Mientras el Gobierno se encuentra inmerso en una comedia de enredos sobre qué habría que hacer para castigar a los gestores públicos irresponsables, un juez de Castellón citó ayer a juicio al expresidente de esa provincia el conservador Carlos Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a sus presuntas fechorías. El caso se remonta a 2003, y por él han desfilado ocho jueces y cuatro fiscales que, por una razón u otra, no habían conseguido llevar a puerto la causa penal. Que Fabra estuviera imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude contra Hacienda no fue ningún obstáculo para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, lo calificara de “ciudadano ejemplar” en 2008, un año después de que ganara por cuarta vez consecutiva la presidencia de la Diputación. En más de una ocasión, Fabra, un clásico cacique dotado de una formidable maquinaria electoral clientelista, ha intentado presentar su éxito electoral como una sentencia absolutoria en el terreno judicial, y en esa estrategia de confusión siempre lo ha acompañado la dirección nacional de su partido. El político castellonense constituye –con más fuerza si cabe ahora que ha sido llamado a juicio– la prueba viva de la hipocresía del Gobierno cuando habla de perseguir a los malos gestores públicos. Que se sepa, el PP nunca ha abierto expediente sancionador a Fabra (ni a tantos otros dirigentes imputados por graves delitos). No vale la excusa de que el actual código ético del partido supedite el castigo a la existencia de una sentencia judicial firme; dicho código podría –y debería– modificarse. Rajoy tiene la palabra.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Gobierno impulsará una ley para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo presupuestado. No ofreció el ministro detalles sobre la iniciativa; por ejemplo, si se aplicará a cualquier desfase presupuestario, aunque sea provocado por circunstancias excepcionales, o si se circunscribirá a conductas claramente irregulares, como la aprobación de nuevos contratos sin la correspondiente dotación contable. A falta de más información, lo que puede afirmarse sin lugar a dudas es que la medida encaja en la tendencia del PP –tanto en la oposición como, ahora, en el Gobierno– a intentar sortear los problemas mediante el endurecimiento de las leyes, quizá desde la convicción de que la sociedad, o una parte importante de ella, ve con simpatía las exhibiciones de firmeza de sus gobernantes. Resulta cuanto menos llamativo que, en estos momentos, los mayores desfases presupuestarios se encuentren en las comunidades autónomas, la inmensa mayoría de ellas bajo control del PP desde mayo pasado. Es más: dos de las comunidades campeonas en gestión irresponsable –País Valencià y Murcia– llevan muchos años gobernadas por los conservadores, y la dirección nacional del partido, lejos de exigirles responsabilidad, las ha presentado como paradigmas de eficacia administrativa. A propósito, ¿por qué mientras el Ejecutivo prepara la nueva ley punitiva contra los malos gestores públicos, Rajoy no predica con el ejemplo y castiga, dentro de su partido, a tantos (presuntos) despilfarradores y malversadores, como el “ciudadano ejemplar” Carlos Fabra?
La fotografía que domina hoy la portada de este diario nunca debió producirse en una democracia decente. Muestra a un juez enfrentado a un juicio en el Tribunal Supremo por haber intervenido las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la mayor trama de corrupción de la historia reciente de España y sus abogados. Las escuchas no respondieron a una decisión arbitraria, sino a la existencia de indicios sobre la cooperación de los abogados en los negocios ilícitos de sus clientes. Uno de los letrados resultó incluso imputado. Las escuchas fueron avaladas por dos fiscales y por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que prosiguió la investigación, sin que este haya sido también procesado. El Supremo puede, por supuesto, cuestionar la legalidad de una actuación judicial. Lo excepcional de este caso es que se trata de la primera vez que lleva a un juez al banquillo por ordenar escuchas a corruptos, cuando existen cientos de precedentes de intervenciones anuladas por defectos de forma sin que a los respectivos jueces se les haya acusado de prevaricación. En realidad, el problema radica en que el juez de la foto se llama Baltasar Garzón y que lo que está en marcha es una manifiesta ofensiva judicial y política para aniquilarlo profesionalmente. El otrora aclamado “héroe” de la lucha contra ETA y los GAL ya suscitaba desde tiempo atrás los celos de compañeros de judicatura, pero su calvario real comenzó cuando metió las narices en la trama Gürtel y en los crímenes del franquismo. Ayer comenzó el juicio por el primer asunto. El martes empieza la vista por el segundo. Todo está preparado para aplastar y expulsar de la carrera a un juez que se volvió demasiado incómodo.
