Quién nos iba a decir hace cinco años, cuando en el horizonte despuntaban los primeros nubarrones sobre la economía, que un Gobierno socialista abriría el fuego, no contra los excesos del capitalismo, sino contra los fundamentos mismos de nuestro Estado social. Que un malhadado día de mayo de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero, presa del pánico ante la posible intervención de España, emprendería el camino de los recortes, haciendo que pagaran las consecuencias de la crisis los justos y no los pecadores.

Quién nos iba a decir que ese Gobierno, tan denostado por algunas de sus políticas de izquierda, acabaría liquidando las inversiones públicas, mermaría indiscriminadamente los sueldos de los funcionarios y metería la mano en el bolsillo de los pensionistas. Que, incapaz de soportar las presiones, pondría puente de plata a los empresarios para que limpiaran sus plantillas a precio de saldo, al bajar de golpe y porrazo las indemnizaciones por despido de 45 a 33 días por año trabajado.

Quién nos iba a decir que, hundido ese Gobierno pretendidamente progresista en su propio descrédito, regresaría ufana la derecha al poder con un programa preñado de promesas apaciguadoras, pero que no tenía ninguna intención de cumplir. Que Mariano Rajoy apenas encontraría oposición en su voladura premeditada de muchos derechos ciudadanos y en su propósito de que los poderosos no pierdan ni uno solo de sus privilegios, pese a haber contribuido tanto al advenimiento de la crisis.

Quién nos iba a decir que el PP, que antes demonizaba airadamente los impuestos, al recuperar el Gobierno subiría el IRPF y el IVA, so pretexto de que no podía a hacer otra cosa a la vista de la herencia recibida. Que, después de reclamar el voto de los jubilados con todo tipo de zalamerías, laminaría su poder adquisitivo por el expeditivo procedimiento de no acomodar las pensiones al curso de la inflación o de aumentar de forma considerable el coste de las medicinas.

Quién nos iba a decir que el PSOE y el PP cargarían sobre las espaldas de los contribuyentes los resultados de la pésima gestión de algunas entidades financieras, cuyo inconmensurable agujero estamos pagando entre todos. Y que, mientras tanto, esas mismas entidades, rescatadas a un alto precio por el Estado, seguirían sin abrir la mano del crédito y continuarían inconmovibles con sus prácticas de siempre, tratando a los usuarios con el ciego despotismo habitual, que tiene su máximo exponente en los desahucios.

Quién nos iba a decir, en fin, que cinco años y tantos sacrificios después la economía seguiría su imparable deterioro, que estaríamos al borde de los seis millones de parados, que las posibilidades de encontrar empleo a corto plazo serían prácticamente nulas, que los trabajadores ganaríamos menos, que viviríamos bajo la espada de Damocles de una desastrosa reforma laboral y que habría cada vez más dificultades para acceder en condiciones de igualdad a la enseñanza, a la sanidad e incluso a la justicia.

Si cuando todo esto empezó nos hubieran advertido de lo que nos esperaba, quizás hubiésemos saltado, como la rana a la que se echa de golpe a un caldero de agua hirviendo. Pero nos hemos ido acostumbrando a ir de mal en peor sin rechistar y, casi sin darnos cuenta, hemos dejado que nos cuezan a fuego lento.

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