Resulta inconcebible que, ante un escándalo de esta magnitud, el Presidente del Gobierno no dé explicaciones personales, públicas e inmediatas. Se tenían que haber producido ya. Si no lo hace es o porque es culpable o porque confía en la degeneración moral de los españoles a la hora de exigir reclamaciones. Por supuesto que quienes apuesten porque no las dará, acertarán. Tenemos un presidente pusilánime, cualidad a añadir a la de mentir por norma, y a la de amparar a ultranza a personas, Camps, Matas, Bárcenas, que posteriormente le dejaron entredicho y ridículo.

Es más: ¿Alguien puede llegar a creer que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, conforme a sus facultades, podría llegar a imputar al Presidente del Gobierno ante una denuncia de algún partido, asociación o particular? Nadie. Ni siquiera ningún partido saltará como una pantera ante la gravedad del asunto, sino que, a lo sumo, se limitarán a corteses solicitudes de explicaciones, dentro del tortuoso camino parlamentario, que conducen a la esterilidad. Pero a lo menos a que tendrían derecho los españoles es a saber y pronto lo ocurrido.

¿Es mucho pedir conocer la lista de quienes tendrían cuentas en Suiza, catalanes incluidos? ¿Es mucho pedir que se sepa la lista íntegra de los directivos del PP que cobraron sobresueldos, quiénes, cuánto y cuándo? ¿Es verosímil creer que el Presidente no conocía las prácticas extrañas del gerente y tesorero de su partido, íntimo amigo además? ¿Es apropiado que dispusiera pagar la minuta del tal tesorero? ¿Es legal y no delictivo que una vez conocidas esas prácticas se limitase a ordenar su suspensión, sin exigir responsabilidades por lo ocurrido hasta la fecha? ¿Es posible que lo supiera y permitiera toda la cúpula, excepto el jefe? ¿Es normal que permita que el tesorero ya imputado y dado de baja en el partido continúe visitando asiduamente la sede y teniendo una sala reservada con toda su documentación que consultaba con total liberta y disposición? ¿Es aceptable que el ex tesorero mantenga al día de hoy coche oficial, despacho, teléfono y secretaria en la sede del PP?

El conflicto que ahora surge entre la Agencia Tributaria y la interpretación que pretenden dar Bárcenas y su abogado sobre la regularización de diez millones de euros, no individualmente sino a través de una sociedad, es consecuencia del ardid y chapuza que llevó a cabo el Gobierno con la llamada amnistía fiscal. Una gatera por donde se ha colado todo delincuente al que interesara, desde narcotraficantes a defraudadores, y tributando solo al 10%, una chapucería jurídica, una afrenta política en momentos de camino hacia la miseria en España. ¿Una Agencia Tributaria gobernada en franquicia por el Ministerio de Hacienda está libre de parcialidad?

Ya no es el daño que Bárcenas pueda causar, es el daño que el PP hace a España, es el daño que el señor Rajoy inflige a la democracia. El daño ya está hecho, fuesen o no exactas las acusaciones. No hay vuelta atrás, en un cruce de acusaciones y contraacusaciones. El único remedio es la guillotina política.