La desgravación por vivienda habitual es una de las más manoseadas de todo el sistema tributario español: treinta y cuatro veces ha sido objeto de modificación desde que entró en vigor en 1979. Exactamente, una por año. Y siempre con objeto de reducir su impacto recaudatorio, que ha ascendido en este tiempo a 85.000 millones de euros.

El último golpe se los asestó el Gobierno de Mariano Rajoy, que decidió suprimirla para las adquisiciones posteriores al 31 de diciembre de 2012. Desde entonces, se trata de una desgravación a extinguir, pero de la que siguen disfrutando a la hora de hacer su declaración de IRPF más de cinco millones de contribuyentes, la inmensa mayoría de clase media.

Cada uno de ellos se ahorra, como mucho, 1.356 euros anuales, que es el tope establecido por ley. Pero el coste total para las arcas públicas resulta notable: alrededor de 4.000 millones de euros; o sea, casi cuatro décimas del Producto Interior Bruto. Baste decir, por ejemplo, que el Impuesto sobre Patrimonio recaudaba la mitad.

Pues bien, con su incorregible afición a la tijera, parece que ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere cargarse la degravación, también para quienes compraron su casa antes del 1 de enero del presente año. Cosa, por cierto, que debe de llenar de satisfacción a la Comisión Europea, poseedor de una conocida antipatía hacia ella.

Su vicepresidente económico, Olli Rehn, la ha culpado en más de una ocasión de haber contribuido a hinchar la burbuja inmobiliaria en España. Y puede que fuera así cuando suponía un beneficio cuantioso; no tanto desde que se quedó en lo que es hoy, después de sufrir sucesivos hachazos.

Otros detractores de la desgravación sostienen que subvencionar a los que disponen de vivienda propia no es razonable en un momento en que se está recortando al gasto social. Y puede que tengan razón; pero no hay ninguna certeza de que, por quitarla, se vayan a atenuar unos recortes de marcado carácter ideológico.

Quienes defienden la desgravación apelan a los derechos adquiridos de las familias que se embarcaron en la compra de una casa cuando aún estaba vigente. Sin embargo, es poco probable que sus razones sean atendidas por un Gobierno que se los ha pasado por el forro, por ejemplo, con las primas a las energías renovables. Y que sólo se acuerda de la seguridad jurídica cuando se trata de exigírsela a la Argentina de Cristina Fernández o a la chavista Venezuela.

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