo, porque lo que no se puede soslayar es que la conculcación de los derechos de autor constituye un problema real y creciente. Derechos que, en contra de lo que sostienen algunos internautas, no tienen por qué reñir con el derecho a la información y con la libertad de expresión. Cabe esperar que el texto definitivo sea fruto de una reflexión seria, en la que, además de a conspicuos blogueros, se escuche a expertos en las diversas disciplinas que confluyen en este espinoso tema.
La derecha política, la jerarquía eclesiástica, las asociones autodenominadas provida y los medios de comunicación conservadores se encuentran en pie de guerra contra la reforma de la Ley del Aborto. Exigen respeto a sus posiciones, pero, al mismo tiempo –y como suelen hacer en los debates públicos–, insultan sin misericordia al adversario, tachándolo de criminal si es menester. Es lo que acaba de hacer el flamante obispo de San Sebastián, Ignacio Munilla, con su acusación incendiaria de que “la izquierda defiende la matanza de inocentes”.
Por más que monseñor Munilla intente vendarse los ojos, el aborto es una realidad tozuda: en España se producen cerca de 100.000 cada año. La responsabilidad del gobernante es afrontar el fenómeno, no ignorarlo: ello explica que todos los países modernos dispongan de legislaciones que consagran el aborto como derecho (como pretende hacer Zapatero) o lo despenalizan en determinados supuestos (como establece la vigente ley de 1985).
El debate ha alcanzado tal grado de exaltación que obliga a recordar una obviedad: ni la ley actual ni su reforma obligan a nadie a abortar, sino que lo dejan como una opción para la mujer. En ese contexto, nadie impide que la Iglesia traslade a la sociedad sus argumentos en contra del aborto. Incluso está en su derecho de retirar la comunión a los parlamentarios que voten en favor de la reforma legal –pese a que el Papa no vaciló en darla a los dictadores más sanguinarios de América Latina, esos sí asesinos de inocentes–. Allá la Iglesia y sus contradicciones; allá la jerarquía eclesiástica y su relación con los fieles.
En este momento del debate es preciso, sin embargo, dejar algunas cosas claras. Primero: los partidarios de la reforma de la ley no son unos siniestros amigos de la muerte, sino defensores de un derecho –siempre difícil, a veces traumático– de decisión. Segundo: la ley no riñe con políticas de apoyo a la natalidad, como lo demuestran las ayudas promovidas por el Gobierno. Tercero: tal como lo ha subrayado el eminente biólogo Scott F. Gilbert, la ciencia carece de una posición unánime sobre el comienzo de la vida humana; en los extremos están quienes lo sitúan en el instante de la fecundación (visión genética) y quienes lo remiten al momento en que el ser adquiere su propio sistema circulatorio, respiratorio y alimentario, esto es, cuando se corta el cordón umbilical (visión fisiológica integrada). Cuarto: la democracia es un sistema que otorga a la mayoría el poder de decisión y, a la minoría, el derecho de protección. Una Ley del Aborto no vulnera bajo ningún aspecto este último derecho.
Estos días se habla mucho de Sitel, un sistema sofisticado de interceptación de telecomunicaciones que la Policía y la Justicia están utilizando para perseguir la criminalidad. Resulta comprensible que cualquier ciudadano celoso de sus derechos se inquiete al enterarse de la existencia de este ingenio capaz de ejercer un control mucho más eficaz y extenso que los ya pleistocénicos pinchazos telefónicos. Y lo esperable es que se abra un debate político serio y sosegado para garantizar al máximo posible la protección de la intimidad frente a ese y otros artefactos de alta tecnología que aparezcan en el futuro.
El problema surge cuando algunos intentan pervertir el debate en beneficio de sus propios intereses. Sitel, acrónimo de Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones, fue adquirido por el Gobierno del PP; en concreto, por su entonces vicepresidente y hoy líder del partido, Mariano Rajoy. Los conservadores sostienen que, bajo su mandato, nunca se llegó a utilizar el sistema, por problemas técnicos y porque existían dudas sobre su cobertura jurídica. Fuentes policiales sostienen que sí se utilizó en alguna ocasión. Sea como fuere, su uso comenzó hacerse habitual tras la llegada de Zapatero a la Moncloa, hasta que Rajoy, la misma persona que firmó la adquisición del dispositivo, denunció de repente su “inconstitucionalidad”. Afirmación que desde entonces no han cesado de difundir el PP y sus medios afines, pese a que existen al menos ocho sentencias del Tribunal Supremo que avalan la utilización de Sitel, siempre que se haga según los procedimientos legales vigentes respecto a la obtención y la protección de los datos privados.
