Opinion · Voces del mediterráneo

Trump reconoce a Jerusalén como capital del apartheid, el colonialismo y la ocupación militar

Antonio Basallote, Diego Checa, Lucía López y Jorge Ramos
Autores del libro ‘Existir es Resistir. Pasado y Presente de Palestina-Israel’ (Comares, Granada, 2017)

La decisión de la administración Trump de que se traslade la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén supone un cambio radical en la política exterior del país en la región y el reconocimiento norteamericano de la ciudad como la capital del Estado de Israel; es decir, como capital del apartheid, del colonialismo y de la ocupación militar.

Estados Unidos ha sido un mediador controvertido por su estrecha relación -al menos desde 1967- con Israel. En esa mediación, la solución de los dos Estados era un elemento fundamental para tratar de satisfacer tanto al sionismo israelí como a gran parte del movimiento nacional palestino, tal y como quedó de manifiesto durante el proceso de Oslo. Esta solución contemplaba el establecimiento de la capitalidad del Estado de Israel y del futuro Estado palestino en una Jerusalén dividida, siguiendo las líneas divisorias marcadas por la guerra de 1948. Asimismo, parecía suponer el fin de la ocupación militar y la colonización de la parte Oriental, puesta en marcha por Israel tras la ocupación militar de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en 1967.

Con la declaración de Trump el proceso de Oslo está muerto (si es que aún le quedaba algo de vida). Ese plan, que beneficiaba a la parte ocupante y colonizadora, ya no tiene viabilidad. EEUU ha decidido reconocer unilateralmente lo que el derecho internacional no permitía, legitimando así unas políticas de colonización, discriminación y apartheid que violan sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los principios de los Derechos Humanos. Trump ha decidido que no hay norma ni derecho que valga, excepto el suyo y el de sus aliados.

Hay por otra parte, algunas razones de índole interna para esta decisión. El sionismo cristiano, abanderado por sectores evangelistas estadounidenses de los que forman parte millones de personas, es tradicionalmente fiel al voto republicano y predica la necesidad de unir a la comunidad judía en Israel como requisito imprescindible para segunda venida de Cristo. Ya en 1818, otro presidente estadounidense, John Adams, había mostrado su apoyo a una “nación independiente en Judea”. Sin embargo, nadie había llegado tan lejos como Trump para ganarse el apoyo de este grupo.

Tampoco hay que desdeñar los esfuerzos del gobierno de Netanyahu persuadiendo a la administración Trump de la sintonía entre los intereses estadounidenses y las políticas expansionistas israelíes. A todo ello debemos también sumar el errático rumbo de la política exterior de Trump, que puede estar esperando a que se materialicen algunas concesiones israelíes para impulsar un acuerdo final sobre la cuestión palestina y que los petrodólares saudíes convenzan a la población palestina de que Abu Dis (localidad periférica de Jerusalén Este) sería una buena solución alternativa para la capitalidad del Estado palestino.

Lo que está claro es que la decisión de Trump reconoce la política de hechos consumados de Israel en Jerusalén, algo que nunca había ocurrido antes. Si bien el Plan de Partición de la ONU de 1947 contemplaba ya la internacionalización de la ciudad, esta nunca llegó a producirse. La razón principal fue la limpieza étnica de la Nakba -que también se dio en barrios occidentales jerosolimitanos como Baqa’a, Katamon o Talbiya- y a la guerra de 1948, que dividió la ciudad en dos zonas: la occidental, controlada por las fuerzas sionistas-israelíes y la oriental, bajo dominio (trans)jordano. En 1967, Jerusalén Este fue conquistada por el ejército israelí, ocupada militarmente y anexionada al Estado de Israel en flagrante violación del derecho internacional. Con la llegada de las tropas israelíes a la Ciudad Vieja de Jerusalén, Israel consideró que las 135 casas y los edificios de ocho siglos de historia del barrio magrebí debían ser arrasados para dejar más espacio al Muro de las Lamentaciones, una acción que supuso la expulsión de unas 700 personas. Estos jerosolimitanos desahuciados (de Palestina y de la Historia) solo eran una pequeña parte de los 300.000 palestinos que, según el Departamento de Estado de los EEUU fueron expulsados o desplazados en junio de 1967, durante la Naksa palestina.

