La necesidad de una segunda Transición y una nueva Constitución

Una de las mayores sorpresas que me encontré a la vuelta de mi largo exilio fue la enorme complacencia (que existía en los mayores círculos políticos y académicos del país, así como en los fórums mediáticos que gozaban de mayor difusión) sobre la transición ocurrida en España de la dictadura a la democracia, proceso unánimemente definido en aquellos círculos y fórums como modélico. Tal complacencia se extendía también en la evaluación, por parte de tales establishments, del sistema democrático que la transición había producido (que se presentaba como homologable a cualquier otra democracia de la Unión Europea) y del Estado del Bienestar. Lo que mejor reflejaba este sentimiento era el eslogan promovido por el gobierno Aznar de que ”España va bien”, al cual la coalición conservadora-liberal presidida por Jordi Pujol en Catalunya añadía “y Catalunya va mejor”.

España no ha resuelto su enorme déficit social

Los datos, sin embargo, no confirmaban tal complacencia. España continuaba y continúa a la cola de la Europa Social, con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. España estaba lejos, y continúa estándolo, de haber alcanzado la cohesión social que el nivel de desarrollo del país permitía. El PIB per cápita español es ya el 94% del promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la UE. Y en cambio, el gasto público social por habitante representa únicamente el 72% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que debería gastarse por su nivel de desarrollo económico. Que el Estado español no los gaste es debido a que no los recoge, siendo España uno de los países que tiene un Estado más pobre de tal comunidad. Los ingresos al Estado representan sólo un 32% del PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajo que Suecia, 52%, uno de los países con mayor grado de cohesión social en la UE-15.

El hecho de que el Estado español no recoja los fondos existentes en la sociedad es consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado español y su política fiscal. Mientras que las personas que están en nómina (la clase trabajadora y gran parte de las clases medias) pagan sus impuestos sobre la renta en unos porcentajes semejantes (ligeramente inferiores) al promedio de la UE-15, las rentas superiores, que derivan principalmente sus ingresos de la propiedad y gestión del capital, pagan sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en el promedio de la UE-15 (resultado del gran número de deducciones). Además, España es el país donde existe mayor fraude fiscal, concentrado en un sector muy minoritario. El fraude fiscal de las grandes fortunas y grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año representa nada menos que 44.000 millones de euros, el 72% de todo el fraude fiscal existente en España, fraude realizado en su gran mayoría con la complicidad de la banca, máxima beneficiaria de los paraísos fiscales. Esta realidad es ampliamente conocida en España y prácticamente ignorada por el Estado. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 80% de las inspecciones tributarias ocurren en el sector de los autónomos, una minúscula parte de los mayores defraudadores del fisco. Uno de los máximos defraudadores, el presidente del Banco de Santander, el Sr. Botín, ha sido prácticamente amnistiado dos veces por los gobiernos del Estado español.

La otra causa de que los ingresos al Estado sean tan bajos es el bajo porcentaje de la población que trabaja y paga impuestos, resultado de la escasa participación de la mujer en el mercado de trabajo, consecuencia del subdesarrollo de los servicios públicos de ayuda a las familias, que deben facilitar tal integración, debido al escaso desarrollo del Estado del Bienestar en España, incluido los servicios públicos tales como escuelas de infancia (mal llamadas en España guarderías) y los servicios de atención a las personas con dependencia (ver mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006).

La evidencia de que España (y Catalunya) está a la cola de la Europa social es abrumadora y las políticas de austeridad están empeorando todavía más este retraso y déficit social. Para cualquier observador con una mínima sensibilidad social debería estar claro que España no iba bien y continúa no yendo bien. El tema social está sin resolver en nuestro país.

