Opinion · Asaltar los Suelos

¿Por qué nos muelen a palos?

El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) es un organismo dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid encargado del fomento de la construcción de Viviendas de Protección con el objetivo de garantizar el acceso a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social, como los jóvenes o las personas con una renta económica especialmente baja.

Sin embargo, este organismo público ha vendido un total de 2935 viviendas al Fondo de Inversión Goldman Sachs-Azora. Esta venta por parte del IVIMA supondrá un ingreso de 201 millones de euros. Se podría decir que venderá cada una de esas viviendas por cerca 68.000 euros.

Estas viviendas ya habían sido adjudicadas a sus inquilinos, que pagan un alquiler de entre 300 y 500€ mensuales y tienen derecho a comprarlas entre el quinto y séptimo año de alquiler. ¿Qué pasará con este derecho tras la venta de estas viviendas? El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la CAM, Pablo Clavero, declaró con respecto a la venta de estas viviendas que “hemos creado un clima de seguridad jurídica, respetando la libertad de los propietarios a utilizarlos como deseen”. Esto quiere decir que Goldman Sachs-Azora será quien decida el futuro de los inquilinos: prórroga del alquiler, no prorrogarlo o venderles la casa al precio establecido, que oscila entre los 150.000 y 180.000 €.

Esta operación no supone solamente la vulneración del derecho de acceso a la vivienda de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social, para los que debería estar trabajando el IVIMA. Supone además un expolio de vivienda pública: vendemos por 68.000 € lo que, tres ingresar una renta mensual durante años, un fondo de inversión venderá por 150.000 € (como mínimo).

¿Qué se ha hecho ante esto?

A instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Público y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), decenas de afectados por esta venta presentaron un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar el proceso de privatización de esta vivienda pública. El recurso incluía la solicitud de medidas cautelares para suspender la enajenación de las viviendas públicas hasta que se resolviera el caso en los juzgados.

Personas afectadas por esta venta han interpuesto una queja a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por la “vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas”.

Incluso el Partido Socialista de Madrid quiere llevar esta operación a los tribunales, por la vía penal, al considerar que la CAM está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.

Como colofón a estas iniciativas este sábado 15 de febrero la PAH, PAVPS y FRAVM convocaron una manifestación. Esta acción pacífica ha finalizado con la detención de una afectada, la agresión por parte de la policía a algunos de los testigos y la retención de una abogado y una activista de la PAH que fueron a asistir a la detenida.

No contento con intentar privatizar la Sanidad o la Educación, vendiéndosela a empresas de amigos, parece que el Gobierno de la CAM quiere hacer lo mismo con la poca vivienda pública de la que disponemos los y las madrileñas. Sin embargo, el ejemplo de la Sanidad ha demostrado cómo sí se puede luchar contra estas políticas y ganar. Aunque te muelan a palos, como le ha tocado al movimiento por la vivienda este sábado o en varios de los últimos desahucios que se han vivido en Madrid. La represión aumenta, parece ser que la legitimidad de reivindicaciones como esta es muy peligrosa.