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Dos acciones contra la estrategia del silencio

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El acuerdo político para cerrar mediante el silencio y el olvido el capítulo más tenebroso de la historia reciente de España –el franquismo– apenas puede sostenerse moralmente después de casi 35 años de vigencia. Así lo atestigua la indignación que ha provocado a muchas personas, dentro y fuera de España, la pretensión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Garzón como resultado de una querella por prevaricación interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha.

Esa indignación pasará esta semana de la palabra a los hechos, mediante dos iniciativas judiciales que adelanta hoy Público. Por una parte, una asociación de la memoria de Argentina interpondrá una querella en un tribunal de ese país por un asesinato cometido en España por las fuerzas franquistas. La asociación invocará el acuerdo de justicia universal para genocidio y crímenes contra la humanidad, al que Argentina está suscrito en su literalidad (y que fue retocado a la baja por el Congreso español con los votos del PSOE y el PP). La querella pide investigar las responsabilidades penales desde el 18 de julio de 1936 (comienzo de la sublevación de Franco) hasta el 15 de diciembre de 1977, con lo que, de prosperar, más de un miembro destacado del régimen aún vivo podría verse en aprietos.

Por otra parte, dos asociaciones de la memoria españolas presentarán el lunes una querella por prevaricación contra el magistrado del Supremo, Luciano Varela, que imputó a Garzón ese mismo delito por intentar investigar los crímenes del franquismo. El alto tribunal, que tanta diligencia ha demostrado para admitir a trámite querellas contra Garzón –incluso de asociaciones ultras–, tendrá que justificarse con argumentos muy sólidos en caso de que decida denegar esta iniciativa judicial de las víctimas.

Un caso para la historia universal de la infamia

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En unos hechos que pasarán a la historia universal de la infamia, un magistrado del Supremo, Luciano Varela, pide sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por haber intentado abrir una causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado considera que Garzón cometió prevaricación y, para que no queden dudas sobre la gravedad de la ‘ofensa’, tipifica el delito en su vertiente más severa (artículo 446.3 del Código Penal), que supondría la inhabilitación del juez por 12 a 20 años, en lugar de aplicar el artículo 447, de “imprudencia grave”, que reduce el castigo a entre dos y seis años.
El verdadero delito de Garzón fue intentar desanudar el legado franquista del “atado y bien atado”, para lo cual utilizó todos los recursos y plazos jurídicos a su alcance hasta que, atendiendo las órdenes de la Audiencia, se inhibió de la causa y remitió el expediente a los juzgados ordinarios concernidos. Con posterioridad, dos organizaciones de ultraderecha promovieron contra el juez la querella que ahora amenaza con hundir su carrera. Y esto sucede mientras la Falange, uno de los acusadores, continúa montando con total impunidad actos de enaltecimiento de la dictadura.

El auto del magistrado Varela constituye una advertencia tajante a todo juez que pretenda husmear en los crímenes del franquismo: en la España del siglo XXI existen aún líneas rojas que no se pueden cruzar. Alemania pudo juzgar el nazismo porque Hitler perdió la guerra. En España, Franco ganó, mandó durante casi cuatro décadas y, por lo visto, continúa victorioso 35 años después de su muerte. Una ley preconstitucional de aministía aún funciona como muro contra la verdad y la justicia. Algo falla en una democracia donde cabe semejante afrenta y humillación.