Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) pero no lo es

Vicenç Navarro
Autor de Ataque a la democracia y al bienestar (Anagrama, 2015)

En las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, los partidos independentistas consiguieron una mayoría parlamentaria que presentan como prueba de que “tienen un mandato del pueblo catalán” para independizarse y separarse de España, y ello a pesar de que la mayoría del voto expresado en las urnas aquel día no fue para partidos independentistas, sino para partidos no independentistas. Ni que decir tiene que los primeros consiguieron un voto minoritario muy elevado, pero, a pesar de ser muy elevado, no fue la mayoría del pueblo catalán. Tenemos así una situación en la que las opciones políticas hoy mayoritarias en el Parlamento catalán no tienen el apoyo de la mayoría del electorado catalán para alcanzar su principal promesa programática –la independencia de Catalunya-. Su constante énfasis en que sí que tienen un mandato mayoritario no se apoya en lo que los catalanes votaron en aquellas elecciones. En realidad, consiguieron una mayoría parlamentaria como consecuencia de que la ley electoral catalana (que es prácticamente idéntica a la española) es de las menos proporcionales que existen en Europa, realidad que he estado denunciando desde hace tiempo. Tanto en España como en Catalunya, los gobiernos constantemente aplican leyes aduciendo un mandato popular que no se corresponde con los deseos de la mayoría de la población.

Uno de los muchos indicadores del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado es precisamente el sesgo antidemocrático de las leyes electorales, que discriminan claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y otras clases sociales, discriminando a las ciudades (a favor de las zonas rurales) y a la clase trabajadora (a favor de otras clases sociales). Y un ejemplo de ello son las últimas elecciones en Catalunya. La mayoría de los no independentistas reside en las grandes ciudades de Catalunya, y muy en especial en los barrios obreros. Y ahí están las bases del diferencial entre voto y escaños parlamentarios. El punto débil del independentismo es su limitado atractivo entre las clases trabajadoras en Catalunya debido, en parte, a la mayor identificación con España entre estos sectores de la población y también al hecho de que el movimiento independentista está liderado por un gobierno liberal que ha apoyado las medidas (como la reforma laboral y los recortes de gasto público) que han perjudicado con mayor intensidad a las clases populares.

El sesgo de la ley electoral española (y de la catalana) tenía y continúa teniendo el propósito de discriminar a la clase trabajadora

Este sesgo antidemocrático no es casualidad, pues el objetivo de dicha ley electoral fue precisamente este: el de frenar al Partido Comunista (cuya base electoral era mayoritariamente de clase trabajadora), condición que impuso la asamblea del Movimiento Nacional en las últimas etapas de la dictadura antes de disolverse. Tal condición era el establecimiento de una ley electoral que discriminara a las zonas urbanas a costa de favorecer a las zonas rurales, de claro cariz conservador. El hecho de que incluso hoy se requieran casi 49.000 votos para conseguir elegir a un parlamentario en Barcelona, y solo 21.000 votos en Lleida, se debe a esta decisión política. Otro tanto ocurre en el resto de España.

Esta motivación en el diseño de la ley electoral ha sido reconocido por dirigentes de la derecha española que jugaron un papel clave en la Transición, como el Sr. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y el que fue presidente del mayor partido de derechas (que se definía como de centro, como las derechas siempre se han definido en España) durante aquel periodo, el Sr. Leopoldo Calvo Sotelo. Este último, el mismo año de su fallecimiento, subrayó que el diseño de la ley electoral (que se inició en las últimas fases de la dictadura) tuvo como objetivo la intención de frenar la presencia del Partido Comunista en las instituciones que llamaron representativas, forzando un sistema que tuvo poco de representativo.

Una consecuencia de ello es que, como he documentado en varias ocasiones (ver mi artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo”, El Viejo Topo, julio-agosto 2008), en todas las elecciones generales durante el período democrático desde 1977 a 2008, la suma de votos a partidos de izquierdas en España había dado una cifra superior a los partidos de derechas (excepto en 1977, las primeras elecciones democráticas, en 1979, y en 2000, debido a la enorme abstención). Otros estudios más recientes confirman este análisis de la situación. En un excelente artículo de la ley electoral española aparecido en la revista El Siglo (“Una democracia por mejorar”, 09.11.15) se muestra que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008.

Muchas son las consecuencias de esta realidad, desde el enorme subdesarrollo y subfinanciación del Estado del Bienestar español (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006), hasta el enorme fraude fiscal  y las regresivas políticas tributarias. Añádase a esta situación de escasa calidad democrática, la escasísima diversidad ideológica de los medios de información que sistemáticamente discriminan a las izquierdas (ver mi artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”, Público, 19.11.15), siendo el gran apoyo de los mayores medios al nuevo partido de derechas Ciudadanos (la esperanza de las derechas) frente a la gran hostilidad hacia el nuevo partido Podemos y hacia IU, un indicador de ello.

