Aquí no se fía

Que paguen por las preferentes, caiga quien caiga

El tiempo está dando la razón a quienes barrutaban que el arbitraje de las preferentes y de otros productos de altísimo riesgo, como la deuda subordinada, no iba a ser un camino de rosas. El proceso se desarrolla con una lentitud mayor de la anunciada y —lo que es peor si cabe— buena parte de los damnificados se están quedando fuera, sin otra alternativa que acudir a los tribunales.

Las cifras recogidas anteayer por este periódico son apabullantes: hay 30.000 titulares de preferentes de Bankia y 44.000 de Novagalicia que no han pasado el filtro previo al arbitraje. Y a ellos se tendrán que sumar, más bien pronto que tarde, los que no reúnan las condiciones exigidas en el caso de la tercera entidad nacionalizada, Catalunya Banc, sobre la que no existen datos recientes.

Teniendo en cuenta que en Bankia quedan casi 30.000 solicitudes por resolver, el potencial de demandas ronda las cien mil, lo supone todo un reto para la justicia española, ya de por sí bastante colapsada. En consecuencia, quienes opten por esa vía no sólo tendrán que hacer acopio de dinero, sino también de paciencia, porque la solución definitiva tardará en llegar.

Lo único positivo es que los tribunales están fallando abrumadoramente a favor de los clientes: de las 625 sentencias dictadas hasta el pasado mes de julio, son favorables a ellos nada menos que 596. Lo que corrobora la sensación de que las preferentes fueron comercializadas con un desprecio absoluto a las buenas prácticas, cuando no con procedimientos que entraban de lleno en el engaño.

Por ello resulta cada vez más inconcebible que ninguna persona física haya tenido que responder todavía por este masivo fraude, que ha comprometido los ahorros de más de medio millón de familias en las tres entidades nacionalizadas. Y no me refieron sólo a los altos ejecutivos que lo planificaron y a los reguladores que lo consintieron, sino también a los directivos que desde las oficinas se convirtieron en cooperadores necesarios.

Lo que no puede ser es que, en el mejor de los casos, se devuelva el dinero defraudado y aquí paz y después gloria. Si hubo alguna infracción penal —y es muy probable que la hubiera—, debe caer sobre los culpables todo el peso de la ley; desde el primero hasta el último; caiga quien caiga. Porque si no es muy posible que esta lamentable historia se repita.

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