La escandalosa complicidad de la banca privada y el estado: el caso de las cláusulas suelo

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Desde que me reintegré de nuevo al mundo académico de España, he escrito extensamente sobre el excesivo poder que la banca privada tiene sobre las instituciones representativas del Estado (incluidos los partidos políticos) y sobre su desmesurada influencia en los medios de información, todos ellos, por cierto, profundamente endeudados con la banca privada, que utiliza los préstamos a los medios y a los partidos como manera de ejercer presión. En ninguno de los países en los que he vivido o trabajado durante mi largo exilio la banca tiene tanto poder como en este país, un poder que debilita y corrompe la ya muy insuficiente y limitada democracia española. Tal influencia se extiende a casi todas las instituciones reproductoras de valores, incluidas, por cierto, las universitarias, donde la banca privada ejerce su gran influencia a base de financiar grupos de investigación y centros académicos que predeciblemente siempre sesgan sus estudios para favorecer sus intereses (pero nunca financian a economistas críticos). El dominio del pensamiento liberal y del dogma económico neoliberal en la cultura económica y mediática de España es un claro indicador de ello.

El Banco de España es un lobby de la banca

La complicidad entre la banca y el Estado alcanza su máxima expresión en el Banco de España, la institución que debería supervisar y regular la banca privada, habiéndose convertido, en su lugar, en el mayor lobby de dicha banca. Y si no se lo cree, entérese de lo que ha pasado con las cláusulas suelo, que son ni más ni menos que el pago de una cantidad extra por parte de la persona que pide un préstamo hipotecario para garantizar que el banco nunca perderá dinero. Cuando usted pide una hipoteca, el banco le pide unos intereses que pueden variar según el precio del dinero, pero los intereses que terminará pagando no siempre seguirán las reglas del mercado, ya que según las mismas reglas del mercado, si los intereses bajaran mucho, ello debería verlo usted reflejado, pero el banco no tendrá esto en cuenta y continuará cobrando unos intereses más altos que los que el mercado indique, pues lo último que el banco desea es perder dinero. Esta regla –la cláusula suelo– quiere decir que el banco nunca perderá dinero, digan lo que digan las llamadas reglas del mercado.

Como usted es probable que sepa, los economistas y políticos liberales siempre hablan de la supremacía del mercado. Pero lo que nunca dicen es que, como acabo de decirle, raramente lo que ellos definen como mercado funciona, en realidad, como un mercado. En un mercado –según los libros de texto– debe haber ganadores y perdedores. Pues bien, las cláusulas suelo son el pago extra que hace el prestatario (es decir, el que toma dinero a préstamo) para asegurar al banco que nunca perderá. Es una práctica desconocida en la mayoría de países (que son muchos) en los que viví o trabajé durante muchos años. En realidad, es conocido fuera de España que la banca española goza de muchísimos privilegios que la banca no tiene en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, EEUU y Canadá, por un lado, y la UE por el otro.

Es por esta excepcionalidad (resultado del poder de la banca privada sobre las instituciones políticas y sus partidos –la mayoría financiados por ella–) que el tribunal de justicia más importante de la UE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ordenó que se eliminara tal privilegio de la banca, exigiendo que devolviera a los ciudadanos el dinero que pagaron como consecuencia de dichas cláusulas desde el momento que estas cláusulas se incluyeron en el contrato entre el prestamista (es decir, la banca) y el ciudadano (el que contrata una hipoteca).

Las voces aliadas de la banca

El coro de protesta a favor de la banca y en contra de la instrucción del TJUE ha sido extenso. Una de las primeras voces de este coro fue, predeciblemente, el gobierno del PP (al cual, por su enorme proximidad con la banca privada, debería llamarse “la banca en las Cortes”), que inmediatamente indicó que tenía que limitarse la devolución del dinero a la población que se consideraba afectada (1 millón y medio de clientes, un número probablemente inferior al real) pues de no ser así los bancos colapsarían, a no ser que, de nuevo, el Estado (es decir, usted, lector) los ayudara financieramente.

Otra voz fue el Banco de España (que como he dicho antes es un lobby de la banca), que indicó que tal pago de la banca privada a la población afectada “crearía graves trastornos en la estabilidad financiera de España”, el mismo argumento que tal Banco y el gobierno español siempre utilizaron para ayudar a la banca privada cuando estuvo a punto de colapsar debido a sus inversiones especulativas, creando la burbuja inmobiliaria. El Banco de España y los gobiernos españoles justifican la ayuda escandalosa a la banca utilizando una narrativa aparentemente más neutra, refiriéndose a la necesidad de “mantener la estabilidad financiera”, que, en realidad, se basa en una explotación cruda y grosera de la ciudadanía, una explotación, en este caso de cláusulas suelo, de nada menos que de casi 10.000 millones de euros, y ello sin contar con los millones de españoles que ni siquiera son conscientes de que tienen cláusulas suelo en sus contratos. En realidad, la estrategia de la banca ha sido tratar de ocultar al máximo la situación profundamente injusta pero legal (como consecuencia de su poder político) que esta ha estado imponiendo a la ciudadanía, con la complicidad del gobierno del Estado y del Banco de España.

