Las ventajas concedidas a los empresarios por los últimos cambios del marco laboral –y, en particular, por la reforma de febrero de 2012– no sólo les han permitido aligerar brutalmente sus plantillas. También están sirviendo para recortar los salarios sin el menor miramiento, con frecuencia al margen de la negociación colectiva, ante el miedo general a las nuevas facilidades para el despido.

Además no es un fenómeno que remita: en el tercer trimestre de 2013, la masa salarial global –lo que cobran todos los trabajadores por cuenta ajena– ascendió en España a 111.545 millones de euros. Cifra inferior en un 3,5% a la del mismo periodo del año anterior y que la devuelve al nivel de 2005, según los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.

Es cierto que en ese retroceso influye la fuerte destrucción de empleo habida durante la crisis; pero si nos fijamos en los costes laborales unitarios, que descuentan tal efecto, la situación no es mejor. Hoy están en España un 20% por debajo de la media europea y, frente a nuestros principales competidores (Alemania, Francia, Italia), la diferencia puede llegar a ser aún más grande.

Como consecuencia de esa devaluación interna, las empresas españolas han obtenido ganancias de competitividad que explican en parte la mejora de las exportaciones en los últimos meses. Sin embargo, se trata de una competitividad basada en el precio y no tanto en la calidad de los bienes y servicios ofertados, que necesitaría inversiones imposibles con la pertinaz sequía del crédito.

Por otro lado, la caída de las rentas de los trabajadores ha corrido paralela a un aumento de las empresariales y del capital, hasta el punto de que en septiembre último casi igualaban su peso respecto al PIB. Algo que no es usual, pues en nuestro marco de referencia –la zona euro– los porcentajes que unas y otras representan sobre la riqueza nacional era en 2012 del 38,3% y del 50,4%, respectivamente.

Para mayor escarnio, el avance de las rentas no salariales no se está reflejando en un aumento proporcional de su contribución al sostenimiento del Estado. Antes bien, mientras que por las retenciones en las nóminas se habían recaudado hasta septiembre 50.000 millones, en línea con 2012, la aportación del impuesto de sociedades, por ejemplo, había sido de sólo 7.300, una tercera parte que ese año.

Dicho de otra manera: a los trabajadores no sólo se les exige que ganen menos con el pretexto de que es la única forma de salir de la crisis, sino que al mismo tiempo se les obliga a pagar más a Hacienda. Y, encima, los servicios que reciben a cambio van disminuyendo por culpa de la demonización que el PP hace de todo lo que huela a público, un día sí y otro también.

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