Opinion · Aquí no hay playa

Peñuelas, la residencia olvidada de la Gürtel

Mucho se ha hablado de la trama Gürtel. Sobresueldos, el Bigotes, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, volquetes de putas, decenas de imputados, los trajes de Camps, Francisco Correa, fraude fiscal, cuentas en Suiza, acoso a Ana Garrido, el SMS de Rajoy a Bárcenas, centenares de contratos municipales, financiación ilegal del PP en varias comunidades…

Prácticamente cada día de los últimos 8 años nos hemos ido enterando por la prensa de un nuevo escándalo; un mandatario del PP o un gran empresario involucrado en una trama -de la que aún no conocemos todas sus ramificaciones- que ha caracterizado a gran parte de los gobiernos municipales, autonómicos y estatales del Partido Popular.

Sin embargo, más allá de los grandes titulares, los dilatados procesos judiciales o las ingentes cantidades de dinero público despilfarrado -o incluso sustraído-, pocas veces se ha puesto la lupa en los efectos directos que ha tenido, y tiene, este modus operandi para la gente de a pie.

Hace unas semanas me reuní junto a Raúl Camargo, en calidad de diputado territorial de Arganzuela y encargado de Servicios Sociales respectivamente, con la Plataforma de Familiares de Residentes de la Residencia de Peñuelas. Nos contaron detalladamente las irregularidades y negligencias que se están produciendo en dicho centro de titularidad autonómica. Plagas de cucarachas, falta de atención a los usuarios, espacios sin refrigeración, inexistencia de PAIs como determinan los pliegos, barreras arquitectónicas, ausencia de plan de evacuación y un largo etcétera. Esta Plataforma ha interpuesto decenas de quejas, peticiones formales de información, solicitudes de reuniones con las autoridades competentes y lo único que han recibido ha sido un doloroso silencio administrativo cuando no bravuconas contestaciones negando la realidad que ven a diario.

Al enterarnos de la intolerable situación en la que se encuentran los 220 usuarios de la Residencia, nos pusimos a recopilar más datos y pensar la manera de introducir el tema en la Asamblea. ¡Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos, gracias a la fluida comunicación con Ahora Madrid, que la Residencia lleva operando desde 2011 sin licencia! Es más, existe un informe municipal que recomienda su cierre y clausura si no se alcanzan los requisitos mínimos exigidos para el normal funcionamiento de un centro de dichas características.

En paralelo a la infatigable y admirable tarea de denuncia de los familiares, activamos una pregunta al Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, para que explicara qué medidas iba a aplicar el gobierno regional para poner fin a los problemas de los residentes. Su respuesta demuestra el nivel político, profesional y moral que se gastan algunos por la Asamblea.

Tras este bochornoso espectáculo, haciendo de tripas corazón y conteniendo la rabia generada al ver el sufrimiento de los familiares, me acerqué al “señor” Izquierdo para intentar concertar una reunión de la Consejería con la Plataforma. Sorprendentemente, me encontré una negativa por su parte, una acusación de deslealtad institucional (sí, del mismo que acusa a Manuela Carmena de las cucarachas en un centro autonómico) y una sutil amenaza en relación a los centros municipales del barrio.

¿Y qué tiene que ver esto con la Gürtel?, os estaréis preguntando. Pues lo tiene y, por desgracia, mucho.

Ocurre que pese a que la Residencia de Peñuelas es de titularidad pública, la gestión es indirecta y en marzo de 2015 fue concedida a “Aralia Servicios Sanitarios”, propiedad de José Luis Ulibarri, imputado en la Gürtel y un muy buen amigo del Partido Popular. Sólo así se explican los 32 millones que recibió en subvenciones de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008 y los más de 25 centros que gestiona en toda España. Es más, la amistad de Ulibarri con el PP ha debido fortalecerse en los últimos meses porque entre octubre de 2014 y marzo de 2015 recibió las últimas 15 adjudicaciones. Eso, o que a algunos les entraron las prisas, porque sabían que se acababan sus tiempos de mayorías absolutas, y se apresuraron en firmar todo lo firmable para que sus amigotes hicieran negocio a la par que deterioraban los servicios públicos.

La corrupción no sólo habla de una red de dinero negro, malversación de fondos y hombres engominados que se gastan en agitada vida nocturna el dinero de todos los contribuyentes; no se trata de una cuestión estrictamente ética; corrupción significa despilfarro, desmantelamiento de los servicios públicos y gestión deficiente. Hay quienes olvidan que han sido elegidos para gestionar lo público, y utilizan su posición para que los golfos como ellos hagan negocio a costa del bienestar de la ciudadanía. Por cada Gürtel o Púnica quedan escuelas y hospitales sin construir, docentes y personal sanitario sin contratar (o en condiciones precarias); por cada corrupto hay cientos de desempleados sin prestación y mayores que no reciben el trato que se merecen.