La inquietante privatización de la sanidad pública madrileña, rechazada por buena parte de la opinión pública, va camino de convertirse en un culebrón de padre y muy señor mío. Después del respiro que le dio el Tribunal Superior de Justicia en julio, al rechazar un recurso del PSOE, el proceso ha vuelto a encallar esta semana. Un magistrado de lo contencioso administrativo ha ordenado su inmediata paralización, al entender que los argumentos del Gobierno regional para emprenderlo no están suficientemente fundamentados.

Que la privatización obedece a razones ideológicas y no tiene justificación económica alguna es algo que sus detractores llevamos meses denunciando, tanto en los medios de comunicación como en la calle. La Consejería de Sanidad ha sido incapaz de poner sobre la mesa un solo dato que avale sus optimistas previsiones de ahorro, seguramente porque no existe. Salvo -claro está- que se produzca un más que probable empeoramiento del servicio.

La paralización del proceso ha sorprendido a las empresas adjudicatarias con un pie en los seis hospitales que estaban llamadas a gestionar. Y algunas de ellas, durante sus primeros contactos con los trabajadores, han puesto de manifiesto cuáles son sus intenciones, para que ya nadie pueda llamarse a engaño. Han llegado con el cuchillo entre los dientes, decididas a recortar gastos por donde sea, pues su objetivo no es otro que rentabilizar la inversión que han realizado.

Ayer se supo, por ejemplo, qué futuro espera a los trabajadores interinos y eventuales del hospital del Henares, ahora en manos de Sanitas. Sus nuevos interlocutores ya han anunciado que pretenden aumentarles la jornada, bajarles el sueldo alrededor de 300 euros mensuales y no pagarles más por los festivos. Y si no están de acuerdo, como son la parte más débil del personal, sólo les queda una opción: asumir el riesgo cierto de que los pongan de patitas en la calle.

No resulta difícil imaginar qué consecuencias puede tener eso. Al trabajar más horas y cobrar menos dinero, quiérase o no, perderán capacidad de entrega y motivación. O sea que habrá una inevitable merma de la calidad asistencial, por mucho que el Gobierno regional se empeñe en convencernos de lo contrario. Una calidad asistencial -dicho sea de paso- que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar, con mayor empeño incluso que el sacrosanto control del déficit.

Las suspensión dictada esta semana podría ser levantada, porque esa cosas pasan cuando anda por medio la justicia. Pero hay otros recursos contra la privatización de la sanidad madrileña que todavía tienen que sustanciarse y que son susceptibles de deparar alguna sorpresa. Agradable para los ciudadanos y desagradable para las empresas adjudicatarias, que deben de estar preguntándose quién demonios les ha mandado meter en semejante avispero la cabeza.

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