Hace nueve meses, este periódico desató una intensa polémica intelectual al divulgar el contenido del Diccionario Biográfico Español, obra recorrida por un insultante tufo reaccionario que la Real Academia de la Historia pretende presentar como la cumbre de la historiografía moderna. La airada contestación de historiadores, asociaciones de memoria y víctimas del franquismo llevó el debate al Congreso, que, con el voto en contra del PP, pidió retirar las subvenciones aún pendientes a la enciclopedia (se han publicado 25 de los 50 tomos previstos) hasta que se proceda a su revisión. La Academia creó una comisión para acometer ese trabajo, pero la dimisión de su primer presidente, el muy respetado Miguel Artola, hace temer que esa revisión, si es que se produce, se verá reducida a la mínima expresión. La llegada del PP al poder, con una mayoría aplastante en el Parlamento, no aumentará precisamente la presión sobre la Academia, que inició este proyecto bajo los auspicios del Gobierno de Aznar y que, por cierto, dedica al expresidente una muy elogiosa entrada. En este escenario sombrío, reconforta saber que una treintena de prestigiosos historiadores (Fontana, Preston, Casanova, Viñas, Elorza, Ledesma, etc.) acaba de concluir una obra sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, que incluye un particular diccionario biográfico sin burdas tergiversaciones o manipulaciones ideológicas. El volumen se presentará el 23 de abril bajo el muy elocuente título En el combate por la Historia. Porque de eso se trata: de una lucha contra el revisionismo descarado que pretende imponer, con el dinero de los contribuyentes, una Academia con olor a naftalina.
Dos días después de que la CEOE reclamara una “revisión” del derecho de huelga, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo está dispuesto a acometer la tarea, para lo que contará con la inestimable ayuda de CiU. La máquina está, pues, engrasada para socavar el principal mecanismo de protesta con que cuentan los trabajadores, después de que la reforma laboral aprobada hace una semana dejara a estos en una situación extrema de indefensión e inseguridad ante los empresarios. Aunque aún están por conocerse en detalle los planes del Gobierno, no resulta arriesgado pronosticar que el objetivo de la famosa “revisión” no es ampliar el derecho de huelga, sino restringirlo, o desnaturalizarlo mediante una imposición arbitraria de servicios mínimos que reduzcan el impacto de la protesta, como ya se ha ensayado en Madrid.
A dos días de las primeras movilizaciones convocadas por UGT y CCOO contra la reforma laboral, Sáenz de Santamaría aprovechó además su habitual comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros para intentar desacreditar a los sindicatos, contraponiendo sus intereses al de los cinco millones de parados y vertiendo dudas sobre la autoridad moral de sus dirigentes al reclamarles que desvelen sus ingresos. Una petición que no es en sí misma reprobable, pero que resulta cuanto menos oportunista al producirse en vísperas de las manifestaciones, y, sobre todo, cínica, si se considera que el partido al que representa se niega a revelar los ingresos de sus propios dirigentes.
Si aún quedaba alguna duda sobre quiénes son los grandes beneficiarios de la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno, la plana mayor de la patronal la disipó por completo en la conferencia de prensa casi festiva que ofreció ayer al término de su junta directiva. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, no sólo aplaudió con entusiasmo lo que constituye el mayor hachazo a los derechos de los trabajadores en democracia, sino que, libre ya de innecesarios simulacros de moderación, exigió la urgente revisión del derecho de huelga con el evidente propósito de reducir ese derecho constitucional a su mínima expresión. Con esta petición, la patronal pretende cerrar con broche de oro una reforma que, salvo rectificaciones en el trámite parlamentario, deja al trabajador en una situación extrema de indefensión e inseguridad.