¿A qué obedece el repentino celo del PP y sus medios amigos frente a Sitel, al que se esfuerzan por presentar como una ramificación diabólica del “Gran Hermano”? La respuesta es muy simple: lo que busca la derecha no es abrir una polémica de fondo sobre los derechos de los ciudadanos (lo pudo haber hecho en los últimos cinco años), sino apuntalar su campaña, nunca sustentada con pruebas, de que el Gobierno socialista ha instaurado en España un Estado policial, en el que ellos, los conservadores, son las grandes víctimas. ¿Y adivinan qué se encuentra en el fondo de esa campaña? En efecto: el caso Gürtel. No en vano Francisco Camps ya ha avisado de que pedirá la nulidad del escándalo si en las escuchas se utilizó el sistema Sitel. Eso es lo que llamábamos al comienzo la perversión de un debate necesario.
El secuestro del Alakrana entró ayer en una fase mucho más compleja si cabe: los secuestradores han amenazado con asesinar rehenes si España no libera, en un plazo de tres días, a los dos piratas apresados a comienzos de octubre y que están a disposición de la Audiencia Nacional. Para aumentar la presión, los secuestradores permitieron a algunos marineros comunicarse con sus familiares en España con el fin de que les trasladasen el dramatismo de su situación.
Los conocedores de este tipo de delincuencia coinciden en que la salida de menor riesgo es negociar, y cabe imaginar que el Gobierno está ofreciendo sus buenos oficios para este proceso. Queda esperar que la amenaza de los piratas se quede en eso, en una amenaza, que habría que interpretar no sólo como un pulso para que España libere a sus dos compinches –con todas las dificultades judiciales que implica– sino como un alarde de violencia para aumentar el precio del rescate de los 36 rehenes.
Que los familiares de los marineros se quejen contra el Gobierno, dada su desesperación. No se puede decir lo mismo del PP, que insiste en sacar rédito político del drama acusando al Ejecutivo de tomar “decisiones equivocadas”. El Ejecutivo se enfrenta a una difícil prueba, sin duda. Por más que asegure, con motivos, que no tiene la culpa del secuestro, ya que el Alakrana se salió del dispositivo europeo de protección Atalanta.
Cuando se siguen los acontecimientos en el PP, da la impresión de que estamos ante un partido en diferido. Todo parece suceder con retraso con respecto al tiempo real. Ahora resulta que el Comité de Derechos y Garantías del PP decide apartar cautelarmente a Ricardo Costa de su cargo de secretario general del PP valenciano, cuando creíamos haber entendido que ya había tenido lugar esa sanción. Si el PP actuara en tiempo real, la noticia en estos momentos debía ser que Francisco Camps, jefe de Costa, es apartado de su cargo de presidente del partido en Valencia. Pero aún no llega la señal.
El responsable de este desajuste cronológico no es otro que Mariano Rajoy. El líder nacional de los conservadores prefiere denominar “paciencia” a ese desajuste. Alega que la paciencia es una de las principales virtudes que hay que tener en la política. Pero, eso sí, añade que “Santo Job sólo hay uno”, dando a entender que se le acabó su ración particular de aguante, y anuncia que el martes va a poner la casa en orden tras los últimos episodios del sainete del PP.
En la agenda está la batalla por Caja Madrid, y las declaraciones del vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, en las que arremetía con inusual dureza contra Esperanza Aguirre y por las cuales la presidenta de la Comunidad ha exigido sanciones contra el brazo derecho del alcalde Gallardón.
