A mediados de febrero, a instancias del Grupo Popular, la Asamblea de Madrid decidió personarse en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy contra ese impuesto encubierto que es el euro por receta. Ninguna de las tres formaciones políticas de la oposición –PSOE, IU y UPyD– apoyó la iniciativa. Tampoco lo hizo uno de los miembros de la mayoría, Francisco Granados, contrario a que pleitearan dos instituciones controladas por el PP y que a la hora de la verdad prefirió ausentarse del salón de plenos. El Grupo Popular le impuso una multa de seiscientos euros.

Pocos días después, los catorce diputados del PSC se negaron a votar contra sendas propuestas de resolución favorables a la consulta soberanista en Cataluña formuladas por CiU e ICV a raíz del debate sobre el estado de la nación. Era la primera vez que el PSC rompía la disciplina del Grupo Socialista en el Congreso, y aquello fue causa de un considerable escándalo. El asunto se zanjó con una multa –también de seiscientos euros– a los catorce diputados díscolos, entre las que figuraba Carme Chacón, que había hecho mutis por el foro, igual que Francisco Granados.

Estos son sólo dos muestras, aunque muy recientes, de cómo se comportan los grandes partidos con aquellos que se salen del carril, que no siguen las instrucciones o que votan en conciencia. Les trae completamente al fresco su condición de parlamentarios –cuando la tienen– y la autonomía política que el artículo 67 de la Constitución les concede. Los partidos actúan como si los escaños fueran suyos, no la materialización de un poder delegado de los ciudadanos, y utilizan métodos intimidatorios para imponer su voluntad. La multa es el más benévolo.

Ahora, esos mismos partidos han puesto el grito en el cielo por la coacción que supuestamente ejercen sobre la libertad de voto de los electos quienes participan en los escraches. Un tipo de protesta, por cierto, que no han traído a España las víctimas de los desahucios, sino que había utilizado antes, por ejemplo, la derecha radical –jaleada por su habitual coro mediático– para acosar a los profesionales de las clínicas donde se desarrollaba una práctica legal como el aborto. Por eso, los escraches podrán gustar más o menos, pero resultan de un cinismo insoportable algunas de las voces que se han alzado contra ellos.

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