Uno de los grandes logros de los primeros gobiernos socialistas en democracia fue sin duda la universalización de la educación. La política de becas permitió el acceso a la enseñanza superior de los hijos de los obreros y con ello fomentó la movilidad social vertical y la igualdad de oportunidades. Lo que antes era un privilegio de unos pocos se convirtió en un derecho de todos. Y se pusieron las bases para el surgimiento de lo que es probablemente la mayor riqueza de este país en la actualidad: su capital humano.

Hoy estamos asistiendo a una reforma de la educación que destruye buena parte de aquello que costó tanto trabajo construir. El aumento de las horas lectivas de los docentes y de la ratio de alumnos por aula, la eliminación de Educación para la Ciudadanía, el recorte presupuestario en la enseñanza, el aumento de las tasas universitarias y el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder al sistema de becas nos deja un panorama educativo del que un sector de la sociedad puede quedar perpetuamente excluido.

Todas la reformas que se están haciendo en el terreno de la enseñanza esconden un sustrato ideológico y una visión de la sociedad especialmente peligrosa. Se pretende abrir una brecha en las oportunidades sociales entre quienes más tienen y quienes menos tienen, poniendo trabas a estos últimos para acceder a los niveles superiores de enseñanza y, con ello, al empleo cualificado y mejor remunerado. Se privilegia la educación privada frente a la pública con una transferencia de recursos de la segunda a la primera como hemos visto recientemente en la Comunidad de Madrid, donde se han recortado 90 millones de euros del presupuesto educativo que se destinan a subvencionar la matricula en centros privados mediante desgravaciones fiscales.

Bajo el paraguas de términos como excelencia o merito, el ministro Wert esconde un clasismo casi decimonónico con su subida de las tasas universitarias y su endurecimiento del sistema de becas. Porque no se trata de poner trabas a la mediocridad académica sino de permitirla solo para quienes puedan pagársela. Y eso resulta inaceptable en una sociedad donde la igualdad de oportunidades es un valor fundamental. Tras la reforma de la educación se esconde un programa político inmoral y reaccionario que propone, junto al resto de reformas del Estado del Bienestar que está desarrollando el PP con la crisis como coartada, un modelo de sociedad esencialmente injusto y con mayores niveles de desigualdad.

Se ha dicho hasta la saciedad, además, que en España sobran licenciados. Y aunque los datos comparativos con otros países de nuestro entorno lo desmienten, se utiliza este argumento como coartada para limitar el acceso a la universidad por motivos económicos. No se plantea en cambio la necesidad de un nuevo diseño de la Formación Profesional a la alemana, que sirviese de verdadera alternativa a la universidad y que se encargase de prestigiar socialmente el trabajo manual y situarlo en una franja salarial más elevada.

Con este panorama, la histórica huelga en todos los niveles de la enseñanza convocada para hoy está más justificada que nunca. No solo por el impacto que estas reformas van a tener en nuestro sistema educativo sino porque señalan el camino hacia una sociedad menos formada y menos informada donde vivir resultará más difícil para los ciudadanos con menos recursos. Una suerte de selección natural que no podemos permitir en pleno siglo XXI.