Al sur a la izquierda

Alaya pierde otro prisionero

Una de las tentaciones más comunes, y más difíciles de refrenar, entre los jueces de instrucción es la de hacer prisioneros. Es una inclinación que los magistrados practican con la bien fundada esperanza de que durante su estancia en prisión los imputados recuperen la memoria perdida a lo largo de la instrucción judicial, se ablanden en su lealtad para con otros encausados o, directamente, se quiebre su determinación de ocultar pruebas o de negar los delitos que cometieron.

El desenvolvimiento judicial del caso de los ERE falsos parece demostrar que la juez instructora Mercedes Alaya, al igual que han hecho compañeros suyos en el pasado, podría haber utilizado con alguna ligereza la figura de la prisión provisional, bien sin fianza bien imponiendo cantidades fuera del alcance del bolsillo de los encarcelados. De los tres imputados a quienes sucesivamente Alaya, de baja por enfermedad desde hace varias semanas, envió a prisión en el curso de sus investigaciones sólo sigue durmiendo entre rejas el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, de cuya responsabilidad directa en la concesión de ayudas irregulares a empresas y prejubilaciones a trabajadores intrusos nadie tiene demasiadas dudas, si bien se desconoce en compañía o con la connivencia de quiénes tomó esas alegres decisiones.

Tras la liberación semanas atrás del exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, ayer mismo la Audiencia Provincial de Sevilla decidió poner en libertad al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a quien Alaya había impuesto inicialmente una fianza de 150.000 euros que más tarde la propia instructora rebajaría a 75.000 tras el recurso del abogado de Trujillo solicitando la libertad sin fianza para su cliente. La Audiencia ha atendido ahora las tesis del chófer y lo deja libre sin fianza al entender que su permanencia en prisión tras siete meses  era "un agravio comparativo" con respecto a otros imputados que cargan con delitos equiparables.

El último prisionero de Alaya es Guerrero, cuyo recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla sigue pendiente de resolver, si bien hay un hecho que permite a su abogado concebir alguna esperanza: el juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, ya rebajó en septiembre pasado de 250.000 a 150.000 euros la fianza impuesta por su compañera de juzgado al ex director general.

El auto de libertad de Trujilo, que abandonó ayer por la tarde la cárcel de Morón, es breve pero no se anda por las ramas. Entre otras cosas dice que su encarcelamiento "no satisfacía el canon de proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad y subsidiariedad" requeridos por la ley.

Como en otros casos, en el de Trujillo hay indicios de criminalidad lo bastante convincentes como para prever razonablemente que puede acabar siendo condenado. Pero no es el comportamiento presuntamente delictivo del chófer lo que está en cuestión: lo que se discute es la utilización si no abusiva, sí demasiado severa por parte de la instructora de la prisión provisional. Alaya también la utilizó con el exconsejero Antonio Fernández, hoy en libertad tras haber reunido con ayuda de amigos y compañeros del Partido Socialista la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial tras corregir de nuevo a Alaya, que había decretado prisión sin fianza para el exconsejero de Trabajo andaluz.

Si la Audiencia optara por atender la petición de libertad sin fianza para Javier Guerrero, que sostiene que tampoco puede satisfacer el pago de los 150.000 euros que se le exigen para poder irse a casa, la juez Alaya sufriría un nuevo varapalo que, a su vez, erosionaría un poco más la solvencia de su controvertida instrucción.

No es improbable que Alaya haya caído en la trampa de su propia ambición judicial al intentar demostrar a toda costa que la corrupción detectada en el caso de los ERE no era más que la punta de un gigantesco iceberg, todo él fraudulento, ideado por los responsables políticos de la Junta de Andalucía para burlar la ley y otorgar discrecional y arbitrariamente dinero público a conocidos, amigos y familiares socialistas.

Desde luego, la tesis central de Alaya de que el procedimiento de concesión de los casi 700 millones de euros en ayudas durante diez años es ilegal no se ha visto suficientemente confirmada hasta ahora, y lo cierto es que la envergadura política de este caso pende en gran medida de esa frágil percha según la cual el pecado de la Junta no habría sido el de no vigilar ni controlar con rigor la concesión irregular de ayudas públicas, sino el mucho más grave de haber concebido un procedimiento para poder pecar ella misma a sus anchas.