Lo más grave es que, en contra de lo que han difundido los poderes económicos, la reforma laboral no era urgente para salir de la crisis. Por supuesto que la actual legislación es mejorable, pero en un sentido muy diferente al que se ha dado y con más tiempo de maduración. Aquí lo que se ha hecho es aprovechar el estado de conmoción y miedo de los ciudadanos para eliminar viejas conquistas laborales. A la pregunta de si la reforma generará empleo, Rosell admitió que este sólo se creará “cuando los vientos sean favorables”. Obvio: el trabajo sólo volverá si soplan vientos propicios en la economía europea y mundial. Y eso se conseguirá con unas políticas radicalmente distintas a las que hoy impone la UE y con una reorientación del modelo productivo en España. El problema es que será un trabajo degradado por la reforma laboral.
El entusiasmo que ha desatado en Berlín, Bruselas e instituciones como la OCDE la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno de Rajoy constituye la constatación más nítida de la muy inquietante fractura que se está abriendo en Europa entre el poder económico-político y las clases trabajadoras. UGT y CCOO han expresado ya su rechazo frontal al decretazo y preparan un calendario de movilizaciones que con toda probabilidad desembocará en una huelga general. Ayer, además, anunciaron su disposición de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma. Los sindicatos seguramente sabrán que lo que está en juego no es un pulso coyuntural contra el Gobierno de turno por alguna medida polémica, sino un conflicto de fondo que determinará el futuro de las relaciones laborales y la propia existencia del sindicalismo. El reto al que se enfrentan las dos centrales es mayúsculo. No sólo por sus propias flaquezas –que las tienen–, sino, sobre todo, porque los grandes poderes financieros y sus intermediarios políticos se sienten más fuertes que nunca pese a ser los causantes de la crisis que tanto sufrimiento está produciendo entre los ciudadanos de a pie. En el colmo del cinismo, María Dolores de Cospedal alegó ayer que el PP es el “partido de los trabajadores”, cuando el Gobierno acaba de aprobar una reforma que consagra la precariedad laboral extrema y dejará al trabajador sometido al arbitrio del empresario. Mucho se habla estos días de Charles Dickens a causa del bicentenario de su nacimiento. Convendría, de paso, releer sus novelas para entender hasta dónde puede conducir la actual doctrina del shock si no se ataja a tiempo.
Siete magistrados del Supremo han sentenciado, por unanimidad, que Baltasar Garzón prevaricó al ordenar unas escuchas en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Se da la cruel ironía de que el juez que destapó el mayor escándalo de corrupción de la democracia es el primer condenado por el caso: 11 años de inhabilitación, que suponen en la práctica su expulsión de la carrera judicial. La prevaricación implica que el acusado obra “a sabiendas” de que su actuación es injusta, de modo que contiene un elemento de subjetividad. Por ello, los procesos por prevaricación en la judicatura son poco habituales y han de estar muy bien fundados, ya que, si se prodigaran arbitrariamente, magistrados y jueces evitarían adoptar decisiones molestas para el poder por temor a ser apartados de la carrera. Es más: en España se han producido cientos de órdenes de escuchas, muchas anuladas después por irregularidades, y ningún juez ha sido condenado por prevaricar. Garzón es el primero. Los magistrados del Supremo han decidido que actuó con deliberada injusticia pese a que las escuchas fueron solicitadas por la Policía, avaladas por el fiscal anticorrupción, mantenidas por el juez que continuó la investigación del caso y consideradas legales por uno de los tres magistrados que en su día ordenaron anularlas. Es decir, no era tan obvio para todos que fuesen injustas. Pero qué más da. De lo que se trata es de destruir al juez que destapó la corrupción del PP y osó investigar los crímenes del franquismo. Con la mirada puesta en la inminente sentencia por esta causa, los siete del Supremo han intentado difamarlo equiparando su orden de las escuchas a “prácticas de regímenes totalitarios”. No les da la menor vergüenza.