España no ha resuelto el tema nacional

Pero hay otro problema, el tema nacional, que tampoco está resuelto, y el enorme crecimiento del independentismo en Catalunya es un claro indicador de ello. De hecho, esta irresolución del tema nacional responde a la misma causa del retraso social de España: el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el aparato del Estado, resultado de cómo se hizo la transición. España es un país que se ha construido sobre la existencia de varias naciones, resultado de una historia no siempre pacífica en la que hubo vencedores y vencidos. Resultado de ello es que algunas naciones dentro de España tienen más poder que otras, y la nación basada en Madrid tiene un enorme poder, fácilmente detectable en el análisis del sistema radial de transportes. Es mucho más fácil ir por tren de la periferia al centro (Madrid) que entre Barcelona y Bilbao, por ejemplo. Esta realidad, que es obvia, continúa siendo negada por el establishment español centrado en Madrid, que incluso afirma que España es ya en la práctica un sistema federal. He vivido muchos años en un Estado Federal, Estados Unidos, y no hay comparación entre lo que se permite en España y lo que ocurre en EEUU. Los que indican que ya casi tenemos un Estado Federal no conocen como funciona un Estado Federal.

Tenemos un Estado de autonomías, cuyo objetivo era, precisamente, negar la plurinacionalidad de España. El “café para todos” conducirá inevitablemente a la desarticulación de España, pues el Estado español no puede absorber diecisiete Catalunyas. La falta de aceptación del carácter plurinacional por parte del establishment español (basado en Madrid) está llevando a la destrucción de España. Si cada demanda de Catalunya va acompañada de dieciséis demandas iguales, veremos el fin de España, pues España no es la suma de diecisiete naciones. Esta realidad se malinterpreta maliciosamente por el establishment español como una demanda insaciable, fruto de un “victimismo”. Y de tanto discutir estamos ya todos agotados, un sentimiento que explica que en Catalunya el independentismo esté creciendo. Miles y miles de catalanes (en realidad millones) que nunca habían sentido la necesidad de separarse de España, hoy la sienten.

Es obvio también que el establishment español centrado en Madrid no entiende, o no quiere entender, esta realidad, consecuencia de su excesivo poder realizado a costa de otras naciones y regiones de España. La ridiculización de esta realidad por parte de autores como Fernando Savater, entre otros miles, muestra una profunda ignorancia de cómo funciona un Estado Federal. El sarcasmo sobre lo que llama “victimismo catalán” es característico del nacionalismo español. Sería de desear que Savater estudiara mejor los datos y dejara de alimentar el independentismo en Catalunya.

El enorme poder de las derechas en España

El enorme retraso social de España y la irresolución del tema nacional, responden a la misma causa. La enorme influencia de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español, resultado de una transición de la dictadura a la democracia, que distó mucho de ser modélica, pues se hizo en términos muy favorables a las fuerzas ultraconservadoras, herederas del franquismo, que controlaban el Estado y la mayoría de medios de información. Y ello como consecuencia del enorme desequilibrio de fuerzas en aquel momento. Frente a las derechas, enormemente poderosas (con un Ejército vigilando lo que pasaba) había unas izquierdas (que lideraban el movimiento democrático) que acababan de salir de la clandestinidad. Éstas últimas tuvieron que adaptarse a aquel Estado, renunciando a demasiado. El bochornoso e injusto trato del Estado español hacia “los desaparecidos” es un indicador más de ello. Sólo hace falta comparar el tratamiento recibido por las víctimas del terrorismo de ETA con el recibido por las victimas del terrorismo de Estado dictatorial. A unos se les ha ofrecido todo tipo de reconocimientos y a los últimos prácticamente se les ha ignorado, sin que el Estado se haya responsabilizado de encontrar a los asesinados desaparecidos. ¿Se imaginan que a los asesinados por ETA se les hubiera dejado abandonados en la cuneta sin que el Estado buscara sus cuerpos, ayudando a sus familias a enterrarlos? Todo ello es resultado del enorme poder de las fuerzas conservadoras sobre el Estado y la denunciable adaptación de la socialdemocracia española a las estructuras de poder, que se abrieron durante la transición para dar cabida a tales fuerzas políticas, en las que el nacionalismo extremo españolista, heredado del franquismo, continuó dominando la cultura política (y mediática) del país.