El Job bíblico era un hombre cabal, que fue sometido por el Demonio a una serie de terribles adversidades con el fin de medir su resistencia y su fe. Pese a perder a sus hijos y propiedades y ser quejado de lepra, no renegó de Dios, pero sí le dirigió unas duras imprecaciones porque consideraba que no merecía tantas desgracias. Al final, Dios lo reprendió por haber dudado, pero lo perdonó y lo colmó de felicidad. ¿Podrá Rajoy recuperar la alegría, con los dos graneros de votos del PP convertidos en sendos campos de batalla y, sobre todo, con Aznar arengando con que el partido “necesita un líder, no varios”? Difícil. La autoridad del líder del PP se encuentra mucho más minada de lo que estaba la fe del Santo Job.
Al contrario de lo que le sucede a Francisco Camps, que no encuentra la palabra para describir su hermosa relación con el magistrado De la Rúa, el diccionario contiene un vocablo muy preciso, bisílabo y sonoro para definir lo que ocurre en el PP. Guerra. A juzgar por lo que se ha visto en las últimas 24 horas, estamos ante una conflagración de alta intensidad, no una de esas escaramuzas salpicadas de sonrisas a las que nos han tenido acostumbrados hasta ahora Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.
Las guerras suelen tener un detonante, como lo fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en el caso de la Primera Guerra Mundial. En este caso es la lucha por el control de Caja Madrid. Pero el telón de fondo es el pulso por el control del PP. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha pedido a los suyos que laven los trapos en casa. Pero ya es demasiado tarde para que esas apelaciones surtan efecto: el número dos de Gallardón, Manuel Cobo, ataca a Aguirre; la presidenta reacciona con virulencia y mantiene su apuesta por Ignacio González para presidir Caja Madrid… Al mismo tiempo, Ricardo Costa sigue de secretario general del PP valenciano pese a que la dirección nacional lo daba por destituido. La caja de Pandora se ha abierto, soltando todos los demonios a la cara de Rajoy.
Con frecuencia leo o escucho la aseveración de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, si optase a un tercer mandato, estaría “siguiendo la estela” del venezolano Hugo Chávez y otros mandatarios latinoamericanos de izquierdas que “pretenden perpetuarse en el poder”. Este artículo no pretende teorizar sobre las bondades o inconvenientes de la reelección presidencial, sino recordar cómo empezó la reciente avalancha de reformas constitucionales que han abierto la puerta a la reelección en América Latina. Vaya por delante la conclusión: el proceso no lo iniciaron los peligrosos rojos, sino políticos del establishment que han recibido desde los centros de poder y desde la mayoría de los medios de comunicación el certificado de demócratas intachables.
La espita la abrió Alberto Fujimori, al que muchos aclamaron en su día como el líder que necesitaba América Latina por su supuesta eficacia administrativa y su mano dura contra el terrorismo. En 1990 llegó a la presidencia. En 1993, dos años antes de que expirara su mandato y previa abolición del Congreso, impuso una reforma constitucional que facultó la reelección. Se presentó en 1995, y ganó. Volvió a postularse en 2000, con el argumento de que era su primer intento de reelección tras la reforma constitucional, y volvió a ganar. Al año siguiente huyó del país en medio de gravísimas acusaciones de violaciones de derechos humanos y corrupción. Hoy paga en su país una condena de 27 años de prisión.
Carlos Saúl Menem fue elegido en 1989 presidente de Argentina para un sexenio. Un año antes de finalizar su periodo promovió un cambio constitucional que limitó los mandatos a cuatro años, pero que permitió la reelección. En 1995 se presentó como candidato y ganó, con lo que consiguió permanecer una década en la Casa Rosada. Mimado por Washington, Menem sembró los polvos de los que surgirían los lodos de la economía argentina. Terminó envuelto en escándalos de venta ilegal de armas, recepción de sobornos y depósitos ilegales de dinero en el exterior.
En 2002 llegó Uribe a la presidencia de Colombia. En 2005 logró, en medio de un escándalo de supuestos pagos de sobornos, una reforma constitucional que le permitió al año siguiente ser reelegido por un cuatrienio más. Ahora sus seguidores promueven una nueva reforma que le permita aspirar a un nuevo periodo. El mandato de Uribe se está viendo sacudido por escándalos de violaciones de derechos humanos y corrupción. Las reformas de Chávez, Correa, Morales y Ortega vinieron después.