En la primera subasta de deuda pública del año, y la primera bajo el Gobierno de Rajoy, España colocó ayer 10.000 millones de euros, el doble de lo previsto, con unos intereses mucho más bajos que en la última emisión. La noticia, saludada por la Bolsa con alzas, comenzó ayer mismo a ser esgrimida por ciertos sectores de la derecha como una demostración de la confianza que inspira Rajoy en los mercados. Sin embargo, ese éxito en la colocación de deuda sigue una tendencia que ya había comenzado al final del mandato de Zapatero y se ha visto reforzado aún más por la decisión del Banco Central Europeo, en diciembre pasado, de inyectar casi medio billón de euros al sistema financiero europeo. La pregunta es si toda esta operación constituye en realidad un éxito o si es una manifestación más de la perversión del actual sistema financiero. Lo que sucedió ayer es que la gran banca, que había recibido del BCE crédito al 1%, adquirió 10.000 millones de deuda española por los que recibirá unos intereses que oscilan entre el 3,3% y el 3,7%. En suma, un colosal pelotazo de la banca, que, salvo sorpresas, destinará la ganancia a tapar agujeros contables propios y no a abrir el grifo crediticio a la economía real. El verdadero éxito de Rajoy, y que no logró Zapatero, consistiría en obligar a los bancos a hacer fluir a la sociedad ese dinero obtenido con tanta facilidad. Y, a continuación, promover un cambio en las reglas del juego europeas para que el BCE pueda prestar directamente a los estados –y, ¿por qué no?, a los ciudadanos–, algo hoy prohibido en nombre de la supuesta “independencia” de la institución.
Sólo desde una concepción arrogante del poder se puede explicar el descaro que está exhibiendo el PP en sus primeros días de Gobierno. Ayer, en el pleno del Congreso que debatía el paquete de ajustes aprobado por el Ejecutivo el 30 de diciembre, el ministro Cristóbal Montoro justificó ese tijeretazo y los venideros en que la herencia económica recibida de los socialistas era peor de lo previsto. La supuesta sorpresa que intenta mostrar el Gobierno es una farsa. Ya en la convención del PP de octubre de 2011, el entorno económico de Rajoy cifraba en unos 40.000 millones de euros el déficit con que cerraría el ejercicio. Sin embargo, los conservadores presentaron un programa electoral que no reflejaba esas estimaciones, por la sencilla razón de que ello los hubiera obligado a anunciar medidas impopulares antes de los comicios; así que se guardaron esa carta para, una vez en la Moncloa, justificar cualquier medida en nombre del legado de Zapatero. El equipo de Rajoy tenía datos más que sobrados para saber que el déficit iba a ser mayor de lo esperado, entre otras cosas porque la mayor parte de ese desfase procede de las comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP desde mayo. Más aún: algunas de las comunidades más deficitarias (Murcia, País Valencià) eran gobernadas desde hacía muchos años por los conservadores. Es cierto que el anterior Gobierno dejó una situación económica muy sombría, entre otras cosas –y esto hay que recordarlo una y otra vez– por la enorme fragilidad que ha evidenciado ante la crisis el modelo productivo español alentado por sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. Las críticas a Zapatero son legítimas, sin duda. Pero sin trampas.
