Ayer se produjo un coincidencia inédita en la historia judicial española. Dos expresidentes autonómicos se enfrentaban el mismo día, aunque en distintos territorios, a sendos juicios por corrupción. Uno de ellos, el valenciano Francisco Camps, comenzaba su quinta semana en el banquillo por el denominado caso de los trajes, una causa estrechamente vinculada al escándalo de la trama Gürtel. El otro, el balear Jaume Matas, se sentaba por primera vez ante el tribunal para responder por el pago presuntamente irregular de casi medio millón de euros a un periodista que le escribía los discursos y que luego ensalzaba esas alocuciones en un periódico; se trata apenas de una de las 26 piezas separadas que integran el caso Palma Arena, dentro del cual Matas se enfrenta a la imputación de una decena de delitos. Existe otra coincidencia, los dos exmandatarios lo fueron en representación del PP, un partido que, en materia de corrupción, siempre ha aplicado la doctrina ética de mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. De aquí se deriva una tercera coincidencia: los dos mandatarios eran presentados por la dirección del PP como paradigmas de la honestidad y el buen hacer político. Rajoy puso la mano en el fuego por Camps hasta que, por cálculos electorales, jugó a distanciarse de él. A Matas, el hoy presidente del Gobierno le dedicó en 2004 estas palabras elogiosas: “Lo que tú haces en Baleares, lo haremos en toda España”; más adelante también se apartó de él cuando el caso Palma Arena ya era incontrolable políticamente. Y hay una cuarta coincidencia: con ambas administraciones, Urdangarin se movió como pez en el agua. A propósito: ¿se trata de coincidencias?
Carme Chacón anunció ayer –o más bien confirmó– su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Los delegados al 38º Congreso tendrán, pues, al menos dos opciones cuando decidan confiar el timón del partido en uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente. Al igual que su rival, Rubalcaba, Chacón participó en el Gobierno de Zapatero, por lo que buena parte de la contienda se centrará previsiblemente en el diagnóstico que uno y otra hagan de ese complejo legado. Sin embargo, más importante aún será conocer qué nuevas propuestas concretas tienen para reanimar al partido tras las recientes palizas electorales y la fuga de 4,5 millones de votantes. En ese sentido, hizo bien Chacón en defender que los socialistas definan su futuro “sin transiciones ni interregnos”, en alusión al afán de ciertos sectores por postergar el necesario debate de ideas. La plataforma de la exministra ha tomado la iniciativa con algunas propuestas interesantes, entre ellas dos referidas a la democratización del partido, como son las listas abiertas y las primarias a la francesa. Aunque las próximas elecciones estén aún lejos, el PSOE debe recuperar la confianza de electores y simpatizantes, y eso se consigue enviándoles el mensaje de que sus voces pesan más que las habituales componendas de los aparatos.
Hace siete meses, Chacón renunció a presentarse a las primarias para el 20-N al entender que algunos dirigentes socialistas estaban decididos incluso a destruir políticamente a Zapatero con tal de abortar su candidatura. Rubalcaba fue elegido entonces en unas primarias unipersonales y sufrió el peor descalabro electoral en la historia del PSOE. Llega ahora la segunda vuelta.
