En pleno fragor del caso Bárcenas –que está permitiendo conocer con nombres y apellidos quiénes eran, supuestamente, los que vivían en realidad por encima de nuestras posibilidades–, María Dolores de Cospedal se ha puesto la medalla de plusmarquista mundial de velocidad en la modalidad de recorte del déficit público. Según sus propias estimaciones, la comunidad que preside, Castilla-La Mancha, cerró 2012 con un desfase entre ingresos y gastos equivalente al 1,47% del PIB regional, porcentaje inferior en más de seis puntos al contabilizado un año antes y que se queda incluso por debajo del techo impuesto por el Gobierno. Como los palmeros de Cospedal se han apresurado a poner de manifiesto, no hay noticias –ni en España ni fuera de España– de una administración pública que haya conseguido enderezar sus cuentas tan drásticamente y en tan poco tiempo, aunque otra cosa distinta es el precio que los ciudadanos han debido pagar por ello.

 
Con la intransigencia propia de quienes van por la vida con las espaldas bien cubiertas, la presidenta de Castilla-La Mancha no ha tenido empacho alguno en meter la tijera a fondo, no ya en los gastos supérfluos y prescindibles –nadie en su sano juicio puede justificar el despilfarro–, sino en algunos servicios básicos. Sin que le tiemble el pulso, en el año y medio que lleva gobernando, Cospedal ha dejado en mantillas los presupuestos dedicados a sanidad, a educación y no digamos ya a la aplicación de la ley de la Dependencia, hacia la que el PP ha mostrado siempre un indisimulado desdén por haber sido obra de José Luis Rodríguez Zapatero. El ejemplo más reciente de los métodos empleados en la comunidad para achicar el déficit público es el polémico cierre de las urgencias nocturnas en 21 municipios, que ha puesto en pie de guerra a sus vecinos y no parece fácil que vaya a recibir el visto bueno de los tribunales de justicia ante los que ha sido recurrido.

 
Por otra parte, los dolorosos ajustes de Cospedal no han servido –al menos, a día de hoy– para lo que se supone que es su objetivo final: revertir el dramático proceso de destrucción de puestos de trabajo que padece España desde que estalló la actual crisis económica en 2007. A lo largo del año pasado, perdieron su ocupación casi 70.000 personas en Castilla-La Mancha y la tasa de paro pasó del 22,9 al 30%, hasta situarse cuatro puntos por encima de la media nacional. Un hecho, además, en el que influyeron directamente algunas decisiones de la Junta de Comunidades, como poner de patitas en la calle a 15.000 de sus empleados, cuyo único pecado era tener la condición de interinos. Cospedal –exactamente igual que el Gobierno de la nación–responde a estos datos incontestables que reducir el déficit público es la condición previa a la deseada recuperación, que acabará llegando; aunque nadie sea capaz todavía de aventurar cuándo.

 
Así pues, la plusmarca mundial batida por la presidenta de Castilla-La Mancha puede parecer muy meritoria a ella y a sus acólitos, que se han lanzado a humearla con el botafumeiro; pero está por ver que piensen igual los ciudadanos de la región, algunos de los cuales han entrado de lleno ya en el pozo de la miseria y que, en general, viven peor que hace un año.