Mariano Rajoy desveló ayer, en una entrevista a Efe, su motivo para no mantener una vicepresidencia económica en el organigrama del Ejecutivo. Pretendía, dijo, enviar la señal de que “aquí hay un presidente que da la cara y no se va a esconder”. En otras palabras, que él iba a encarnar en el seno de su gabinete y ante la opinión pública las grandes decisiones económicas. El 29 de diciembre, sin embargo, Rajoy no compareció tras la reunión del Consejo de Ministros para explicar el mayor ajuste presupuestario en la historia reciente, por 8.900 millones de euros, en el que, además, hacía añicos su reiterado compromiso electoral de no subir impuestos. Ayer anunció que ese ajuste ascenderá en realidad a entre 37.000 y 40.000 millones, porque el déficit ha sido dos puntos más de lo previsto. ¿Lo dijo ante el pleno del Congreso, con el consecuente debate político que merece tal noticia? ¿O al menos en la entrevista a la agencia estatal? No: lo transmitió al grupo parlamentario de su partido.
Hay muchas cosas que el presidente debería explicar con detenimiento. Y dando la cara. Sostiene que, ante la necesidad de recortar un déficit más alto de lo previsto, intentó ser equitativo y recurrió a la subida del IRPF, que es un impuesto progresivo. Lo que no aclara es por qué no exigió sacrificios a las grandes fortunas, que apenas tributan a través de dicho impuesto. También podría explicar por qué, puesto que tanto se jacta de no recibir órdenes desde afuera, no defiende ante Bruselas y Berlín una ampliación de los plazos (por lo menos un año) para cumplir los objetivos de déficit y suavizar así la terrible asfixia que sufren la economía y los ciudadanos.
Ayer se produjo un coincidencia inédita en la historia judicial española. Dos expresidentes autonómicos se enfrentaban el mismo día, aunque en distintos territorios, a sendos juicios por corrupción. Uno de ellos, el valenciano Francisco Camps, comenzaba su quinta semana en el banquillo por el denominado caso de los trajes, una causa estrechamente vinculada al escándalo de la trama Gürtel. El otro, el balear Jaume Matas, se sentaba por primera vez ante el tribunal para responder por el pago presuntamente irregular de casi medio millón de euros a un periodista que le escribía los discursos y que luego ensalzaba esas alocuciones en un periódico; se trata apenas de una de las 26 piezas separadas que integran el caso Palma Arena, dentro del cual Matas se enfrenta a la imputación de una decena de delitos. Existe otra coincidencia, los dos exmandatarios lo fueron en representación del PP, un partido que, en materia de corrupción, siempre ha aplicado la doctrina ética de mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. De aquí se deriva una tercera coincidencia: los dos mandatarios eran presentados por la dirección del PP como paradigmas de la honestidad y el buen hacer político. Rajoy puso la mano en el fuego por Camps hasta que, por cálculos electorales, jugó a distanciarse de él. A Matas, el hoy presidente del Gobierno le dedicó en 2004 estas palabras elogiosas: “Lo que tú haces en Baleares, lo haremos en toda España”; más adelante también se apartó de él cuando el caso Palma Arena ya era incontrolable políticamente. Y hay una cuarta coincidencia: con ambas administraciones, Urdangarin se movió como pez en el agua. A propósito: ¿se trata de coincidencias?
Carme Chacón anunció ayer –o más bien confirmó– su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Los delegados al 38º Congreso tendrán, pues, al menos dos opciones cuando decidan confiar el timón del partido en uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente. Al igual que su rival, Rubalcaba, Chacón participó en el Gobierno de Zapatero, por lo que buena parte de la contienda se centrará previsiblemente en el diagnóstico que uno y otra hagan de ese complejo legado. Sin embargo, más importante aún será conocer qué nuevas propuestas concretas tienen para reanimar al partido tras las recientes palizas electorales y la fuga de 4,5 millones de votantes. En ese sentido, hizo bien Chacón en defender que los socialistas definan su futuro “sin transiciones ni interregnos”, en alusión al afán de ciertos sectores por postergar el necesario debate de ideas. La plataforma de la exministra ha tomado la iniciativa con algunas propuestas interesantes, entre ellas dos referidas a la democratización del partido, como son las listas abiertas y las primarias a la francesa. Aunque las próximas elecciones estén aún lejos, el PSOE debe recuperar la confianza de electores y simpatizantes, y eso se consigue enviándoles el mensaje de que sus voces pesan más que las habituales componendas de los aparatos.
