Opinion · Al sur a la izquierda

Cambiar no la Constitución, sino de Constitución

Representantes políticos de media Cataluña que simulan serlo de Cataluña entera impulsan una ruptura del orden constitucional pactado 35 años atrás, mientras representantes políticos de media España que simulan serlo de España entera se comportan como si no pasara nada. La derecha española no se siente en la obligación de reflexionar en profundidad sobre lo que está pasando ni ve la necesidad dar paso alguno para la refundación de un pacto constitucional que materialmente está roto.

La ofensiva soberanista liderada por la derecha catalana, por una parte, y el descrédito y la mengua de legitimidad del Estado autonómico, por otra, aconsejan hacer algo al sur del Ebro para, por una parte, dar cauce institucional a las arriesgadas pero legítimas exigencias independentistas al norte del Ebro y para, por otra, ordenar, clarificar, delimitar y fortalecer, es decir, para constitucionalizar de una vez por todas el Estado de las autonomías convirtiéndolo formalmente en un Estado federal.

Naturalmente, tal cosa solo puede hacerse no ya cambiando la Constitución, sino cambiando de Constitución. Naturalmente también, tal cosa es inviable si no se cuenta con esos representantes políticos de media España que creen representar a España entera, del mismo modo que es inviable si no se cuenta con sus homólogos catalanes. Al convaleciente pero todavía no moribundo Partido Socialista le cabe, en este aspecto, si no el honor sí al menos el mérito de estar haciendo los deberes. O al menos de intentarlo.

Por encargo de la dirección federal, el PSOE andaluz ha articulado, a través de la Fundación Alfonso Perales y con la participación de experimentados militantes y solventes constitucionalistas, una propuesta federalista no sólo razonable sino bastante práctica. Los socialistas no llegan a proponer la celebración de consultas territoriales de autodeterminación, pero será difícil que no acaben haciéndolo de un modo u otro, ya sea autorizándolas o ya sea no prohibiéndolas, pues sin ese ingrediente será imposible que al menos media Cataluña y medio País Vasco no rechacen el nuevo pacto constitucional. Quienes no son partidarios de incluir tal derecho en una nueva Constitución se preguntan si puede ser viable un país donde existe el derecho a separarse de él, pero quienes son partidarios de incluirlo se preguntan a su vez si puede ser viable un país donde existe un número significativo de ciudadanos que quieren separarse de él pero no tienen cauce institucional para intentarlo siquiera.

El debate federalista que proponen los socialistas está siendo despreciado por los dirigentes del Partido Popular. No quieren ni hablar de ello. Por supuesto, no quieren una nueva Constitución, pero es que tampoco querían la actual, pues la Carta Magna del 78 se hizo no gracias a la derecha, sino a pesar de la derecha. Con la próxima que hagamos ocurrirá lo mismo: no sabemos cuándo la haremos, pero sí sabemos que dentro 30 años los que hoy la rechazan serán sus más acérrimos defensores y quienes con más fiereza sacralizarán el texto que ahora demonizan.

España necesita con cierta urgencia un Estado federal más nítido, firme, transparente y ordenado que el actual Estado de las autonomías. Eso no significa que con ello vaya a resolver sus tensiones territoriales de un día para otro: significa solo que por fin las va a reconocer, comprender y respetar. Porque sólo reconociéndolas, comprendiéndolas y respetándolas le será posible algún día resolverlas.