Días antes de las elecciones generales, Mariano Rajoy se comprometió a “devolver la felicidad” a los españoles apenas llegase a la Moncloa. Transcurridos 50 días de su toma de posesión, el paraíso no llega. Todo lo contrario: ayer, en su primera comparecencia ante el Congreso, el presidente describió un horizonte bastante sombrío y anunció que las ya
terribles cifras de empleo, lejos de mejorar, empeorarán en 2012. Estas declaraciones suponen un descarado reconocimiento de que la reforma laboral que el Gobierno prevé aprobar mañana viernes no sólo será incapaz de crear empleo, sino que ni siquiera logrará contener la actual destrucción de puestos de trabajo. Y a nadie debería sorprender que así sea. Porque el problema al que se enfrenta en estos momentos España no es el de la supuesta rigidez del mercado laboral, sino la combinación de un modelo productivo en declive y la falta de estímulos a una economía basada en la demanda. En lugar de defender en Europa unas políticas más expansivas o buscar fórmulas para que el dinero del BCE llegue a las familias, Rajoy –como antes Zapatero– se limita a obedecer con mansedumbre las órdenes de austeridad que dicta Alemania. Por supuesto que el mercado laboral se puede mejorar, por ejemplo, estableciendo la mochila austriaca para facilitar la movilidad laboral, o repartiendo los tiempos de trabajo. Pero esta reforma no es ahora “lo urgente”, como pretenden inculcar a la sociedad la derecha europea y la vernácula y sus coros mediáticos. Ellos están en su particular batalla: meter prisa y aprovechar el caos para destruir cualquier vestigio de conquistas sociales mediante la aplicación de la doctrina del shock.
Tres acontecimientos, todos ellos ocurridos ayer. En el Congreso de los Diputados, su presidente, el conservador Jesús Posada, rinde un homenaje a Manuel Fraga. Exalta su papel en la transición a la democracia, pero omite por completo su muy relevante trayectoria durante la dictadura franquista. La bancada del PP aplaude con entusiasmo; los socialistas se dividen: unos aplauden, otros no; los diputados de CiU permanecen impasibles; el PNV y los grupos minoritarios de izquierda abandonan el hemiciclo. A pocos metros de la Cámara, en el Tribunal Supremo, las víctimas del franquismo continúan declarando en la causa contra el juez Garzón. Se quejan del abandono a que los ha sometido durante décadas la Justicia española. Narran historias estremecedoras de familiares desaparecidos a los que sueñan con dar una sepultura digna. Cerca de allí, en el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que el Ejecutivo no procederá a transformar el Valle de los Caídos en un gran centro de la memoria, tal como ha recomendado una comisión de expertos, hasta que haya “consenso” en la materia. Es decir, hasta que al PP le venga en gana. Tres ejemplos, en un solo día, de los alcances de la desmemoria que algunos pretenden imponer hasta el fin de los tiempos en aras de una reconciliación mal entendida. Una reconciliación basada en la amnesia forzosa y en un torbellino de interpretaciones históricas que, en el mejor de los casos, establecen equidistancias inaceptables entre los que participaron en el régimen y los que, en consonancia con las exigencias éticas que planteara Hanna Arendt, tuvieron el coraje de decir “no”.
La elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE fue seguida ayer de un intenso debate en torno a la composición de la nueva Ejecutiva del partido. Rubalcaba tenía ante sí dos opciones, ambas legítimas: formar un equipo “de fieles” o negociar uno “de integración” que reflejara el apoyo obtenido por las dos candidaturas en liza. El flamante líder optó por la primera de las fórmulas, de modo que, de los 38 integrantes del nuevo órgano de dirección, sólo siete son reconocidos simpatizantes de Carme Chacón. Seis han sido designados vocales, sin cargos orgánicos; el séptimo, José Antonio Griñán, será el próximo presidente del partido, un nombramiento sin duda importante pero que no puede interpretarse sin la proximidad de las elecciones andaluzas. La Ejecutiva recibió ayer el respaldo del 80,42% de los compromisarios, lo que llevó a Rubalcaba a proclamar que en cuestión de pocas horas el partido había ganado “30 puntos de unidad”, puesto que él venía de vencer a Chacón con sólo el 50,99% de apoyos. En realidad, lo que demuestra la votación de la Ejecutiva es que Chacón no maniobró para condicionar la decisión de sus simpatizantes, de modo que una parte dio su confianza al órgano de dirección, mientras que otra, nada desdeñable (un 18,6%), votó en blanco. Está por ver si, después de este congreso, Rubalcaba conseguirá unir (y, sobre todo, entusiasmar) al partido; las elecciones andaluzas y los congresos regionales aportarán algunas pistas al respecto. Y también está por ver si la unidad orgánica, en caso de conseguirse, garantizará que este PSOE que surge del 38º Congreso recupere la confianza de sus votantes.