Hace siete meses, Chacón renunció a presentarse a las primarias para el 20-N al entender que algunos dirigentes socialistas estaban decididos incluso a destruir políticamente a Zapatero con tal de abortar su candidatura. Rubalcaba fue elegido entonces en unas primarias unipersonales y sufrió el peor descalabro electoral en la historia del PSOE. Llega ahora la segunda vuelta.
Hace menos de un año, al referirse a ciertos recortes aprobados por Zapatero, dijo Rajoy, entonces en la oposición: “A mí, como español, no me gusta que desde fuera me digan lo que tengo que hacer”. Ahora que es presidente del Gobierno, Rajoy no recibe órdenes desde afuera, por la sencilla razón de que las cumple con rapidez y obediencia antes de que se le impartan. Así lo reconoció el ministro de Economía, Luis de Guindos, al justificar la subida de impuestos aprobada el viernes pasado en Consejo de Ministros. “Si no, nos la hubieran impuesto otros”, dijo, en clara alusión a Alemania y Bruselas. A diferencia de Zapatero, que opuso cierta resistencia a los dictados exteriores hasta que lo llamaron a capítulo aquel mes de mayo de 2010, Rajoy no tardó ni una semana en incumplir uno de sus mayores compromisos electorales, el de no subir impuestos. Desde el Gobierno se ha intentado achacar esta decisión a la necesidad de evitar un nuevo ataque de los mercados ante la inminencia de un déficit mayor de lo previsto. El discurso que se promueve a través de los medios afines es que este sí es un Gobierno serio, valiente, que actúa. Sin embargo, cuando estaba en la oposición, el PP rechazaba tajante las subidas de impuestos incluso en momentos en que los mercados se cebaban contra la deuda española. Lo menos que podría hacer el presidente en estas circunstancias, en que ha hecho añicos su contrato electoral y sus ministros se lían con los cálculos sobre la cifra del déficit, es comparecer con urgencia ante el Congreso. Y, si lo tiene a bien, ante la prensa. No hay que olvidar que otra de sus promesas era dar explicaciones a los ciudadanos.
La decisión del juez de instrucción número tres de Palma de Mallorca de citar como imputado a Iñaki Urdangarin constituye, por previsible que fuera, un hecho insólito en la democracia española por ser la primera vez que un miembro de la familia real se enfrenta a un proceso judicial. En la causa –una pieza separada dentro del caso Palma Arena, por el cual está ya imputado el expresidente balear Jaume Matas, del PP– se indagan presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y evasión fiscal, que acarrean penas de prisión de hasta 14 años. El abogado y portavoz de Urdangarin se equivoca, una vez más, al intentar atribuir a supuestas presiones sociales y mediáticas la delicada situación de su cliente, ya que, si este se encuentra en esta encrucijada penal, se debe única y exclusivamente a su decisión de crear un “entramado societario” para “apoderarse” de los fondos públicos y privados que captaba por medio de la fundación Nóos, según señala el auto judicial. El yerno del rey, que como todo ciudadano goza del derecho a la presunción de inocencia, tendrá ahora la oportunidad de defenderse, y lo que cabe esperar es que, al margen de cuál sea el desenlace del caso, la Justicia sea en efecto “igual para todos”, como señaló el rey en su discurso de Nochebuena. El monarca ha expresado su disgusto por la actitud “poco ejemplar” de su yerno. Quizá el propio Juan Carlos pudo haber sido igual de contundente hace cinco años, cuando supo de las andanzas de Urdangarin y, sin embargo, le permitió seguir participando en actos oficiales de representación de la Corona.
