El último informe del Tribunal de Cuentas sobre el llamado Plan E ha sido aprovechado una vez más por sus detractores para desacreditar las medidas de choque que adoptó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los dos primeros años de la crisis económica. Unas medidas tomadas quizás con demasiada precipitación, porque la fulminante hemorragia de empleo exigía actuar con rapidez; pero que ni fueron fruto de una ocurrencia, ni tuvieron tan exiguos efectos beneficiosos como algunos pretenden, ni cabe atribuirles en exclusiva el deterioro de las cuentas públicas que vino después.

- La conveniencia de hacer frente a la crisis con políticas expansivas fue admitida, tras la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, tanto por el G-20 como por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, con el beneplácito del FMI y de la OCDE. El Gobierno Federal estadounidense destinó a tal fin 755.000 millones de dólares y el Consejo Europeo, 200.000 millones de euros. En un momento en que el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, abogaba por "refundar el capitalismo", a la vista de los excesos cometidos en su nombre, las grandes instituciones internacionales consideraban inevitable frenar la crisis a base de movilizar dinero.

- Zapatero se sumó gustoso a esta oleada de keynesianismo poniendo en marcha, sucesivamente, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), el Fondo Especial del Estado para la Dinamizaciön de la Economía y el Empleo (FEDE) y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL). La dotación total de lo que genéricamente ha pasado a la historia como Plan E fue de 16.000 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB, por debajo del porcentaje acordado por los jefes de Estado y de Gobierno para el conjunto de la UE (1,7%) y no digamos ya del correspondiente a EEUU (5,4%).

- Como criterio general, esos recursos debían ser canalizados a través de las entidades locales, al objeto de favorecer una mejor distribución territorial, razón por la cual los ayuntamientos estaban llamados a desempeñar un papel clave. Prácticamente todos, con independencia de qué partido les gobernase, acudieron en tropel en demanda de un dinero que debían dedicar a nuevas inversiones generadoras de empleo sostenible. Pero no siempre fue así, porque la Administración central hizo gala de una inusual manga ancha con los proyectos que se le presentaban.

- De todas formas, el esfuerzo no resultó baldío, como hay quien interesadamente sostiene. Según datos del Ministerio de Hacienda, citados por el profesor Bellod Redondo en un meticuloso estudio obre la materia, el número de empleos comprometidos en aplicación del Plan E fue de 670.000, de los que una parte eran nuevas contrataciones y otra respondía a puestos que no llegaron a desaparecer gracias a las inversiones realizadas. Que no todo el empleo se mantuvo después, parece evidente. Pero que esa crítica la formulen los mismos que jalean una recuperación basada en el trabajo precario, en la temporalidad y los sueldos bajos, no deja de ser una broma macabra.

- Que las políticas expansivas de los años 2008 y 2009 no tienen la culpa del aumento posterior del déficit público y de la deuda, o la tiene sólo en una pequeña parte, es algo que avalan los números. Los 16.000 millones de euros invertidos explican, como mucho, un 14,75% del desfase entre ingresos y gastos del Estado entre 2008 y 2009, y apenas un 12% de sus necesidades financieras en aquellos años. Lo peor, además, estaba por venir, debido entre otras cosas a los efectos de las políticas de ajustes sobre la economía y el empleo, y a un rescate financiero que ha costado ya a todos los españoles casi cuatro veces más que el Plan E.

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