Un día antes de que los delegados al 38º Congreso del PSOE elijan al próximo líder del partido, José Luis Rodríguez Zapatero se despidió con un discurso de elevado contenido cívico en el que se esforzó por defender la vigencia de los valores de la socialdemocracia. Alegó que él siempre se preocupó de aplicar esos valores, y para demostrarlo enunció una serie de iniciativas que impulsó su Gobierno, entre ellas el matrimonio homosexual, la Ley de Dependencia o la lucha contra la violencia de género. También citó Educación para la Ciudadanía y la nueva normativa del aborto, cuya revocación ha anunciado el Ejecutivo de Rajoy. Se echó en falta alguna mención a la Ley de la Memoria Histórica, un texto insuficiente, pero digno de ser incluido en un inventario de avances civiles, sobre todo en un momento en que el juez que osó investigar los crímenes del franquismo corre el riesgo de ser condenado. No todo fueron luces en la agenda de Zapatero -aparcó el compromiso por la laicidad del Estado; abjuró de la justicia universal; envió el mensaje de que el Ministerio de Igualdad era superfluo al decidir su supresión; enterró la Ley de Transparencia-, pero, con todo, tiene en su haber un balance más que positivo en materia de derechos civiles y sociales. Más polémica fue su gestión económica, al abrazar sin apenas objeciones el legado liberal de Aznar hasta que la crisis le estalló en las manos. Elegir hoy un liderazgo “de transición” en el PSOE, como pretenden algunos, sería un grave error. Los socialistas necesitan una dirección estable, con vocación de futuro, que asuma de inmediato la ardua tarea de proseguir, y también de enderezar, el camino que ayer describió Zapatero.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, parece decidido a convertir su gestión en un foco permanente de polémica. Dos días después de anunciar la supresión de Educación para la Ciudadanía, recurriendo a la manipulación de un texto académico para justificar su decisión, ayer comunicó su determinación de “poner en valor” las corridas de toros y extender las ayudas públicas a ese sector, utilizando, otra vez, la tergiversación como argumento. En esta ocasión, alegó que Francia ya ha iniciado los trámites con el fin de solicitar a la Unesco la catalogación de la tauromaquia como Bien Inmaterial de la Humanidad, cuando lo que ha hecho el Gobierno francés es incluir las corridas en un inventario general de actividades culturales, sin la pretensión que le atribuye Wert. El ministro se declaró taurófilo y pidió respeto a su postura, del mismo modo, dijo, que él respeta a quienes consideran la tauromaquia un caso de maltrato animal. Estas invocaciones al respeto mutuo suelen tener buena prensa, pero no dejan de ser cínicas en este caso al referirse a una ceremonia primitiva –afortunadamente en decadencia, según revelan sus cifras de actividad– que pretende erigir en arte el sufrimiento de un animal que no ha acudido voluntariamente a la fiesta. Más cínico aún, si cabe, es anunciar la ampliación de las ayudas oficiales (es decir, de todos los contribuyentes) al sector taurino en medio de la terrible crisis económica que atraviesa España, mientras se aplican drásticos recortes a la investigación científica o a los servicios sociales. Hay que recordar que el primer paso hacia esta sinrazón lo dio el anterior Gobierno socialista al transferir las corridas de toros de Interior a Cultura.
