La reciente movilización de los pueblos indígenas peruanos que desembocó en violencia comenzó en abril como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno del presidente de este país, Alan García, durante el  pasado año. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y territorios. Además, estas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal o informal con los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Mientras los negociadores del cambio climático se reúnen en Bonn, la sociedad civil, de aqui y de allá, solidaria con los indígenas, pide que prestemos especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima. Contra la lógica del capitalismo neoliberal que, en boca del presidente peruano, afirma que los recursos de Perú son de todos los peruanos, y si hay riqueza -negocios- hagámoslos y que ningún indígena se interponga en su camino. Porque en caso de ocurrir así, el aparato represor del Estado está ahí, preparado, dispuesto, para usar la violencia contra los manifestantes pacíficos indígenas que, según denuncian las mencionadas organizaciones, ha resultado en la muerte de al menos 30 personas hasta la fecha.