Y la escasa proporcionalidad del sistema electoral se ha ido acentuando con añadidos y modificaciones a la ley electoral que hacen más difícil el ejercicio del voto. Un caso claro es la reforma del año 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (aprobada por el gobierno Zapatero con el apoyo del PP, de CiU y del PNV) que tuvo como consecuencia aumentar la dificultad para votar a los ciudadanos españoles que viven en el extranjero (1.875.272 ciudadanos españoles que viven o están fuera de España del total de 36,5 millones de personas que tienen derecho al voto en España). Es un ejemplo más de clara manipulación mediática del gobierno conservador-neoliberal de la Generalitat de Catalunya, que acusó al gobierno central del partido conservador-neoliberal español de dificultar las votaciones de los catalanes que vivían o estaban en el extranjero, cuando, en realidad, ambos partidos –el español y el catalán- habían dificultado, con la nueva ley, el ejercicio de tal derecho.

Las muy insuficientes reformas del supuesto sistema democrático

La gran mayoría de reformas que se están proponiendo por parte de los partidos políticos se basan en deseados cambios en la gestión de los partidos, lo cual es importante, pero muy insuficiente. Que los partidos políticos españoles (incluyendo los catalanes) son partidos con escasa vocación democrática, queda ilustrado en el estudio Ranking 2015 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles, que muestra que solo dos partidos (ambos de izquierda), Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego, pueden ser considerados como partidos -en términos comparativos con los existentes en el Reino Unido y Alemania- merecedores de ser considerados partidos con democracia interna. Ni que decir tiene que incluso estos dos partidos tienen todavía un largo recorrido para alcanzar los niveles de democracia que deberían exigirse. Pero están claramente en la dirección de alcanzarlo. No así en el resto de partidos.

Ahora bien, otro tema esencial para que el sistema electoral pudiera definirse como democrático, sería conseguir que todo ciudadano tuviera la misma potestad de configurar la gobernanza del país (es decir, conseguir la representatividad proporcional). Esta es una reforma urgente y necesaria y que tendría un enorme impacto en la vida política del país. Pero se requeriría otra reforma igualmente necesaria y urgente, que es el establecimiento de formas de democracia directa, como los referéndums, a todos los niveles del Estado, desde el central, al autonómico y municipal. Y ahí estamos en pañales. Existe una oposición antidemocrática por parte de los establishments político-mediáticos –lo que se define como la casta- hacia el  ejercicio del derecho a decidir a todos los niveles. La oposición a que el pueblo catalán pueda ejercer tal derecho -que la mayoría de la población en Catalunya apoya- es un ejemplo de ello. La derecha española, PP y Ciudadanos, y la dirección del PSOE (de escasa vocación democrática), se oponen a dicho ejercicio. El PP y el PSOE, los máximos beneficiarios del sistema bipartidista, bases del Estado español, han sido los que se han opuesto más a la democratización del Estado. Ambos partidos de baja calidad democrática, se oponen al ejercicio de estas formas de democracia directa, que debilitarían su protagonismo. Y Ciudadanos se opone también, aunque por motivos diferentes. Su oposición al derecho a decidir es porque desea conseguir rentabilidad política de su supuesta defensa de la “unidad de España” (aunque el ejercicio de tal derecho resolvería precisamente las tensiones artificiales creadas por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y también por CDC en Catalunya, pues tal deseo mostraría que la voluntad de la mayoría de los catalanes es permanecer en España, desmontando así los argumentos independentistas). Son precisamente estos partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) –que Pablo Iglesias ha definido correctamente como el búnquer- los que están incrementando el hastío y frustración en Catalunya hacia el Estado central, aumentando el independentismo.

Esta breve crítica del sistema llamado democrático aparece con plena evidencia en la nula diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información (tanto públicos como privados) españoles, instrumentalizados por los poderes económicos y financieros y por los gobiernos, y que no ofrecen la pluralidad, veracidad y rigor que un sistema democrático exige. El artículo del New York Times que ha creado un gran revuelo en España no descubre nada que la mayoría de la población no conociera ya en España, pero que los medios continúan negando. Tanto los medios televisivos como la prensa en papel carecen de credibilidad en España, otro tema que he estado denunciando por mucho tiempo. En el último programa de Salvados, los dirigentes de los medios entrevistados atribuyeron el resultado de una encuesta realizada en Europa (que mostraba que la ciudadanía española era la que desconfiaba más de sus medios) a que los ciudadanos españoles tienen una vocación más crítica que los ciudadanos de otros países. No aceptaron –a pesar de la enorme evidencia de lo contrario- que el problema mayor era la abusiva instrumentalización de los medios por el poder financiero (la banca) con el cual están endeudados, y por los partidos gobernantes. Hoy, tales medios son un enorme obstáculo para el pleno desarrollo democrático de España. En realidad, el programa La Sexta Noche es un programa que –sin quererlo y sin ser su intención- muestra claramente el bajo nivel de democracia existente en España. Lo que se presenta como un debate, es una sarta de insultos, mezquindades, gritos y un largo etcétera (procedentes en su mayoría de los tertulianos de derechas) que muestra muy bien, por desgracia, la escasa calidad democrática existente en España. Así de claro.