Aquí no se fía

Copago en las autovías

La crisis económica ha convertido la construcción en un auténtico erial. Y no sólo por esa especie de purga que fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. También tienen mucho que ver en ello los drásticos recortes de la inversión pública, con la que los gobiernos se han cebado en estos años. La parálisis de la edificación ha sido espectacular, pero la de obras de infraestructura no le ha ido a la zaga. Miles de empresas y casi un millón de puestos de trabajo han desaparecido por su culpa.

Los grandes grupos del sector han tenido que buscar fuera las oportunidades que España no les ofrecía. Gracias a eso y a la búsqueda de nuevas actividades, hoy están más diversificados y son más internacionales. Pero no han renunciado al mercado local ni lo van a hacer mientras perciban alguna posibilidad de recuperar el terreno perdido. Ya sea porque realmente mejore la coyuntura o porque los vientos de la política les soplen más favorables en este denso año electoral.

Hasta ahí nada que objetar, estando como estamos en una país de economía liberal, por más que la Constitución lo defina como "social y de derecho". Lo que tiene menos justificación es que para defender su negocio esos grandes grupos se descuelguen con ocurrencias como la que ha soltado esta misma semana la patronal Seopan. Julián Núñez, que la preside, ha propuesto que se cobre peaje en todas las autopistas y dedicar lo ingresado a financiar nuevas inversiones públicas.

Según sus cálculos, una tarifa blanda (entre 0,03 y 0,14 euros por kilómetro) podría proporcionar a la Administración más de 10.000 millones durante la próxima legislatura. Si tuviese el destino que Seopan propone, ese dinero ayudaría a crear alrededor de 250.000 empleos anuales en la construcción y en las industrias auxiliares. Luego, con el sistema ya rodado, la recaudación podría rondar los 7.000 millones en cada ejercicio y se generarían todavía más puestos de trabajo.

La idea, en el fondo, plantea la creación de una nueva figura tributaria indiferente al nivel de renta, que gravaría el uso de las vías de alta capacidad. Y que, como todos los impuestos indirectos, carecería de progresividad. De modo que el conductor de un modesto utilitario pagaría lo mismo que el de un coche de gran cilindrada. Salvo que se vaya a una carretera general, lo que es más injusto si cabe, teniendo en cuenta que la mayoría de las autovías se han hecho con dinero de todos.

Aunque la propuesta de Seopan habla de una subvención para atenuar el impacto sobre el transporte por carretera, lo cierto es que esta especie de copago no favorecería precisamente la competitividad. Un concepto que no se les cae de la boca a los empresarios siempre que vaya en beneficio de sus respectivos negocios y con independencia de la suerte que corran los demás.

Es verdad que Seopan no han inventado los peajes en España: hay más de 3.000 kilómetros de autovías que ya son de pago, lo que supone un 18% de la red. También es cierto que se trata de un sistema muy extendido, como puede comprobar cualquiera que viaje en coche por Europa. Pero hacer que de ello dependa el aumento de la inversión pública es injusto y peligroso, además de un parche que no parece inspirado por el sentido común, sino por la ansiedad.

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