Las medidas de austeridad aplicadas desde el inicio de la crisis han hecho mella en todos los pilares del Estado del bienestar. Los presupuestos de sanidad y educación se han visto ampliamente recortados, mientras los destinados al fomento de la actividad económica y las inversiones públicas han visto reducidas sus partidas hasta convertirlos en algo testimonial. En todo ello se aumenta la carga impositiva sobre el ciudadano de a pie y se perdonan cantidades millonarias a defraudadores fiscales.

Sin embargo, la partida destinada al gasto militar es, si no la menos, una de las menos afectadas por los recortes presupuestarios. El volumen de las fuerzas armadas españolas se sigue manteniendo en niveles similares a los años de bonanza económica, al tiempo que las empresas y administraciones públicas –entre las que llama especialmente la atención la de sanidad y educación- están aplicando  fuertes ajustes de plantilla. Las operaciones militares en el exterior gozan de un presupuesto extraordinario anual constante, que el gobierno esconde en el Fondo de Contingencias. La inversión en I+D militar sigue gozando de una partida pública considerable que bien podría servir para promover la investigación civil, drásticamente reducida cuando puede ser una de las pocas salidas a la pérdida de productividad de las empresas españolas. La compra de nuevos armamentos por valor de decenas de miles de millones sigue suponiendo un lastre para el presupuesto público y un aumento de la deuda, ya de por sí elevada.

Sin las costosas y cuestionables aventuras militares en lejanas tierras, el despilfarro en centenares de nuevos aviones de combate, barcos de guerra, carros de combate, misiles, submarinos militares... y sin el mantenimiento de un sobredimensionado ejército, tendríamos disponibles miles de millones para gasto social.  El gasto militar es, además, un lastre para el cumplimiento del objetivo de déficit público, que obliga a que el gasto público que revierte sobre el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas sea cada vez menor. En estos momentos en que son millones las personas que sufren la crisis y la falta de asistencia social, el parlamento español y el actual gobierno tienen no solo la obligación moral si no el deber de reducir de manera considerable el gasto militar.