Hace menos de un año, al referirse a ciertos recortes aprobados por Zapatero, dijo Rajoy, entonces en la oposición: “A mí, como español, no me gusta que desde fuera me digan lo que tengo que hacer”. Ahora que es presidente del Gobierno, Rajoy no recibe órdenes desde afuera, por la sencilla razón de que las cumple con rapidez y obediencia antes de que se le impartan. Así lo reconoció el ministro de Economía, Luis de Guindos, al justificar la subida de impuestos aprobada el viernes pasado en Consejo de Ministros. “Si no, nos la hubieran impuesto otros”, dijo, en clara alusión a Alemania y Bruselas. A diferencia de Zapatero, que opuso cierta resistencia a los dictados exteriores hasta que lo llamaron a capítulo aquel mes de mayo de 2010, Rajoy no tardó ni una semana en incumplir uno de sus mayores compromisos electorales, el de no subir impuestos. Desde el Gobierno se ha intentado achacar esta decisión a la necesidad de evitar un nuevo ataque de los mercados ante la inminencia de un déficit mayor de lo previsto. El discurso que se promueve a través de los medios afines es que este sí es un Gobierno serio, valiente, que actúa. Sin embargo, cuando estaba en la oposición, el PP rechazaba tajante las subidas de impuestos incluso en momentos en que los mercados se cebaban contra la deuda española. Lo menos que podría hacer el presidente en estas circunstancias, en que ha hecho añicos su contrato electoral y sus ministros se lían con los cálculos sobre la cifra del déficit, es comparecer con urgencia ante el Congreso. Y, si lo tiene a bien, ante la prensa. No hay que olvidar que otra de sus promesas era dar explicaciones a los ciudadanos.
La decisión del juez de instrucción número tres de Palma de Mallorca de citar como imputado a Iñaki Urdangarin constituye, por previsible que fuera, un hecho insólito en la democracia española por ser la primera vez que un miembro de la familia real se enfrenta a un proceso judicial. En la causa –una pieza separada dentro del caso Palma Arena, por el cual está ya imputado el expresidente balear Jaume Matas, del PP– se indagan presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y evasión fiscal, que acarrean penas de prisión de hasta 14 años. El abogado y portavoz de Urdangarin se equivoca, una vez más, al intentar atribuir a supuestas presiones sociales y mediáticas la delicada situación de su cliente, ya que, si este se encuentra en esta encrucijada penal, se debe única y exclusivamente a su decisión de crear un “entramado societario” para “apoderarse” de los fondos públicos y privados que captaba por medio de la fundación Nóos, según señala el auto judicial. El yerno del rey, que como todo ciudadano goza del derecho a la presunción de inocencia, tendrá ahora la oportunidad de defenderse, y lo que cabe esperar es que, al margen de cuál sea el desenlace del caso, la Justicia sea en efecto “igual para todos”, como señaló el rey en su discurso de Nochebuena. El monarca ha expresado su disgusto por la actitud “poco ejemplar” de su yerno. Quizá el propio Juan Carlos pudo haber sido igual de contundente hace cinco años, cuando supo de las andanzas de Urdangarin y, sin embargo, le permitió seguir participando en actos oficiales de representación de la Corona.
La publicación por la Casa del Rey del reparto de asignaciones que recibe vía presupuestaria es un paso positivo dentro de la transparencia institucional que cabe exigir en una democracia. Sin embargo, resulta aún insuficiente para que pueda ser saludada como un ejercicio incontestable de claridad en el manejo de los fondos públicos. Los datos aportados consisten en un desglose muy genérico de los 8,4 millones de euros que la Casa Real recibe en un capítulo específico de los Presupuestos, pero no incluye muchas otras partidas procedentes de diversos ministerios –Presidencia, Exteriores, Interior, Defensa y Hacienda– por distintos conceptos, como personal, transportes, seguridad, viajes, mantenimiento de inmuebles, etcétera. Por otra aparte, sigue sin saberse el monto del patrimonio de la familia real y su consecuente tributación al Fisco. Por todo ello, resulta imposible confirmar la extendida versión de que la monarquía española es de las más austeras del mundo y de las menos onerosas para los contribuyentes.
De los datos que han trascendido, quizá el más llamativo es el sueldo del rey, que asciende en total a 292.752 euros brutos. Con independencia del debate de si es poco o mucho para un jefe de Estado, lo que resulta difícil de entender es que cuadruplique el del presidente del Gobierno. Tampoco se entiende por qué la Corona –y algunas otras instituciones del Estado, como el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado– está eximida del escrutinio del Tribunal de Cuentas. Cierto, lo dice la ley. Pero las leyes pueden cambiarse.