En realidad, la respuesta de tales instituciones a la sentencia del TJUE que se devuelva el dinero obtenido a través de tales cláusulas suelo al cliente del banco, restituyéndolo al prestatario, ha sido la de retrasar y dificultar tal recuperación del dinero por parte del ciudadano. El Real Decreto del gobierno (aprobado también, además del PP, predeciblemente por el PSOE y Ciudadanos, y por el PNV y Coalición Canaria) concedió un plazo de tres meses para que los bancos negocien acuerdos con los clientes abusados y estafados (que habían sido forzados a pagar una cantidad extra que en otros países no se paga). Tal como está redactado parece, pues, asumir que la cantidad que el banco privado debe pagar es negociable, es decir, que tiene que negociarse con el cliente, lo cual no tiene por qué ser el caso. Como bien ha indicado la diputada de Podemos (de los pocos partidos que no reciben ninguna ayuda o préstamo de la banca) en el Congreso de los Diputados, la Sra. Lucía Martín, no hay nada que negociar. La cantidad que tiene que pagarse es conocida, y hay que ayudar a la ciudadanía frente a los bancos para que estos paguen. No hay que negociar nada y los bancos deben hacer inmediatamente el pago. Y ahí está la situación escandalosa desde el punto de vista democrático, pues el Real Decreto no obliga a los bancos a comunicar a los que tienen hipotecas si tienen una cláusula suelo en sus contratos. En realidad, la asociación de consumidores de Asturias ha hecho una encuesta y ha podido comprobar que casi la mitad de las personas que tenían tales cláusulas suelo en sus hipotecas no eran conscientes de ello. Y los bancos lo saben y se callan. En realidad solo un 10% de los afectados reclama.

El Banco de España, una de las instituciones más reaccionarias de España

La evidencia es clara y contundente. El Banco de España ha apoyado continuamente las políticas públicas más reaccionarias del país, que dañan sistemáticamente el bienestar y la calidad de vida de las clases populares. Tal banco ha apoyado las reformas laborales que han disminuido los salarios y aumentado espectacularmente la precariedad en el mercado laboral; ha apoyado la reducción del gasto público y muy en particular de los servicios públicos del Estado del Bienestar; ha promovido siempre el aumento de la edad de jubilación, añadiendo siempre tres o cuatro años más a la vigente, sea esta la que sea; ha favorecido los planes privados de pensiones (cuya eficiencia, por cierto, es mucho menor que la del aseguramiento público); y así constantemente. Todos estos temas, en los que participa activamente, son, por cierto, temas que el Banco de España no tiene autoridad para comentar, pues caen fuera de su jurisdicción, que es única y exclusivamente regular el sector bancario, tarea en la que ha mostrado una notable dejadez, incompetencia y sesgo probancario que alcanza niveles criminales.

La necesidad de cambiar 180º esta institución pública, el Banco de España

El sistema financiero español está excesivamente sesgado a favor de los banqueros, cuyas elevadas remuneraciones (de las más altas de la UE) no pueden justificarse a la vista de su escaso y muy limitado servicio a la ciudadanía, discriminando sistemáticamente a las clases populares, que son las que sufren más las consecuencias de su comportamiento claramente antidemocrático. Según la Autoridad Bancaria Europea, los 125 ejecutivos españoles mejor pagados del sector financiero consiguieron, como promedio, unos ingresos anuales de alrededor de 2,4 millones de euros por ejecutivo en 2011, los más altos de la Unión Europea. Mientras, el usuario del sistema bancario español es el que recibe más abusos y peores servicios entre los usuarios de los sistemas financieros europeos (ver “El maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas”, Sistema digital, 04.04.14).

Y una institución clave dentro de tal sistema es el Banco de España, que, como indiqué antes, es más un lobby de la banca privada que una institución reguladora que trabaje a favor de la ciudadanía (que es la que paga y sostiene su existencia) y muy en particular de la mayoría de la ciudadanía –que son las clases populares–.

Este sesgo del Estado favorable a la banca privada, que aparece con gran claridad en el comportamiento del Banco de España, explica la masiva inyección de fondos públicos a la banca, siendo el sector bancario español el que ha recibido más ayuda de fondos públicos en la UE. Frente a esta realidad, los cambios necesarios son profundos. La gran cantidad de estos fondos públicos no deberían haber ido a ayudar a la banca privada, sino a agrandar el sector público bancario (que es uno de los más reducidos de la UE). España tiene un sector bancario privado hipertrofiado, muy poco eficiente y con una nula vocación de servicio público. En realidad, la banca privada debería realizar una función pública, sin la cual no tendría derecho a su existencia. Función pública no quiere decir nacionalizarla, sino que significa establecer unas normas y comportamientos de servicio público (de la misma manera que los taxis son privados pero realizan un servicio público). El profesor Juan Torres y yo planteamos esta medida en nuestra propuesta económica que preparamos a petición de Podemos. Tal medida no debería excluir, sin embargo, las nacionalizaciones, como debería haberse hecho con Bankia, en lugar de privatizarla. Lo que sí está claro es que el sistema bancario, tal como está hoy constituido, está dificultando el desarrollo económico del país y el bienestar de la población. Así de claro.