Los trabajadores españoles seguramente tardaremos años en recuperarnos de los pavorosos efectos de ese arma de destrucción masiva del empleo que fue la reforma laboral del febrero de 2012. Aun cuando la izquierda tuviera ocasión de cumplir –y cumpliese– durante la próxima legislatura su reiterada promesa de derogarla, no será fácil que perdamos de vista la interminable estela que va dejando. No sólo se ha llevado por delante un millón de puestos de trabajo, sino que ha perpetrado tal desequilibrio en las relaciones laborales que hoy más que nunca son los empresarios los que tienen la sartén por el mango.

Así se explica el persistente deterioro que desde su aprobación se está produciendo en las condiciones de trabajo, cuya mejora a corto o incluso a medio plazo parece cada vez más una quimera. Se ha dicho reiteradamente, pero es que es verdad: antes de la crisis, los mileuristas daban pena; ahora, sin embargo, despiertan la envidia de mucha gente. Por no hablar de tantos y tantos jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral o de veteranos largo tiempo condenados al paro que estarían dispuestos a echar las horas que fueran con tal de obtener una ocupación, aunque no sea indefinida ni a jornada completa.

Ésa es la más devastadora consecuencia de la reforma impuesta por Mariano Rajoy en febrero de 2012: su devaluación del trabajo, que los españoles hoy pedimos prácticamente como un favor, porque no tenemos fuerza para exigirlo como un derecho. De ahí que los asalariados, pese a la recuperación que proclama el Gobierno, sigamos ganando cada vez menos y debamos hacer un esfuerzo mayor, si es que tenemos el privilegio de disfrutar de un empleo. Valgan para corroborarlo estos datos: el sueldo medio bajó en España de 2.020,13 a 1.991,84 euros durante los dos últimos años y, en cambio, el número mensual de horas efectivas de trabajo subió de 128,9 a 129,7 sólo en 2014.

La devaluación salarial, lógicamente, ha aligerado los costes de las empresas, que en España tienen una clara propensión a ganar competitividad por esa vía y no a base de invertir más. En ese sentido, pueden sentirse muy satisfechas con la nueva normativa, pues los costes laborales (que, además de los sueldos, incluyen la Seguridad Social) han subido aquí bastante menos que en los países de nuestro entorno. Un trabajador de la Unión Europea pasó de costar una media de 23,9 euros la hora en 2012 a 24,6 en 2014, mientras que en España la subida fue de 21,1 a 21,3; es decir, menos de una tercera parte.

Quizás a la empresas les siga pareciendo mucho, pero los trabajadores españoles les salimos relativamente baratos en comparación con el coste laboral por hora existente en Francia (34,6 euros), Alemania (31,4), Italia (28,3) e incluso el Reino Unido (22,3),y no digamos en Dinamarca (40,3), Bélgica (39,1) o Suecia (37,4). Naturalmente, las tuercas se podrían apretar más y de hecho hay quienes así lo han pedido abiertamente, sobre todo desde la gran patronal, donde las facilidades del Gobierno y el deliberado debilitamiento de los sindicatos han debido de abonar la idea de que todo el monte es orégano. 

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