De mala manera ha comenzado Ana Mato su singladura al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En un comunicado difundido la noche del lunes con motivo del último asesinato de una mujer a manos de su pareja, Mato se refirió al suceso como un caso de “violencia en el entorno familiar”, eludiendo en todo momento utilizar la expresión “violencia de género” que figura en la ley de 2004, aprobada por todos los partidos del Congreso, incluido el PP. Por lo visto, no se trató de una omisión accidental, ya que la ministra, al ser preguntada ayer por la indignación que han provocado sus palabras en amplios sectores sociales, se resistió a rectificar con el argumento de que “lo importante no es el nombre”, sino que muchas mujeres sigan siendo víctimas de “las personas que en teoría más deberían quererlas”. No hay que ser un conspicuo lingüista para saber que los nombres con que la sociedad designa las cosas sí importan. Y, en ocasiones, pueden contribuir a un cambio de mentalidad en los ciudadanos ante manifestaciones culturales inaceptables, como lo es sin duda el machismo. Eso es, precisamente, lo que pretendieron los redactores de la ley de 2004 al introducir la fórmula “violencia de género”: luchar contra la rancia doctrina (de indudable inspiración patriarcal) de que el maltrato de las mujeres dentro de los hogares es un asunto íntimo, doméstico, en el que nadie más debe inmiscuirse. Comete, pues, un grave error la ministra al empeñarse en calificar el citado crimen por el ámbito en que se produjo, y no por la causa que subyace en él, porque su actitud supone una marcha atrás en la ya de por sí difícil lucha por la igualdad.
La decisión del Partido Popular de impedir que Amaiur tenga grupo propio en el Congreso de los Diputados constituye una injusticia, una falta de consideración hacia el pluralismo y un grave error político. Una injusticia, porque al partido abertzale se le ha aplicado de manera deliberadamente rígida el reglamento de la Cámara, que fija en su artículo 23 los requisitos para formar grupo. Es cierto que Amaiur incumple –por la mínima– una de esas exigencias, pero tanto en esta legislatura naciente como en muchas anteriores se han producido situaciones semejantes que no han impedido que partidos incluso en más apuros que Amaiur lograran constituirse en grupo. Para ello han recurrido a argucias y contado con la generosidad, o la vista gorda, o el sentido común, del partido mayoritario en la Mesa, fuera el PP o el PSOE. Falta de consideración al pluralismo, porque Amaiur, si no logra un grupo propio, deberá incorporarse con sus siete diputados al Grupo Mixto junto a otros partidos minoritarios, con consecuencias negativas para estos en materia de obtención de recursos y presencia en los debates parlamentarios. Y error político, porque el PP, con una intransigencia que intenta revestir de rigor en la aplicación de la norma, parece más empeñado en complacer a sus votantes que en apuntalar un momento político crucial en que el independentismo vasco ha decidido defender sus posiciones por vías exclusivamente democráticas. En este sentido, no se entiende que el PSOE, partido que tanto se ha jugado en este proceso, haya optado por una ambivalente abstención en la decisión sobre Amaiur.
