Hoy declara Luis Bárcenas ante el juez. Como saben sobradamente, hasta la saciedad, el sábado lo hizo Iñaki Urdangarin en el juzgado correspondiente.

En contra de la opinión de casi todos ustedes, creo que la justicia es el único poder del Estado que todavía no está desacreditado al completo. Es más, estimo que, con todos sus defectos, errores y carencias, actualmente es el exclusivo muro de carga que lo sostiene. Los políticos son tan incapaces que todo termina en los tribunales. Se dice sin razón que la justicia está politizada y los jueces son prevaricadores y receptores de instrucciones cuando tienen que sustanciar procesos que provengan de pendencias políticas. Nada más lejos de la realidad. Ya quisiéramos cada uno de nosotros ser tan honestos en nuestras actividades como la inmensa mayoría de los jueces.

Pero, en efecto, ahora la justicia está en serio riesgo de unirse al derrumbamiento de las instituciones del Estado, Monarquía incluida. Ya no el clamor popular, tantas veces populista, sino la lógica jurídica más estricta reclama que al señor Bárcenas le impongan, y ahora es el momento procesal, medidas cautelares adecuadas para que no pueda destruir (más) pruebas y también evitar el riesgo de fuga. La prisión preventiva sin fianza sería lo congruente, sin ánimos vindicativos ni sentencias adelantadas. Y la misma lógica interpretativa debe conducir a que, al menos, la Infanta Cristina sea llamada a declarar, como paso previo o no a su imputación y en su caso enjuiciamiento.

Si la justicia no resuelve racionalmente estas dos cuestiones, que pudieran parecer menores pero que son de capital preocupación social, se hundiría en el desprestigio teórico y práctico. Sobre estos dos jueces gravitaría la sospecha de su pusilanimidad profesional, y su miedo a enfrentarse con los demás poderes e instituciones del Estado. Se corre el riesgo de que la población opine como Berlusconi cuando ayer dijo que los jueces italianos son peores que la Mafia. No se trata de atender al rencor o al ansia incontrolada de castigo innata en la gran mayoría de ciudadanos, se trata de hacer vigente el viejo axioma del Derecho Romano ‘Dura lex, sed lex’. Y sería inconcebible que la Fiscalía del Estado no instase las dos medidas, decidiesen lo que posteriormente decidiesen los dos jueces.

Estas dos decisiones aclararán si la Monarquía está por encima del pueblo y de la justicia, y si el Partido Popular es un castillo inexpugnable en sus corrupciones. Por fortuna, contra las decisiones que tomen estos dos jueces, los perjudicados pueden recurrirlas en instancias superiores. España tiene una justicia garantista. Por eso también, los ciudadanos debemos aceptar lo que decidan los jueces en uno u otro sentido, sin caer en descalificaciones groseras. Las cosas no son como queremos que sean, sino como son en la realidad probada. Aunque nos parezcan evidentes. A mí me parecen evidentes y deseables las dos medidas señaladas sobre Luis Bárcenas y la Infanta Cristina. Pero no soy quien decide. Solo así, si los dos jueces lo razonan y exponen ampliamente para que los ciudadanos lo entiendan, España no terminará en el abismo político-social más absoluto.

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Gota AÑADIDA: También sería insólito que tampoco se citase como testigo o imputada a la ministra Ana Mato, aunque respetando su fuero como ministra ante el Tribunal Supremo y no en el juzgado competente para el asunto Gürtel.

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Gota SONROJANTE: Al final de la manifestación en Madrid del último sábado se produjeron disturbios en los que la policía detuvo a 45 personas, entre ellos varios menores. Se incautaron artefactos explosivos listos para ser utilizados; contenían sustancias, según la policía, que una vez que impregnan a la persona resulta muy difícil extinguir el fuego.