Los neoliberales que anidan en el gobierno de la Comunidad de Madrid acaban de dar una nueva prueba de su falta absoluta se escrúpulos. No satisfechos con haber puesto pasta arriba la sanidad y la educación so pretexto de los recortes, ahora no han tenido otra ocurrencia que hacer la puñeta a los parados de larga duración. Al menos cuatro oficinas del servicio regional de empleo han recibido instrucciones muy precisas para dar preferencia a quienes cobran algún tipo de prestación cuando tengan una oferta. Lo cual equivale a postergar a aquellos parados que llevan más tiempo sin trabajo y cuyas posibilidades de reinserción en el mercado laboral resultan habitualmente más difíciles.

La Comunidad de Madrid ha explicado que se trata sólo de una experiencia piloto, cuyo objetivo es buscar mayor conexión con las necesidades de las empresas y, por eso, además de los perceptores del desempleo, tendrán prioridad la personas de hasta 45 años y que hayan hecho el bachilerato. Pero sin duda se trata de un argumento falaz, porque la inmensa mayoría de las veces, con crisis y sin crisis, la empresas contratan por su cuenta. Números cantan: según la Encuesta de Población Activa, sólo un 1,6% de las colocaciones fueron gestionadas el año pasado por los servicios públicos de empleo y el peso de las ETT ni siquiera llegó al 3%. Es decir que 96 de cada 100 parados que tuvieron la fortuna de dejar de serlo en 2012 no se beneficiaron de la labor de intermediación que tienen legalmente encomendadas esas entidades.

Para lo que sí sirven las oficinas de empleo es para canalizar con criterios sociales las ofertas de empleo que reciben, por pocas que sean. Desde hace al menos una década, entre dos perfiles iguales, los funcionarios tienen la obligación de favorecer a aquel que tropieza con mayores dificultades para su reinserción, que habitualmente es el que lleva más tiempo en paro. Este principio rige, además, con independencia de que la oferta provenga de un organismo público o de una empresa privada. De ahí la ruptura brutal que la "experiencia piloto" de la Comunidad de Madrid supone respecto de los criterios vigentes en el conjunto de España, seguramente inspirada sólo en razones de ahorro prespuestario, por más que sus precursores intenten negarlo.

De todas formas nada tiene de particular que un gobierno regional del PP tome una iniciativa como ésta, después de la escasa consideración demostrada por Rajoy hacia la durísima situación de los parados. Durante el año y medio que lleva en la Moncloa, el presidente ha reducido la prestación a partir de los seis meses, ha elevado la edad de acceso al subisio de mayores de 52 a 55 años y, en general, ha puesto requisitos más duros para obtener las ayudas. Todo ello en perfecta sintonía con la idea del ala neoliberal de su partido de que, transcurrido cierto tiempo, los desempleados se dedican a parasitar a la sociedad. Como si el millón de personas que al término de 2012 llevaban tres o más años en paro fueran una panda de vagos recalcitrantes sin interés ninguno en trabajar.

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