En su primera declaración dentro del juicio por el caso de los trajes, el expresident de la Generalitat y del PP valenciano Francisco Camps proclamó ayer su inocencia “absoluta” del delito de cohecho impropio que se le imputa. Esa afirmación y los argumentos con que la sustentó (básicamente, que devolvió todos los regalos) tienen un valor relativo, si se considera que el juez le había recordado previamente que su condición de acusado lo exime de la obligación de decir la verdad. A la espera de que el juicio avance y desfilen los testigos, resulta oportuno hacer tres consideraciones sobre la naturaleza de este caso, que el PP y sus medios afines pretenden devaluar como un episodio nimio de “un par de trajes” (en realidad eran una docena de trajes, zapatos, correas y americanas de lujo) por el que jamás se corrompería un dirigente de la envergadura de Camps. La primera consideración es que, como señalaba el juez Flors en su auto de 2009, constituye un error minimizar este proceso porque el precio de las prendas “pudiera parecer a alguien escaso o incluso ridículo”. Dicha actitud, añadía, podría conducir a una “relativización de los valores sociales” y a una “degradación de los principios que deben regir en la actuación de quienes ejercen funciones públicas”. En segundo lugar, hay que recordar que el caso de los trajes guarda íntima relación con una gigantesca trama de corrupción, la red Gürtel, que se lucró con la Administración valenciana encabezada por Camps. Por último, la dirección nacional del PP, con Rajoy en primera línea, apoyó con entusiasmo a Camps hasta que, por razones de cálculo político y no de inspiración ética, comenzó a apartarse (o eso parece) de él.
El palacio de la Zarzuela limitará la familia real de modo que sólo incluya a los reyes y a los príncipes de Asturias con sus hijas. Dicho de otra manera: quedarán excluidas las infantas Elena y Cristina con sus respectivas familias, que pasarían a tener el rango, equivalente a las hermanas del monarca, de parientes que no participan en la agenda pública de la Corona. No parece casual que la noticia haya trascendido en medio del escándalo por el uso irregular de fondos públicos que protagoniza Iñaki Urdangarin y que está afectando seriamente la imagen de la monarquía cuando la institución sufre su peor valoración entre los ciudadanos, según reveló el último sondeo del CIS. Mientras se decide el mecanismo para redimensionar la familia, la infanta Cristina podría renunciar voluntariamente a participar en actos públicos de representación y apartarse así de los focos, al menos mientras se resuelve en los tribunales la causa que involucra a su marido.
Con independencia de si estos cortafuegos para proteger a la Corona cumplirán su objetivo, y más allá del debate de fondo sobre el sentido de la monarquía en una sociedad democrática y moderna, el escándalo de Urdangarin vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la inaceptable falta de transparencia de una institución que ostenta constitucionalmente la jefatura del Estado. Una opacidad que se evidencia no sólo en la gestión de este caso concreto, sino en la ausencia de un control parlamentario a la utilización de los fondos públicos que los contribuyentes aportan por vía presupuestaria a la Casa del Rey para su mantenimiento.
Aquel complejo de que España siempre llegaba tarde al tren de la historia se ha convertido, en los últimos años, en una obsesión irrefrenable de ciertos líderes políticos por ser siempre los primeros en encaramarse a cualquier metafórico ferrocarril que pase por delante, sin que parezca importarles demasiado las consecuencias que pueda acarrear el viaje. Si hace poco tiempo era Aznar quien quiso sacar a los españoles del “rincón de la historia” mediante una estrategia de seguidismo incondicional a George W. Bush, ahora Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero se precipitan a acatar, antes que nadie, el nuevo modelo de Europa que pretenden imponer Alemania y Francia a sus socios comunitarios. El próximo presidente del Gobierno ha proclamado que España estará en el núcleo de avanzada del proyecto, y ayer anunció que su primera actuación desde la Moncloa será desarrollar normativamente la reciente reforma de la Carta Magna que impulsó Zapatero para introducir como precepto constitucional la ortodoxia presupuestaria, tal como exigía Berlín. El líder del PP, que en la campaña electoral afirmó que no subiría impuestos, no descarta ahora subir el IVA, porque sabe que para “hacer lo que hay que hacer” –cumplir con la reducción del déficit en las cantidades y plazos que dicta Merkel– hay que conseguir dinero con la mayor rapidez posible. Y ahí está ese tributo nada progresivo, que pagan todos los ciudadanos por igual. Como siempre, no hay debate público. Y se hurta a los ciudadanos la capacidad de decidir si quieren o no esa nueva Europa. Lo importante es coger el tren, vaya donde vaya.
