La pandemia ha servido para que los españoles tomemos conciencia de la extraordinaria calidad profesional y humana de nuestros trabajadores de la salud. Pero también para poner de relieve las indudables deficiencias de un sistema sanitario que dábamos por hecho que se encontraba entre los mejores del mundo. Médicos, enfermeros, auxiliares, conductores de ambulancia, celadores... están ofreciendo continuas pruebas de sus capacidades y de una valentía sin límites. Pero cada día que pasa queda claro también que la dotación de nuestros hospitales no da para mucho más que para ir tirando y que la toma de decisiones es manifiestamente mejorable.

No descubro nada nuevo si digo que el coronavirus ha pillado al mundo entero con la guardia baja y a algunos países con verdaderos irresponsables al mando. A pesar de las advertencias que se venían lanzando desde hace años, nadie estaba preparado para hacer frente a una enfermedad tan devastadora. Ni siquiera las naciones que más recursos se supone que dedican a prevención e investigación, cuya respuesta está siendo decepcionante. Por no hablar del comportamiento de líderes como Trump, Johnson o Bolsonaro, que han mostrado en esta crisis su perfil más grotesco y temerario.

En España, la COVID-19 ha llegado cuando la sanidad pública no se había recuperado del todo de las nefastas políticas de recortes, que alcanzaron todo su apogeo en 2013 y 2014. Esas políticas, de las que el PP ahora reniega, causaron un agujero inmenso y explican buena parte de las carencias que el sistema público aún arrastra hoy. Carencias de personal, de instalaciones y de equipamiento que la pandemia ha desvelado en toda su magnitud, aunque eran palpables desde hace mucho tiempo, por más que los culpables intentaran ocultarlas bajo un manto de silencio.

Esta enfermedad ha dejado en evidencia también las dificultades que entraña la unidad de acción en un sistema sanitario tan fragmentado como el nuestro. Un tercio de él está en manos privadas y no es tan sencillo ponerlo al servicio del interés general, ni siquiera contando con el notable poder coercitivo del Boletín Oficial del Estado. Además, los otros dos tercios no pertenecen a una sola entidad pública, sino a diecisiete, una por cada comunidad autónoma, con sus respectivos procedimientos e inercias. Coordinar eficazmente todo eso no es posible de un día para otro y menos aún con la premura que impone la crisis; sobre todo, cuando el coordinador es un cascarón prácticamente vacío, como el Ministerio de Sanidad.

Hay dirigentes autonómicos que tampoco están ayudando mucho al éxito de la empresa, sin entender que aquí no vale el sálvese quien pueda, que de esta catástrofe sólo saldremos medianamente bien parados si nos proponemos salir todos juntos. Lo mismo cabe decir de las formaciones políticas (y de los medios de la derecha) que se han lanzado en tromba a desgastar al Gobierno y que a veces dan la sensación de que celebran los errores de Pedro Sánchez como si fueran éxitos propios. Quizás porque creen, ingenuamente, que así saldrán mejor parados cuando llegue el momento de ajustar las cuentas.

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