Las multinacionales, también las españolas, tienen un poder incuestionable. Algunas de ellas dan la impresión de situarse incluso al mismo nivel que el gobierno, e incluso por encima, lo que hace que sean beneficiarias de cierta impunidad. Parece razonable que surjan de la sociedad civil iniciativas que intenten reducir su poder y controlar sus posibles excesos. Porque las decisiones en una empresa, que tiene como razón de ser la maximización del beneficio, y nada más, serán muy diferentes a las de un gobierno democrático, que tiene como razón de ser la maximización de los votos, que en este caso, es el mal menor.

Las iniciativas de los movimientos sociales que tienen como objeto las multinacionales van enfocadas a la denuncia de sus malas prácticas, a los casos más flagrantes de violación de derechos humanos, prácticas corruptas y la incitación de la guerra. Entre ellas encontramos campañas que denuncian que la banca tenga relación con las empresas de armas, bien financiando sus exportaciones o poseyendo acciones en el sector de producción de armamento. Quienes reciben más críticas son los dos grandes bancos españoles. Otras campañas se refieren a las empresas del sector energético, tanto eléctricas como de petroleo. Estas empresas, para expandir su negocio, tienen impactos sociales y ambientales de perversos efectos en zonas donde habitan poblaciones, muchas de ellas indígenas. Otras empresas, del sector textil, deslocalizan de tal manera su producción, que llegan a permitir que las prendas que aquí compramos, sean producidas por trabajadores en condiciones laborales inaceptables desde un punto de vista humano.

Informes, libros y páginas web de organizaciones no gubernamentales documentan estas denuncias (Setem, ODG, Centre Delàs de Justícia i Pau). Si bien los abusos de las transnacionales es algo común, no podemos admitir que sea aceptable. Por la parte que nos toca, el caso de las empresas españolas nos deben hacer reaccionar. Comportándonos como consumidores responsables, dejando de colaborar con nuestro dinero con empresas que no nos dan garantías de que se comportan correctamente. Denunciando estas prácticas siempre que podamos. Democratizando también la economía.