Opinion · Aquí no se fía

Una banca al servicio de quien la paga

Si algo refleja con palmaria claridad la inmensa tomadura de pelo que está siendo para el común de los ciudadanos esta crisis económica es lo ocurrido en España con la banca. Por culpa de una gestión insensata, animada las más de las veces por la codicia pura y dura, ha estado a punto de irse al garete un sistema financiero que pasaba por ser el más sólido del mundo. Y si no se ha ido es porque entre todos lo hemos evitado con una mansedumbre indescriptible y a costa de endeudarnos por Dios sabe cuántos años.

Del alto precio de esa generosidad –que no ha sido espontánea sino impuesta por los gobiernos, ahora el de Rajoy y antes el de Zapatero– es buena prueba el déficit público del año pasado. Pese a todos los sacrificios realizados por los españoles, su porcentaje sobre el PIB subió respecto a 2011 por culpa de los 40.000 millones del rescate de la banca. De poco sirvieron, pues, los recortes en sanidad, en educación, en dependencia o en pensiones y las subidas de impuestos, cuyo teórico objetivo era lograr una inaplazable consolidación fiscal.

A cambio de ese torrente de dinero, el Estado se ha quedado con las entidades que se hallaban en peor situación: Bankia, Catalunyacaixa, Novagalicia y Banco de Valencia. Pero no con el propósito de aprovechar la coyuntura para utilizarlas como elemento dinamizador de la economía. Todo lo contrario: la idea del Gobierno es sanearlas y quitárselas de encima cuanto antes, concediendo a los eventuales compradores las mayores facilidades posibles y gestionándolas mientras tanto como si fueran estrictamente privadas.

El último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por el Banco de España ofrece datos concluyentes a ese respecto. Las cuatro entidades nacionalizadas conceden apenas un 20% de los préstamos que se les solicitan, frente al 30% del conjunto del sector. Es decir que, en vez de contribuir al desbloqueo del crédito, principal obstáculo para la recuperación, lo único que hacen es poner las cosas todavía más difíciles para las empresas y entorpecer la creación de empleo.

También resulta irritante el comportamiento de algunas de ellas con los ciudadanos que más consideración deberían merecerles. Resulta intolerable que Bankia, por ejemplo, siga como si tal cosa con su política de desahucios o que Novagalicia se pase por el forro las justas demandas de las víctimas de sus preferentes. Con el capitalazo que esas entidades nos están costando, lo menos que podía hacer el Estado es exigir a sus gestores que no olviden quiénes les pagamos, para que no se nos quede cara de cornudos y encima apaleados.
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