La drástica dieta de adelgazamiento impuesta por Bruselas a los bancos nacionalizados se va a llevar por delante la mitad de sus oficinas, con el consiguiente ajuste laboral, que sólo en el caso de Bankia alcanzará a unos 6.000 trabajadores. Aunque el presidente de esta entidad, José Ignacio Goirigolzarri, se ha comprometido públicamente a atenuar en lo posible el impacto de la medida, es evidente que durante los próximos meses asistiremos a una avalancha de despidos. Y, además, sin las ventajosas condiciones que los afectados disfrutaban en los tiempos de bonanza e incluso en los primeros años de la crisis, cuando desprenderse de un empleado del sector costaba, por término medio, del orden de 250.000 euros. Ahora, ni la Unión Europea -que facilita el dinero para la restructuración- ni el Gobierno español -de quien dependen los bancos nacionalizados- permitirían repetir semejante dispendio.

Pero los trabajadores no serán los únicos damnificados por las exigencias de Bruselas a cambio del rescate bancario: también los accionistas y los titulares de participaciones preferentes se verán perjudicados gravemente. Estos últimos pueden perder hasta el 40% de su dinero, con independencia de que sean inversores institucionales o particulares y de que hubiesen sido advertidos o no del riesgo real que corrían cuando las suscribieron. Entre ellos, como se sabe, hay muchas personas que desconocían los entresijos de un producto financiero complejo y cuyo error fue confiar a pies juntillas en quienes se lo vendían. Que cometieron una fatal imprudencia es fácil decirlo ahora que todos estamos al cabo de la calle de lo que ocurrió con las preferentes. Sin embargo, ni aun así parece justo que, en el reparto de sacrificios, se dé el mismo trato a los pequeños ahorradores que a los profesionales que las suscribieron con plena conciencia de lo que hacían.

Dejando sentado esto, no cabe duda de que el escándalo de las preferentes ha sido una vacuna contra la ligereza que a veces demostramos los españoles al decidir en manos de quién ponemos nuestro dinero. Y también –por qué no decirlo– contra la codicia que nos empuja a creer que se pueden conseguir duros a cuatro pesetas sin incurrir en ningún riesgo.  Cosa distinta es que las entidades financieras hayan aprendido la lección y estén dispuestas a tratar en el futuro a su clientela con más lealtad y transparencia. Porque si algo ha demostrado esta crisis es que, ni en el peor escenario, la banca paga por los desmanes que comete, pues el Estado siempre acude presto a salvarla de sus consecuencias.