Los sobresueldos en dinero negro que recibieron durante años los dirigentes nacionales del PP –entre 5.000 y 15.000 euros mensuales– son una gota más en el vaso de la paciencia de los ciudadanos, colmado por los interminables escándalos de corrupción política. Aunque las revelaciones periodísticas sostienen que esa práctica terminó en 2008, tras la llegada de María Dolores de Cospedal a la secretaría general del partido, su descubrimiento ha tenido en la opinión pública el mismo efecto que se si estuviese llevando a cabo ahora mismo. Y es lógico, porque las peroratas sobre las nefastas consecuencias de vivir por encima de nuestras posibilidades se hacen insoportables cuando proceden de quienes no tuvieron reparos en llenarse los bolsillos cuando la ocasión les fue propicia.

Quedan aún muchas dudas por despejar, pero la más relevante quizás sea si Mariano Rajoy estaba al corriente de los sobresueldos, si no en calidad de perceptor, sí al menos como responsable máximo del PP entre 2004 y 2008. En todo caso, el actual presidente del Gobierno tiene muy difícil salir airoso de este trance: porque o sabía de su existencia y permitió que los sobres circularan por la sede de la calle Génova o no se enteraba de la misa la media, lo cual es todavía peor. Otro tanto cabe suponer de José María Aznar, que de momento no ha dicho esta boca es mía, como si la cosa no fuera con él, pese a ser de sobra conocido que desde 1990 –con la inestimable ayuda de Francisco Álvarez Cascos durante la mayor parte del tiempo– condujo el partido con mano de hierro.

Probablemente sea complicado establecer qué personas concretas recibieron los sobresueldos, aunque en estos casos siempre hay alguien que –por despecho o por cualquier otra razón– acaba rompiendo la ley del silencio. Pero en algo no tiene cabida la duda: el Gobierno está cuajado de veteranos dirigentes nacionales del PP, desde Ana Pastor a Ana Mato, pasando por Miguel Arias Cañete o Alberto Ruiz Gallardón. Y es lícito preguntarse si ellos, que tan severos son cuando se trata de apretar las tuercas a los ciudadanos, tampoco sabían nada o hicieron la vista gorda... o simplemente se limitaron a cobrar.

Ese Gobierno –sumido en la sospecha– tiene ahora menos autoridad moral que nunca para seguir exigiendo sacrificios a los demás, para asfixiar económicamente la enseñanza y la sanidad pública, para recortar las pensiones o convertir en papel mojado los derechos consagrados en la ley de Dependencia. Una autoridad moral, por cierto, que también brilla por su ausencia en la Comunidad de Madrid, donde el presidente regional, Ignacio González, se ha empeñado en imponer el euro por receta, que inflige un indudable quebranto a los más desfavorecidos, mientras él se compra un ático en Marbella por más de 125 millones de las antiguas pesetas.