La deuda de la Generalitat de Catalunya bajo la lupa de la ciudadanía

29 Sep 2014
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Iolanda Fresnillo y Gina Argemir
Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD – Catalunya)

La política neoliberal europea ha empujado a los países del sur de Europa a un callejón sin salida. El fracaso de las políticas de austeridad expansiva —recortes de políticas públicas sociales y devaluación interna vía salarios— más la asunción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, han provocado tal asfixia de la economía que, a día de hoy, son inalcanzables niveles de crecimiento de PIB y de inflación suficientes para reducir el nivel de deuda soberana en los años futuros.
Si bien el Pacto Fiscal Europeo plantea como objetivo la rebaja de la deuda soberana hasta el 60% del PIB en el plazo máximo de 20 años, la realidad es que el neoliberalismo está siendo víctima de sus propias recetas, pues la deuda soberana no hace más que crecer.

Paralelamente, la ciudadanía estamos siendo testigos directos de las consecuencias de la imposición legal de la priorización del pago de la deuda y sus intereses, por encima de las garantías de los derechos humanos y sociales. Y esto, en un contexto de falta total de transparencia de las finanzas públicas y de sus enlaces con el mundo del capitalismo financiero.

El próximo octubre, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) en Catalunya publicaremos un informe que analiza la composición de la deuda pública catalana y su volumen en comparación con otras comunidades autónomas. Este trabajo responde a la necesidad de conocer dónde se están destinando los recursos que deberían garantizar derechos como el de la salud o la educación, y los porqués de este proceso. No se trata de una auditoría propiamente dicha, sino que tiene como objetivo poner en marcha procesos de auditoría ciudadana a nivel catalán y en otros territorios del estado, en la medida en que grupos y movimientos sociales promuevan procesos participativos y de fomento de la transparencia, además del análisis y la denuncia de las deudas que puedan considerarse ilegítimas.

Una auditoría ciudadana de la deuda debería permitirnos identificar deudas ilegítimas: para entender cuánta deuda pública deriva de la socialización de deuda privada; qué volumen de endeudamiento se ha generado para pagar vencimientos de deuda y no para cubrir gastos corrientes; cuál es el saldo por habitante entre lo que ha “pagado” por el rescate bancario frente a lo que ahora “debe” presumiblemente a la banca; qué deuda ha sido generada por inversiones que, lejos de perseguir el bien común, han supuesto el enriquecimiento de agentes particulares, etc.

Pero más allá de los datos que nos pueda aportar la auditoría, desde la PACD entendemos que, en un contexto de emergencia social como el actual, es del todo ilegítimo priorizar el pago de la deuda por encima de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entendemos que el pago de la deuda debe estar supeditado a la garantía de los derechos de la ciudadanía, o de lo contrario se convierte en ilegítima.

Del informe que haremos público, podemos extraer algunas conclusiones: nos encontramos ante un crecimiento irrefrenable de la deuda; su pago prioritario va en detrimento del gasto social; el ajuste vía fiscalidad es inapreciable en consonancia con la voluntad política de no tocar privilegios de clase; existe una elevada dependencia de los mercados financieros; pocos bancos concentran la mayor parte de la deuda; y hay alternativas realistas a las medidas que se están aplicando en la actualidad.

En el informe también se analizan los factores que han llevado a un incremento importante del endeudamiento de la Generalitat de Catalunya. Entre ellos destacamos: un sistema fiscal regresivo agravado por el fraude y la elusión fiscales; un incremento del gasto derivado del pago de intereses de la deuda, que lleva a una espiral de nuevo endeudamiento para poder afrontar la deuda acumulada; y deudas que antes no se consolidaban pero que existían, como las de algunas entidades públicas o la deuda comercial con proveedores.

Hay que repensar cómo se financia el sector público para romper la dependencia de los mercados financieros. El impago de la deuda ilegítima, la construcción de una banca pública —a partir de la nacionalización de la banca rescatada— y una profunda reformulación del sistema fiscal, acompañado de medidas de control de capitales, promoción de la economía social y otros sectores para cambiar la matriz productiva del país, serían medidas adecuadas para romper esta dependencia a largo plazo.

En cuanto la falta de transparencia, si bien la PACD hemos podido acceder a datos disponibles para la ciudadanía —como los presupuestos públicos—, hemos topado con cierta opacidad a la hora de obtener información relacionada con el mercado financiero. Los datos no hechos públicos por la Generalitat de Catalunya, a las que finalmente la PACD ha podido acceder a través de la Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa d’Esquerres, demuestran la elevada dependencia de las finanzas públicas de un grupo muy reducido de acreedores, con capacidad de influir y determinar la política pública de la Generalitat de Catalunya.

Sólo quince entidades concentran la mayor parte de la deuda. Los mayores bancos españoles y catalanes (CaixaBank, BBVA, Bankia, Banco Santander y Banco Sabadell, entre otros) agrupan el 41% de la deuda (el 25% de los cuales está en manos de bancos españoles y el 16% en manos de bancos catalanes), mientras que el ICO, dependiente del Estado español, aparece como principal acreedor individual con el 31% de la deuda catalana. En cuanto a los bancos extranjeros, éstos concentran el 19% de la deuda (entre los que se encuentran Crédit Agricole, Deutsche Bank y Depfa-ACS Banco, entre otros) y un 9% está en manos del Banco Europeo de Inversiones y otras entidades públicas.

Entendemos que existen evidencias suficientes para cuestionar la legitimidad de la deuda de la Generalitat de Catalunya, así como la de otras comunidades autónomas, pero hace falta avanzar en el análisis colectivo para concretar y compartir estas evidencias, así como para hacer propuestas, incluyendo un posible impago de partidas de deuda pública. Hacen falta auditorías ciudadanas para acabar con la opacidad, la ilegitimidad y la dependencia del capitalismo financiero.


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