En octubre del año pasado, un grupo de personas afectadas, apoyadas por la PAH, pusieron una denuncia contra la Unidad de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada por el Banco Santander y el BNP Paribás, en un 50% cada uno. Les acusaban de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos con sus hipotecas basura o "subprime". También por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal.

Quizás haya gente que se pregunta por la necesidad de llevar a cabo estas denuncias. Con explicar que detrás de cada desahucio hipotecario hay un banco, no se explica el problema en toda su magnitud. Uno de los grandes problemas es que la banca en este país ha organizado una gran estafa.

¿Por qué?

Durante los años del auge económico, la banca ha podido hacer todo lo que ha querido gracias, entre otras cosas,  a la liberalización del crédito. Se daban hipotecas sin importar su cantidad, a cuántos años y, lo más importante: si las personas a las que se les concedían podrían pagarlas.

De repente llegó la crisis, el paro aumentó y la gente no pudo pagar sus hipotecas. Los juzgados comenzaron a desahuciar familias, condenándolas a una deuda de por vida. La banca comenzó a acumular un stock de vivienda que se estaba devaluando y a entrar en quiebra por no ser capaz de quitárselo de encima. Para evitarlo, se las compramos con dinero público (SAREB) o directamente les rescatamos (NovaCaixaGalicia, CAM, Bankia, etc).

Como remate a esta situación, vendemos por 1.000 millones de € los bancos que hemos comprado por 9.000 (caso de NovaCaixaGalicia) o vendemos las viviendas que hemos comprado con la SAREB a Fondos Buitres a precio de saldo.

Hasta aquí, nada nuevo.

En todo este proceso, ¿Qué les ha pasado a los responsables de esta estafa?, ¿Se ha protegido de alguna manera a las familias desahuciadas? y ¿Dónde se han quedado los intereses públicos? Nada se ha hecho sobre estos tres interrogantes.

La organización de las personas afectadas es importante tanto para la paralización de los desahucios, como para llevar a cabo estas denuncias en las que se señale a los culpables de esta estafa, se les juzgue y se les castigue.

Hoy, cerca de 40 personad afectadas se suman a esa denuncia contra UCI, y otras 40 hacen lo mismo contra Credifimo, participada en un 100% por CaixaBank, por considerarla culpable de los mismos delitos.

Gracias a iniciativas como esta, está más cercano el día en que personas como Emilio Botín tendrán que sentarse en un banquillo para ser juzgadas; se habiliten mecanismos que garanticen el acceso a la vivienda y los recursos públicos no se utilicen para beneficiar a unos pocos.