Atendiendo al exclusivo interés de los empresarios, el Gobierno puso sobre la mesa en febrero pasado un arma de destrucción masiva... del empleo. So pretexto de flexibilizar el mercado e incentivar las contrataciones, la reforma laboral decretada entonces redujo considerablemente las condiciones y el coste del despido en España. En caso de improcedencia, la indemnización pasó de 45 a 33 días por año trabajado, que se quedaron en 22 para cuando median circunstancias objetivas. Además, se abrió la mano a los despidos colectivos en aquellas empresas con tres trimestres consecutivos de reducción de ingresos (se traduzcan o no en pérdidas). Y los ERE quedaron exentos de la previa autorización administrativa, con grave quebranto para la tutela jurídica de los asalariados incursos en este tipo de procesos.

 
Como era previsible, la reforma laboral del Gobierno no ha contenido la sangría del paro. Antes al contrario, durante los dos trimestres completos que lleva vigente, se han destruido en nuestro país 113.000 empleos netos, a razón de 600 diarios. Ese destrozo obedece, en buena medida, al espectacular aumento de los ERE, que hasta agosto (últimos datos oficiales disponibles) habían crecido, respecto a 2011, casi un 70% en número y más del 50% en trabajadores afectados. De ahí que pueda decirse sin miedo al error que la reforma laboral ha sido aprovechada por los empresarios –al menos hasta el día de hoy– para aligerar sus plantillas con todas las facilidades y a un coste sustancialmente más bajo.

 
Por eso sólo puede responder a una preocupante inconsciencia o a un derroche de cinismo que Mariano Rajoy, cada vez que le preguntan por las dramáticas consecuencias de la reforma, diga sin inmutarse que se siente satisfecho. Y otro tanto ocurre con las patéticas declaraciones realizadas por las ministras de Trabajo y de Fomento a propósito del ERE que amenaza con dejar en la calle a 4.500 empleados de Iberia. Fátima Báñez y Ana Pastor se han rasgado las vestiduras en público por el brutal plan de despidos, como si el asidero legal de la compañía aérea para llevarlos a cabo no tuviera nada que ver con ellas. Como si Iberia no se estuviera limitando a utilizar –igual que miles de empresas desde febrero– la potente arma que el Gobierno ha puesto en sus manos.

 
Cosa distinta, por supuesto, es si a Iberia se le ha ido la mano o no, si condenar a 4.500 personas a las tinieblas del paro es imprescindible, si los sacrificios están equilibradamente repartidos, si su reestructuración constituye una garantía de viabilidad a largo plazo o se trata de un parche más, si la situación de la aerolínea trae causa sólo de la crisis del sector o tienen algo que ver en ella las condiciones de la fusión con British Airways. Pero hay algo que no admite duda: Iberia ha planteado ese ERE porque puede, y puede por culpa de la legislación impuesta por el Gobierno al que Fátima Báñez y Ana Pastor pertenecen.