Aquí no se fía

No nos engañemos: la escalada del precio de la luz va a continuar

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo mecanismo para la fijación del precio de la electricidad, que sustituirá al vigente desde 2007, herido de muerte tras la subasta del pasado 19 de diciembre. Con el resultado de esa subasta en la mano, el recibo de la luz debería encarecerse nada menos que un 11% a partir de enero para los veinte millones de usuarios sujetos a la tarifa más común, la de último recurso (TUR). Pero el titular de Industria se negó en redondo a aceptarlo, denunció la existencia de manipulaciones en el proceso y anunció cambios para dotarlo de una mayor transparencia.

La diligencia del José Manuel Soria probablemente no hubiera sido tanta sin la concurrencia de dos circunstancias que ayudan a explicar su actuación en este caso. Primero, la creciente irritación de los consumidores, hartos de las reiteradas subidas de un servicio básico, cuyo coste es actualmente un 60% superior al que tenía antes del inicio de la crisis económica. Y, en segundo lugar, la arrogancia de las propias eléctricas, que desplegaron hace pocas semanas toda su artillería pesada contra él por no haber cumplido el compromiso de endosar al bolsillo de los contribuyentes el déficit tarifario de 2013.

Con la anulación de la subasta del 19 de diciembre, Soria ha intentado calmar a los soliviantados usuarios, pero también ha querido hacer una demostración de fuerza frente a unas empresas acostumbradas a campar a sus anchas. Las eléctricas son un poderoso oligopolio, al que ningún Gobierno se ha atrevido hasta ahora a meter en vereda por temor a su incuestionable capacidad de influencia. Gracias a ello, hay algunas (Iberdrola, Endesa) que, pese sus inagotables quejas en España, figuran entre las más prósperas de toda la Unión Europea, tanto por volumen de negocio como por beneficios.

Un dato ayuda a entender por qué en plena recesión les sigue yendo también a las eléctricas: sólo las subidas de la TUR les han permitido facturar 21.600 millones de euros más entre 2007 y 2013. Han compensado así, en buena medida, el retroceso de la actividad de sus grandes clientes, los que compran la electricidad en el mercado libre. Pero para los consumidores de a pie –las pequeñas empresas y las familias– ese sobrecoste ha supuesto un duro quebranto, coincidiendo además con una etapa de fuertes caídas en los niveles de consumo y de renta.

Que las cosas les vayan a ir mucho peor a las eléctricas con el nuevo mecanismo de fijación de precios es algo que está por ver. El Gobierno, para salvar la cara ante la opinión pública, atenuará algo las subidas futuras (alrededor del 3% en el primer trimestre de 2014); pero nadie nos va a librar de que la escalada continúe. Porque lo único que podría evitarla es una reforma en profundidad, que cambie las reglas del juego del acceso a este bien de primera necesidad, devenido artículo de lujo por la desidida de unos Gobiernos incapaces de plantar cara, en beneficio de los ciudadanos, a uno de los mayores lobbys de España.
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