Aquí no se fía

La reforma laboral que nos merecemos

El Tribunal Constitucional ha dado su bendición a dos de los aspectos más controvertidos de la catastrófica reforma laboral de febrero de 2012, que se saldó con la destrucción de 800.000 puestos de trabajo sólo en su primer año de vigencia. Los magistrados tendrán que volver sobre el asunto más adelante, pues todavía están pendientes de resolver un recurso del PSOE e IU y alguna que otra cuestión de inconstitucionalidad. Pero es altamente improbable que la reforma sufra daños serios, pues no en vano el Tribunal cuenta con una mayoría afín al PP, y su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, figura entre los inspiradores de la reforma.

Los dos aspectos afectados por este primer pronunciamiento se refieren a la posibilidad de despedir sin indemnización después de un año de prueba y a la suspensión temporal de los convenios aunque no haya acuerdo con los trabajadores. El despido gratuito, incluso en caso de improcedencia, es una vieja reividicación de la patronal, que el Gobierno coló en el contrato de apoyo a los empredendores, so pretexto de facilitar el acceso de los jóvenes al empleo. Y el descuelgue de los convenios cuando la situación económica de la empresa lo aconseje, cualquiera que sea la opinión de los sindicatos, supone un duro golpe a la negociación colectiva.

Ambos aspectos son fiel reflejo del retroceso que la malhadada reforma laboral del PP ha entrañado para los derechos de los trabajadores, sin que a cambio haya servido, al menos a día de hoy, para atenuar el drama del paro. Tras dos años de aplicación a sangre y fuego, la destrucción de empleo continúa y si ahora hay menos colas en las oficinas del antiguo INEM es porque casi un millón de españoles e inmigrantes han tenido que marcharse al extranjero. Para ellos no han servido las supuestas bondades de la reforma pregonadas por el Gobierno y jaleadas por el coro mediático que tanto gusta de ver dispensadas a los demás las recetas liberales.

De todas formas, por encima de su constitucionalidad o no, la normativa aprobada en febrero de 2012 es, sobre todo, una varapalo que los españoles hemos aceptado prácticamente sin rechistar, con la mirada bobalicona de los borregos que van camino del matadero. Convencidos como estábamos de que lo único importante era conservar nuestro propio empleo, hemos aguantado carros y carretones; es decir, que cada vez haya menos trabajo, más precario y con peores sueldos. Eso es lo que hemos consentido a pesar de los esfuerzos de quienes advirtieron inútilmente de lo que iba a pasar, y eso es lo que la mayoría de nosotros nos merecemos.

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