Un amigo y prestigiosísimo jurista me explicó, al principio de los tres expedientes incoados al juez Garzón, que el de las escuchas telefónicas, que es el que se va a juzgar en primer lugar, era el más peligroso y conflictivo para el juez. No quiso pasar de ahí, por no conocer los contenidos del sumario.

Opinar, pues, resulta temerario para quienes tampoco conocemos los fundamentos del caso más que por las informaciones más o menos exactas de prensa, y en un asunto de dificultad extrema en la interpretación del Código Penal en el delito que se le imputa, que, como muy bien saben, es el de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas resoluciones injustas.

Deberíamos, por tanto, separar meridianamente este juicio de los otros dos que tiene el juez pendientes ante el mismo Tribunal Supremo por el mal llamado "investigación del franquismo", y por cohecho con cobros indebidos con motivo de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York.

Tampoco debería influirnos la enorme adhesión y agradecimiento que tiene Garzón por parte de una buena mayoría, creo, de los españoles por su lucha trascendental contra el terrorismo de ETA.

Ni dejarnos llevar por los comentarios inadecuados de quienes descalifican al juez por haber figurado en las listas del PSOE por Madrid. Esto sí que es inadmisible y desestabilizador. Garzón tenía todo el derecho a su aventura política, y a su regreso a su función de juez una vez acabada ésta. Como tantos jueces de uno y otro signo ideológico lo han hecho. Acusarlo de venganza es una ignominia de quien cometa tal acusación.

Así, solo se le puede enjuiciar, tanto por el tribunal como por los medios de comunicación, por sus actuaciones y decisiones en el asunto de las escuchas telefónicas a abogados con sus clientes en prisión autorizadas por él.

Con el asentimiento del Ministerio Fiscal, cuestión no baladí, aunque no imperativa para el tribunal. El Ministerio Fiscal representa al Estado y a nosotros ciudadanos. Claro que si, como siempre, las oscuras y sórdidas fuerzas comienzan por decir que el Fiscal está bajo la sumisión del Gobierno mal entendemos qué es la legalidad. Todos nos consideramos honestos en nuestra profesión, pero, por lo visto, el Ministerio Fiscal no lo es. Eso sí que es un ejercicio de deshonestidad.

También avaló las escuchas en instancia superior el juez Pedreira, instructor en la Audiencia del caso Gürtel, origen de este conflicto. A Pedreira todavía no lo han acusado de nada.

Es evidente, por tanto, que un delito como el de prevaricación que está sometido a contradicción y criterios diferentes no puede constituir tal figura delictiva.

Por otra parte, ¿qué interés podría tener Garzón en este asunto para dictar una resolución injusta que no fuera, con arreglo a su interpretación del Derecho, posibilitar el descubrimiento de irregularidades y delitos cometidos por los encarcelados y sus abogados, alguno de ellos imputado? Pudo equivocarse, lo que daría pie a los pertinentes recursos, pero no a una prevaricación.

No pensemos ni por un momento en la sombra de la duda política y la presión de algún partido político, como ustedes recordarán. El Tribunal Supremo tiene el mismo derecho que reclamamos para el Ministerio Fiscal, a que creamos en su objetividad en la interpretación de las normas y las pruebas. No creamos en este asunto, el menos politizado de los tres, en la vesania o prevaricación del propio Tribunal Supremo, ni en sus ansias de represalia por envidia.

Y por encima del Tribunal Supremo estará el Tribunal Constitucional y, en su día, el Tribunal de Estrasburgo, preocupación profesional máxima de nuestros magistrados.

Yo, por mi parte, creo que Garzón es inocente, y así lo deseo. Pero no me atrevo a vaticinar el resultado.