En otro ejercicio propagandístico, el Gobierno está intentado vender el nuevo sistema de fijación de los precios de la electricidad como una especie de ungüento mágico que aliviará nuestro lacerado cuerpo de consumidores. Sin embargo, está por ver que el procedimiento que José Manuel Soria y sus técnicos del Ministerio de Industria se acaban de sacar de la manga sirva para algo más que para volvernos a todos locos de remate.

Ya no habrá subastas trimestrales, como hasta ahora; sino que se aplicará el precio de mercado hora a hora, siempre –claro está– que el usuario disponga de un contador inteligente, cosa que ahora ocurre sólo en una tercera parte de los casos. El resto –catorce millones de empresas y hogares– pagarán conforme a la media del último o de los dos últimos meses, según cuál sea su periodo habitual de facturación.

El precio por horas tiene el inconveniente claro de la incertidumbre, porque en el futuro será imposible saber con antelación a cuánto asciende y hacer una planificación que permita optimizar el coste de esta energía. Quienes no disponen del contador adecuado también contarán con menos margen para tomar sus decisiones de consumo que mientras ha estado vigente la subasta trimestral, suprimida del golpe y porrazo por el Gobierno.

Uno de los argumentos que se han ofrecido para justificar el nuevo sistema es que el anterior no resultaba eficaz para evitar la manipulación ni las fuertes oscilaciones de precios de los últimos tiempos. Pero nadie puede asegurar que la volatilidad vaya a desaparecer, toda vez que las compañías suministradoras seguirán teniendo la posibilidad de generar más o menos electricidad a su conveniencia, amparándose en razones técnicas.

Otro aspecto que tampoco se resuelve es el enorme peso que tienen en la factura de la luz los llamados peajes; es decir, todos aquellos conceptos ajenos al consumo propiamente dicho. La distribución, las primas a las renovables, los impuestos... representan la mitad del importe del recibo, lo que ha dado pie a que los españoles paguemos la electricidad más cara de la Unión Europea, sólo superados por irlandeses y chipriotas.

Soltar lastre, trasladando algunos de esos conceptos a los Presupuestos Generales de Estado, es una demanda –particularmente intensa de los empresarios– que el Gobierno ha ignorado, pese a sus frecuentes soflamas en favor de la competitividad. Y no hablemos ya del déficit de tarifa, un monstruo que creó Rodrigo Rato cuando era vicepresidente y que el tiempo ha demostrado que sólo era pan para hoy y hambre para mañana.

En resumen, todas las ventajas de la enésima reforma de Rajoy en el mercado eléctrico están por demostrar, salvo una: el Gobierno no tendrá que afrontar cada trimestre el coste político de anunciar nuevas subidas. Que quizás fuera lo único que se buscaba.
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