La Constitución, también inmodélica

La Constitución española refleja este desequilibrio. Aceptar tal Constitución es aceptar el dominio conservador en estas instituciones consecuencia de aquel desequilibrio. No es sorprendente que hoy los que recurren más a la Constitución son aquellos que pertenecen al establishment español, basado en Madrid, pues son los que se beneficiaron más de aquel desequilibrio.

La única salvación para España es una segunda transición, más equilibrada, que haga una reforma constitucional profunda en sentido casi opuesto a lo que se está haciendo. Es también fruto de la enorme influencia de las fuerzas conservadoras en el país que la Constitución constantemente referida casi como sacrosanta, fuera cambiada en cuestión de horas cuando se exigió que se modificara para incluir el Pacto Fiscal (por órdenes de la Sra. Merkel), lo cual se consiguió mediante la reunión de los dirigentes de los dos partidos, el PP y el PSOE, que aprobaron tal cambio, cambio también aprobado por la derecha catalana, CiU. Este Pacto Fiscal condenará a España a un retraso social permanente.

Y esta misma Constitución ahora se considera incambiable, cuando se pide una cosa tan elemental como que el pueblo catalán pueda participar en un referéndum sobre si desean separarse de España o no (entre otras opciones). Sé que se me dirá que ello es posible, ignorando que los referéndums permitidos por la Constitución (que se cuentan con los dedos de una mano) son consultivos y que tienen que ser aprobados antes por las Cortes Españolas. Es impensable que el Estado de Maryland en EEUU para hacer un referéndum tuviera que pedir permiso al Congreso de EEUU. Naturalmente que las Cortes Españolas tendrían que participar en el proceso de decisión de la separación de Catalunya de España, si ello ocurriera. Pero ello es distinto a que el pueblo de Catalunya haga el referéndum cuando quiera y como quiera su Parlament (a pesar, por cierto, de su limitada representatividad, que comparte con las Cortes Españolas, al estar elegidos los parlamentarios con la misma ley electoral que sistemáticamente discrimina sobre todo a las izquierdas). El nacionalismo españolista hará todo lo posible para que no se haga el referéndum, con lo cual el movimiento independentista aumentará exponencialmente.

Una última observación de tipo personal. Hay una enorme confusión en España sobre lo que casi sistemáticamente se define como nacionalismo catalanista, identificando cualquier reconocimiento de que Catalunya es una nación, con la derecha. Se ignora que las fuerzas que lucharon más en defensa de la nación catalana durante la dictadura fueron las izquierdas en Catalunya (una persona de izquierdas tiene que estar en contra de cualquier forma de explotación, sea ésta de clase, de género, de raza o también de nación). El liderazgo del PSUC en defender Catalunya lo ha reconocido incluso Jordi Pujol, el dirigente histórico de la derecha nacionalista. Pero esta defensa no era por la independencia de Catalunya. El independentismo fue una fuerza menor, tanto en la lucha antifascista como después. La lucha (y no hay otra manera de definirlo) de las izquierdas era una defensa de una nación catalana dentro de una España plurinacional, que la II República había iniciado pero cuyo intento fue interrumpido por las armas. Fue una movilización popular de izquierdas que llevó al presidente Companys a proclamar “el estado catalán dentro (repito dentro, nota mía V.N.) de la República Federal española”. Fue solo horas después que, como recordaba José Luis Cebrián en su artículo este domingo en su diario El País, “el ejército ocupó los edificios oficiales de Barcelona, encarcelando al President Companys (y también a Azaña que estaba en aquel momento en Barcelona)”. Es indicador de la enorme debilidad de la democracia española que Juan Luis Cebrián alertara en las páginas de su diario de que esto podría ser un resultado de lo que está ocurriendo en Catalunya. Por lo visto, el Sr. Cebrián parece no ser consciente que la admisión de este hecho muestra lo enormemente insuficiente que fue la transición, a la cual El País siempre ha presentado como modélica. Algunos de nosotros recibimos gran cantidad de abusos por señalar lo inmodélica que fue aquella transición pues no cambió la relación de fuerzas dentro del supuestamente nuevo estado democrático, lo cual determinó el subdesarrollo social de España y la irresolución de su plurinacionalidad.