Desde entonces y hasta la actualidad, Israel ha practicado unas políticas de colonización, expulsión y discriminación de la población palestina autóctona de la ciudad, que organismos de las Naciones Unidas han calificado como políticas de apartheid. Así, por ejemplo, la colonización de Jerusalén Este ha instalado a 200.000 colonos israelíes sobre 15 asentamientos ilegales en el territorio ocupado, contraviniendo el Derecho Internacional Humanitario. Con la decisión de Trump, el fundamentalismo sionista que alimenta el movimiento colono israelí en Jerusalén recibe un espaldarazo y puede animarle a romper el status quo vigente en la Explanada de las Mezquitas. Hoy no son pocos los grupos radicales religiosos y de ultraderecha dirigidos por colonos -como “los Fieles del Monte del Templo”, “El Monte del Templo” o el “Instituto del Templo”- que insisten en acabar con esta disposición e instan constantemente a la construcción de lo que sería “el tercer templo” sobre la Cúpula de la Roca y la Mezquita al-Aqsa, lugares que han tratado de ser destruidos en varias ocasiones por grupos fundamentalistas sionistas desde la década de 1980.

Este proceso de colonización se ha desarrollado en paralelo a la expulsión de población palestina de Jerusalén, donde no solamente se ha impedido el retorno a la población palestina refugiada, sino que también se ha revocado el derecho a residir a unas 14.000 personas (por no poder demostrar que el “centro de su vida” está allí, por ser acusados de desleales a Israel o por residir más de 7 años en el extranjero) y se ha imposibilitado el registro del nacimiento de 10.000 niñas y niños en la ciudad desde 1967. Otras 100.000 personas perdieron el acceso a Jerusalén debido a la construcción del Muro de Apartheid, considerado ilegal en 2004 por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, que instó a la comunidad internacional a que colaborase en su desmantelamiento.

Las políticas israelíes también discriminan a la población palestina de Jerusalén Este con respecto a la población judía israelí. Dos datos pueden servir para ilustrar esta discriminación: mientras que el 90% del presupuesto municipal se destina a los barrios de mayoría judía, los barrios de mayoría palestina de Jerusalén Este solamente reciben un 10% de ese presupuesto; de la totalidad de permisos de construcción emitidos por las autoridades municipales solamente el 7% se conceden a miembros de la comunidad palestina. Además, millones de personas palestinas no pueden pisar Jerusalén excepto si consiguen un permiso especial israelí; aunque vivan a pocos kilómetros, y simplemente por ser palestinas.

La decisión de Trump ha encontrado una oposición unánime de la comunidad internacional, a excepción de Israel. Esta oposición también incluye a un sector importante de la comunidad judía internacional (desde la corriente reformista estadounidense hasta la ultraortodoxa antisionista) y la resistencia de una población palestina que ha sobrevivido a más de 100 años de colonialismo y 50 de ocupación militar y que no ha cesado en la lucha por afirmar sus derechos como seres humanos y como pueblo. A lo largo de Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén Este y en la propia Israel, las resistencias se materializan en la lucha contra el Muro, contra la expansión de las colonias, contra la limitación sus libertades y contra la discriminación. Unas resistencias que impulsa la población palestina, pero en las que también participan grupos judíos e israelíes antisionistas y activistas de todo el mundo. En este último caso, sobre todo, a través del movimiento BDS, que crece cada semana y que paulatinamente es considerado por más personas como la mayor esperanza internacional para que Israel cumpla con el derecho internacional y los Derechos Humanos de la población palestina. En definitiva, el resultado de esta decisión de la administración estadounidense tendrá mucho que ver con la resistencia popular palestina, que ya el pasado verano mostró su fortaleza mediante una campaña de desobediencia civil en la propia Jerusalén.