Cuando ganó las últimas elecciones generales, Rajoy debió de pensar que la mayoría absoluta era un cheque en blanco para hacer durante cuatro años lo que le diera la gana. Y desde entonces se ha pasado por el forro, una tras otra, todas sus promesas: desde la bajada de impuestos hasta la preservación de los gastos sociales. Por eso, dieciocho meses después, puede decirse sin miedo al error que la campaña previa a la victoria del PP en 2011 fue uno de los mayores fraudes políticos de la reciente historia de España.

Durante este tiempo, amparándose en que Zapatero dejó el país peor de lo que se pensaba, el presidente del Gobierno ha subido el IVA y el IRPF para desengaño de sus tradicionales electores. Se ha liado a hachazos con los presupuestos de la enseñanza y de la sanidad públicas y ha condenado a la inanición económica a la ley de dependencia, como había pronosticado con razón la izquierda. Y ha dejado con un palmo de narices a quienes ingenuamente le creyeron cuando aseguró que no tenía la menor intención de socavar el poder adquisitivo de las pensiones.

El resultado de esas políticas es de sobra conocido: España superó en el primer trimestre de 2013 los 6.200.000 parados, después de que, desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, se hayan destruido más de un millón de puestos de trabajo. Buena parte de ellos, por cierto, debido a la catastrófica reforma laboral que entró en vigor en febrero del año pasado.

Como consecuencia de todo eso, Rajoy no sólo ha dilapidado una porción nada desdeñable de su base electoral, según coincidencia unánime de las encuestas. También se ha granjeado la desconfianza de muchos de los creadores de opinión  que tanto contribuyeron a llevarle al poder, aunque es verdad que sin un desbordante entusiasmo. Hoy sólo siguen dando la cara por él algún periódico incondicional, dirigido por su antiguo jefe de prensa, y aquellos tertulianos que no encuentran otra causa mejor que defender.

Los ciudadanos, mientras tanto, esperan preocupados cuál será la próxima ocurrencia de esa máquina de crear parados en que se ha convertido el Gobierno, que si algo parece haber perdido para siempre es precisamente su previsibilidad, justo lo que Rajoy criticaba a Zapatero. Sólo puede asegurarse que cada nueva medida, con bastante probabilidad, traerá motivos adicionales para el sufrimiento de un pueblo cuyas espaldas no pueden aguantar ya muchas cargas más.

El PP y su decreciente coro mediático lo saben, aunque no lo reconozcan, y de ahí la desmesurada respuesta que ofrecen a cualquier atisbo de protesta, a pesar de que los españoles nos hemos comportado hasta ahora, en general, como unas hermanitas de la caridad. La criminalización de los escraches, que hasta el presidente del Tribunal Supremo ha tenido que valorar en sus justos términos, y el linchamiento público de Ada Colau, por el gravísimo delito de liderar el movimiento antideshaucios, son pruebas incontestables de esa impostura de la derecha.

Hoy, todos volvemos a tener motivos para la zozobra porque se reúne el Consejo de Ministros y han anunciado un nuevo paquete de reformas. Nadie sabe cuáles en concreto, pero es lícito ponerse en lo peor. Según costumbre ya consolidada, las comunicará a mediodía la vicepresidenta. Habrá que esperar hasta entonces y, sea lo que sea, luego no vayamos a quejarnos en voz alta, porque como mínimo nos van a llamar antisistemas.

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