El movimiento antifascista en Catalunya fue liderado por las izquierdas que no eran separatistas y no pedían la independencia de Catalunya. En miles de hogares catalanes, incluido el mío, la bandera catalana estaba siempre al lado de la bandera republicana. Mis padres y su generación lucharon para alcanzar una Catalunya democrática, justa y libre, dentro de una España democrática, justa y libre, en la cual se encontraría Catalunya. Y esto es por lo que luchó gran parte de mi generación en Catalunya en los años cincuenta, sesenta y setenta. Ha sido la imposibilidad de alcanzar esta situación lo que explica que muchos de los hijos y nietos de tales generaciones que, identificando España con esta España dominada por el nacionalismo españolista, ha abandonado el intento de cambiar España y se están centrando ahora en conseguir la Catalunya que sus padres y abuelos también desearon. Pero, agotados ya por tanta oposición y resistencia (que requeriría un cambio sustancial dentro de España que creen imposible que se realice), decidieron hacerlo fuera de ella. Ni que decir tiene que ni toda la población catalana es independentista ni todos los que estaban en la marcha lo eran. Pero que hay un sentimiento de hartazgo con esta España (gobernada hoy por los herederos del franquismo) sí que está bastante generalizado pues han coincidido el déficit social, con el déficit democrático, y el déficit nacional.

Sería paradójico que ahora este movimiento de protesta lo liderara el gobierno de derechas nacionalista catalán que siempre (repito siempre) ha apoyado las medidas antisociales del gobierno del PP, que han dañado enormemente a las clases populares de España, y de Catalunya, y que en el Parlament catalán han siempre contado con el apoyo para sus recortes que están desmantelando el estado del bienestar catalán del mismo PP perjudicando enormemente al pueblo catalán. En realidad, tal como indico en otro artículo (“Lo que está ocurriendo en Catalunya, y en España” Público 20.09.12), lo que estamos viendo en Catalunya es el intento del partido gobernante, CiU, de aprovechar tal movimiento popular para sus propios fines electorales, haciendo olvidar a la población (con la ayuda de los medios públicos de información de la Generalitat, Catalunya Ràdio i TV3, abusivamente utilizados por CiU) de los enormes recortes, y casos de corrupción que mostraban un claro impacto negativo en su popularidad.

Esta observación no quiere decir, como se ha malinterpretado en algunos medios de Madrid, que el movimiento del 11-S sea una maniobra de CiU para ocultar tales realidades. Tal movimiento es popular porque responde a reivindicaciones que son justas y necesarias, y que deben atenderse. Pero, que el gobierno CiU las está intentando canalizar para sus fines electorales es obvio. Sería importante que las izquierdas y los sindicatos que acudieron a la manifestación (y los sindicatos fueron en pleno) no permitieran que ello ocurriera. Y para ello sería importante que establecieran complicidades con las izquierdas españolas (que son federalistas y han aprobado el derecho a la autodeterminación) para coordinar esfuerzos y así facilitar, no solo el cambio en Catalunya sino también en España, sin lo cual el cambio en Catalunya sería incluso más difícil. No hay que olvidar que la intervención militar en Barcelona, que Cebrián cita, contribuyó, como respuesta más tarde, a la victoria electoral en toda España del Frente Popular. Ni que decir tiene que los tiempos son muy diferentes y los probables acontecimientos serán distintos. Pero hay que ser consciente de que Catalunya y España han estado viviendo estos años gran agitación social. Y en Barcelona hemos visto ya en lo que va de año varias manifestaciones y veremos otras. Y sería un gran error que no confluyeran para exigir una nueva realidad en Catalunya y también en España.